PACHUCA.– Christian Saúl N, regidor con licencia en Pachuca acusado de agredir a dos policías municipales, solicitó el sobreseimiento parcial de su proceso penal; sin embargo, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH) negó suspender el procedimiento que se inició en su contra hace dos meses.
El caso del regidor capitalino, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quedó radicado en la causa penal 1245/2022, luego de que fue detenido la mañana del 1 de octubre tras golpear a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca, a quienes les reclamó la tardanza de 40 minutos para atender un accidente vial.
Para el 3 de octubre, el juez de control Luis Raúl González Becerra resolvió que el Ministerio Público (MP) de la Procuraduría de Hidalgo había presentado los datos de prueba suficientes que presumían la comisión de ilícitos y vinculó a Christian Saúl N por ultrajes a la autoridad y lesiones agravadas, también dictó un plazo de investigación complementaria de dos meses.
Te podría interesar
Debido a que en la primera semana de diciembre concluyó el tiempo en mención, el funcionario solicitó en audiencia que se llevó a cabo este jueves el sobreseimiento parcial de la causa, 1245/2022, informaron las autoridades procuradoras de justicia.
Específicamente solicitó no ser juzgado por el delito de lesiones, debido a que los policías Sergio del Moral Camacho y Diego Iván Isleño le otorgarían el perdón legal; sin embargo, la autoridad judicial negó dicha petición.
Te podría interesar
Por lo anterior, el procedimiento penal de Christian Saúl N está en la etapa intermedia, que “tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio”, de acuerdo con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Mientras que el Código Penal para el Estado de Hidalgo establece que comete el delito de lesiones el que causa a otro un daño en su salud y ultrajes ocurre cuando una persona agravia a una autoridad en el ejercicio de sus funciones, la pena de prisión va desde los tres meses hasta un año.
sjl