VERACRUZ, VER. - En Veracruz, cada ocho de marzo los distintos partidos políticos se pintan de violeta, pregonan discursos de respaldo hacia las mujeres y presumen paridad de género dentro de sus filas; sin embargo, feministas opinan que esos esfuerzos de poco sirven si en cada elección postulan a candidatos señalados de violencia de género, encubriendo, en consecuencia, a agresores.
En octubre del 2020, antes de que iniciara el proceso electoral 2021 en distintos estados del país, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo donde se establecían lineamientos para prevenir la violencia política contra las mujeres, así como los criterios que deberían de seguir los partidos políticos para elegir a sus representantes.
La iniciativa se llama 3 de 3 Contra La violencia Hacia Las Mujeres y fue presentada por diferentes grupos feministas y organizaciones civiles de todo el país. Entre los lineamientos, se acordó que los partidos debían de solicitar a las y los aspirantes de las candidaturas un formato donde manifestaban no ser señalados como agresores sexuales, de violencia de género y deudores de pensión alimenticia.
Te podría interesar
En Veracruz, esta iniciativa fue recibida en noviembre de 2020 por el Organismo Público Local Electoral (Ople), y fue la Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz, quien se comprometió a trabajar en beneficio de los derechos de las mujeres.
Mónica Mendoza Madrigal, integrante del Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, fue una de esas activistas y académicas que impulsaron dicha propuesta, la cual, dijo, fue refrendada por todos los dirigentes de partidos políticos, quienes se comprometieron a seguir cada uno de los lineamientos.
Te podría interesar
Sin embargo, Mendoza Madrigal asegura que se presentaron distintos inconvenientes por la incapacidad operativa de los organismos públicos encargados de organizar las elecciones del 2021 en los estados del país, pues no validaron al 100 por ciento los registros de las candidaturas presentadas y tampoco verificaron que todos llevaran ese acuerdo.
“Ante esta incapacidad lo que se resolvió por parte del Consejo General del INE es que solamente el 30 por ciento del total de los registros de las candidaturas serían revisados al azar y eso fue terrible, porque no hubo una supervisión en la totalidad de los registros y se nos escaparon un montón que no presentaron y no cumplían con el acuerdo, pero como no fueron revisados, digamos que por esa parte se colaron”, explicó.
En abril del 2021, la colectiva Las Brujas del Mar expuso a 60 candidatos de diferentes partidos políticos que compitieron por un cargo de elección popular en el país y que fueron señalados por agresiones, acosos, violaciones y pornografía infantil.
De esa cifra, 11 fueron candidatos que participaron en las elecciones de Veracruz, cobijados por los partidos Morena, PAN, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Fuerza por México e independientes. La finalidad de esto, fue evidenciar el incumplimiento de los partidos políticos con el acuerdo 3 de 3 Contra La violencia Hacia Las Mujeres.
Las consecuencias de postular a candidatos señalados de agresión
De los candidatos que fueron señalados por las activistas, cuatro continuaron con su participación en la pasada contienda electoral, entre los que figura Marcos Isleño Andrade, del PVEM, hoy presidente municipal de Medellín de Bravo y que fue señalado por violencia física que ejerció en contra de una mujer a finales de 2003.
A él se suma Nicolás Ruiz Roset, quien consiguió ser candidato a la alcaldía de Minatitlán por el PAN y perdió contra su contrincante, la actual alcaldesa, Carmen Medel Palmar de la alianza Morena- PVEM- PT. El panista fue señalado por amenazas, tentativa de la privación física de la libertad y secuestro; José Antonio Chiunti del MC fue otro candidato acusado de tentativa de feminicidio, sustracción de menores y violencia familiar, él compitió por la alcaldía de Cosamaloapan, la cual perdió contra el morenista Gustavo Sentíes Hernández.
La lista la completa Martín Lagunes Heredia, de MC, candidato a la alcaldía de Manlio Fabio Altamirano y que perdió contra Ana Lilia Arrieta Gutiérrez de Morena. El candidato fue señalado de deudor alimenticio y denunciado por violencia política de género.
Todos ellos continuaron vigentes en el proceso electoral 2021 y compitieron por el cargo, pese a las acusaciones. Mónica Mendoza, señaló que uno de los impedimentos con los que esta iniciativa cuenta, es que solamente se le puedes impedir el registro a un aspirante siempre y cuando haya sentencia firme ante las autoridades correspondientes.
“La mayor parte de los casos no tienen denuncias y por supuesto no hay sentencias, entonces si nos vamos por las sentencias firmes, pues disminuimos mucho el margen de criterios formales que impidan las candidaturas, y toda la lógica de la 3 de 3 radica en la certeza de que un violentador o agresor o deudor con poder, lo único que va a hacer es encontrar el velo de impunidad perfecto para continuar con sus actos”, señaló la especialista.
Mónica Mendoza reiteró que, debido a que la iniciativa 3 de 3 Contra La violencia Hacia Las Mujeres es un acuerdo y no está en la ley, no se puede obligar a los partidos a cumplirla. En el país solo Yucatán y Aguascalientes ya la legislaron.
Veracruz segundo estado con más casos de violencia política de género
El estado de Veracruz ocupa el segundo lugar de las entidades del país con más casos registrados de violencia política en razón de género, según el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, con 35 casos. Al igual que posee el récord de más sanciones contra un político: el exalcalde de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, con 11 sanciones vigentes.
Otra de las instituciones que también registran un alto número de expedientes por violencia política es el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV), en lo que va del 2023 registró más de mil denuncias de este tipo, según la ahora magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz.
Aurora García, presidenta de Hagamos Algo A.C. e integrante de Las Defensoras de Derechos Políticos Electorales, considera grave que se tenga que esperar que un candidato llegue a tales grados de sanciones para que sea sancionado administrativamente o en este caso vetado por un corto periodo de tiempo.
“Se me hace muy absurdo que, pese a contar con estas acusaciones no se expulse del partido a esa persona o no se tomen medidas más drásticas, ya que obviamente estas personas solo van a estar vetada por cierto tiempo en los próximos procesos electorales, pero después pueden volver a participar. Este es el nivel de gravedad, porque la violencia política puede llegar hasta intento de feminicidio”, aseveró Aurora García.
Lo que se necesita, de acuerdo con la especialista, es que a las víctimas de violencia política se les consideren todos sus derechos, como justicia restaurativa, resarcimiento de daño y la no repetición, pues si esto se aplicara no habría tantas denuncias contra un mismo candidato.
Además de que se requiere que dentro de cada partido exista un área de defensoría de igualdad de derechos políticos electorales para apoyar a las mujeres militantes y simpatizantes de los partidos, algo que hasta el momento no se ha realizado.
“Los pocos partidos que han hecho esto, lo hicieron con un esfuerzo titánico. No está exactamente como una defensoría, sino que los hacen desde las oficinas de las mujeres o la cartera de igualdad, y a mi parecer no se le ha dado la importancia que debe de tener”, puntualizó la especialista
Aurora García y Mónica Mendoza, puntualizaron que los ciudadanos y especialistas deben de estar pendientes e investigar a los próximos candidatos que se presenten en las siguientes elecciones del 2024 para tener la certeza de que no se elija a un posible violentador.
mb