La Constitución lo establece como una obligación del Estado. La tecnología es una poderosa herramienta que puede facilitar su cumplimiento. Sin embargo, la pandemia ocasionada por el coronavirus —y el rezago de lustros que tiene el sistema educativo en los proyectos de educación virtual— dificultan seriamente que la educación gratuita, universal, inclusiva y de calidad esté al alcance de todas y todos los mexicanos.
El Gobierno de la República asumió la responsabilidad de no cancelar ni posponer el ciclo escolar 2020-2021. Para cumplir con la misión, decidió utilizar a la televisión abierta como uno de los pilares de la estrategia y desarrollar un modelo experimental que podría reportar grandes beneficios para el futuro. Sin embargo, se puede anticipar que los resultados en el corto plazo acentuarán las diferencias socioeconómicas y de oportunidades de nuestra población.
La nueva normalidad educativa será sumamente benéfica para un alto porcentaje los 30 millones de estudiantes del Sistema Educativo Nacional. De esto no hay duda. Tampoco de que serán millones quienes queden excluidos en el presente porque no tienen ni tendrán los recursos necesarios para acceder a los beneficios de la educación a distancia a los que también tienen derecho.
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Las autoridades educativas tienen algunas estimaciones de cuántos podrían ser las y los estudiantes afectados. Conocer el problema facilita, sin duda, los procesos de toma de decisiones. Pero no existen las condiciones para reducir la brecha que se ha abierto.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares de 2020 elaborada por el INEGI apunta que 92.5% de los hogares cuenta con al menos un televisor, 56.4% disponen de una conexión fija o móvil de Internet y tan solo el 44.3% dispone de computadora.
En contraste, la cruda realidad nos dice que, para que las y los estudiantes estén en posibilidad de cumplir con los objetivos de los planes de estudio, es indispensable lo siguiente:
1. Tener electricidad, una pantalla de televisión con antena digital y un dispositivo (con memoria RAM y en disco duro suficientes) para utilizar en forma eficaz los recursos didácticos que se requieren en esta nueva modalidad.
2. Contar con una señal de internet de banda ancha.
3. Disponer en casa de un espacio adecuado para trabajar, con el menor número de distracciones o interrupciones.
4. Contar con el apoyo confiable y oportuno de maestras, maestros y familiares ante cualquier duda o problema técnico que se pueda enfrentar.
5. Mantener la disciplina y atención que se requiere, sobre todo por la facilidad con la que se puede cambiar de canal, jugar en línea o tener otro tipo de actividades atractivas de entretenimiento.
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La mayoría sabemos de qué magnitud es la inversión inicial y mensual para lograr lo anterior. La tarea, por lo tanto, no será nada fácil para un país que ofrece la gratuidad en la educación con más de la mitad de su población viviendo en condiciones de pobreza.
Si a lo anterior agregamos que también se requiere una buena alimentación, salud mental, un espacio cómodo y digno para descansar y un ambiente familiar agradable y sin violencia, el número de alumnas y alumnos en desventaja crece en forma significativa durante la etapa del confinamiento y la sana distancia.
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha realizado diagnósticos detallados sobre los problemas que se está enfrentando el país. Sabe bien en dónde están los puntos de conflicto y también las áreas de oportunidad que ofrece el nuevo escenario.
Aún más. El sistema educativo cuenta con especialistas de amplia experiencia y reconocimiento internacional en todos los niveles para desarrollar los programas académicos y las técnicas que exigen los medios de educación a distancia. También tiene excelentes maestras y maestros, con capacidad, profesionalismo y vocación probada.
Sin embargo la falta de tiempo, de recursos económicos y la burocracia anquilosada en diversos espacios del sector educativo son los obstáculos principales para el cumplimiento cabal de la misión. Las buenas intenciones para atender primero a los pobres no alcanzan.
Por otra parte, también se deben considerar los problemas conceptuales, metodológicos, técnicos y de evaluación que se están presentando en Aprende en Casa II para producir los programas de televisión y los contenidos didácticos para satisfacer las necesidades de las alumnas y alumnos de todos los niveles en el modelo que recién se está creando.
Aunado a lo anterior, se presenta el reto de competir con la abundante oferta de entretenimiento que está a tan solo un click de los estudiantes, más aún si se considera que muchos programas son viejos y algunos de los nuevos no se han adaptado a las características técnicas, códigos y lenguajes que se han impuesto en los medios audiovisuales que tenemos en el nuevo ecosistema de comunicación.
La decisión de las autoridades de seguir adelante fue oportuna y audaz. Según parece, se ha comprendido que la comunicación educativa también es comunicación política. El enorme esfuerzo será insuficiente, claro. Pero entre esto o la postergación de las grandes decisiones —como se ha hecho en otros países— se asumieron con responsabilidad los riesgos que la decisión lleva consigo.
Lo que sigue es evaluar periódicamente las acciones que se están llevando a cabo y corregir sobre la marcha. En las actuales condiciones, sería inaceptable un incremento en la deserción o el incumplimiento de los objetivos académicos que establecen en los programas de estudio. Si logran superar los retos, se abrirán algunas áreas de oportunidad muy importantes para recuperar, al menos, una parte de lo mucho que está perdiendo la sociedad en el escenario multicrisis que estamos viviendo.
Recomendación editorial: Laura Alonso y Florentio Blázquez. El docente de educación virtual. Nercea Ediciones, 2016.