Dirigentes de partidos admitieron que el narcotráfico impone candidaturas a diversos puestos de elección popular en varios estados del país, en particular en la región de Tierra Caliente, que abarca porciones de los estados de México, Michoacán y Guerrero.
Aunque no precisaron casos, las fuentes dijeron a La Silla Rota que este modo de operar también se repite en algunos estados del norte del país.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo a La Silla Rota que él personalmente no ha recibido ningún caso de alguien que haya sido amenazado u obligado a dejar una candidatura en esa entidad.
Este jueves, el periodista Raymundo Riva Palacio reveló, en su columna de El Financiero, que Zudikey Rodríguez, candidata a alcaldesa de Valle de Bravo, en el Estado de México, fue secuestrada y amenazada por narcotraficantes para que dejara la candidatura.
De acuerdo con un reporte de la consultora Integralia, entre septiembre de 2020 –inicio del proceso electoral– y el 30 de abril de 2021, contabilizó 169 incidentes de violencia política en México, que dejaron 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales y el resto resultaron heridas.
Etelekt, también especializada en dar seguimiento a este tema, alertó apenas la semana pasada que en el país han ocurrido 476 acontecimientos catalogados como agresiones en contra de candidatos y políticos.
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Según Etelekt ocurrieron 79 homicidios contra políticos y candidatos, e incluye actos de maltrato físico y verbal. En total, suma, han sido agredidos 282 candidatos de 31 estados y 205 municipios de México. El estado con más casos es Veracruz con 45; le siguen Guerrero con 23; Oaxaca y Michoacán con veinte; Puebla 18.
Este viernes, el periódico Reforma informó que candidatos postulados en Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Tejupilco y Temascaltepec han recibido amenazas de grupos criminales que mantienen estos municipios bajo su mando, y que colindan con la zona de tierra caliente de Guerrero y Michoacán.
NARCOS ARMADOS EN ACTOS DE CAMPAÑA
El silencio de un pueblo en la sierra de Durango se rompió ante la llegada de una avioneta. Los pocos pasajeros que iban a bordo eran candidatos de un partido de oposición al entonces gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
“Lo que me sorprendió fue ver a hombres armados por todos lados. Debido a que el lugar donde se haría el mitin aún estaba sucio, integrantes de la campaña se dispusieron a barrer. Varios de los hombres, con pistolas al cinto, tomaron las escobas y ayudaron en la limpieza”, describe una persona que contendía por una diputación federal en 2018.
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De acuerdo con ese testimonio, supuestamente era el jefe de plaza de ese lugar era quien autorizaba llevar a cabo mítines en ese poblado donde la señal de celular se pierde y sólo hay comunicación satelital.
Otro testimonio de Chihuahua también refirió que en la zona serrana los grupos del narco que controlaban la región eran quienes daban el “permiso” y hasta tenían preferencia por un partido político, para el proceso electoral de 2018.
AÑEJOS ANTECEDENTES
En mayo de 2008, se denunciaron una serie de actividades que llevaban a la conclusión de que el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) daba “seguimiento” al Congreso, aunque la oposición pensó que en realidad era espionaje. El escándalo llevó a diputados y senadores del PRI y PRD a exigir la remoción del entonces director del organismo de inteligencia, Guillermo Valdés Castellanos.
En julio, en medio de la exigencia de su salida del CISEN, Valdés se reunió con periodistas extranjeros para explicarles que el Centro no se dedicaba al espionaje, sino que tenía otras labores más nobles.
Sin embargo, el Financial Times publicó que una de las revelaciones que les hizo Valdés fue que “el Congreso no está exento, no descartamos la posibilidad de que el dinero de las drogas se haya infiltrado en las campañas (de legisladores)”.
Derivado de ello senadores de todos los partidos opositores al entonces gobernante PAN exigieran que denunciara los nombres de esos legisladores supuestamente implicados. Quien era el presidente, Felipe Calderón, los ignoró.
MICHOACANAZO
El 26 de mayo del 2009 fueron detenidos de un solo golpe 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez en el estado de Michoacán por la Policía Federal Preventiva y el Ejército por presuntos vínculos con el crimen organizado. Finalmente, casi todos resultaron exonerados.
Hoy, de nueva cuenta, dirigentes partidistas señalan que el crimen organizado esta tomando decisiones en materia de designación de candidatos.