Con 12 años de servicio en el Ejército mexicano, Pablo era buzo, paracaidista y paramédico, se graduó como sargento segundo de Transmisiones.
Isaura de 44 años, segunda de cuatro hermanos, quien pide no revelar su nombre real, Pablo gozaba de buena salud cuando entro a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional, él pasó todos sus exámenes de condición física y psicológica de forma normal.
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Pablo formaba parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, unidad de élite en la que han recaído las operaciones estratégicas contra el crimen organizado desde 2006.
En 2014, durante un operativo en Reynosa, Tamaulipas, sufrió su primera crisis. En ese momento tenía 33 años.
Isaura comenta que ese día un mando la llamó informándole que Pablo se había puesto mal, que convulsionó y perdió el sentido un buen rato, me dijeron que un episodio de ansiedad.
Sin embargo, tras este episodio la salud de Pablo comenzó a deteriorarse y aunque él siguió laborando en el Ejército, sus visitas al psiquiátrico militar fueron constantes y con ello el uso de medicamentos se volvió parte de su vida.
De acuerdo con Isaura, los médicos de la Sedena le diagnosticaron trastorno cognitivo leve, y consideraron que lo inhabilitaba de forma total y permanente para el servicio militar, por ello en 2015 la secretaria inició su proceso de baja.
Ante esa situación, Pablo se inconformó a través de los canales internos y luego en un juicio de amparo contra el Estado, desafortunadamente Pablo perdió el juicio.
De acuerdo con Yasmín Rosales, asesora jurídica del soldado y especializada en asesorar a personas con discapacidad en el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) “alegamos inconstitucionalidad. No puede ser que haya una ley que dé de baja a personas sin beneficios. Tuviera o no una enfermedad congénita, ellos lo consideraron apto al ingresar”.
Para septiembre de 2018, el Ejército notifico de forma definitiva la baja de Pablo quien recibió una compensación 221 mil 328 pesos y sin prestaciones
La organización YoTambiém, quien dio a conocer la historia de Pablo tuvo un trágico desenlace, ya que en diciembre de 2020 se quitó la vida con una sobredosis con los medicamentos que tomaba para su padecimiento de trastorno.
El caso de Pablo fue llevado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas al considerar que el Estado mexicano vulneró sus derechos al trabajo, a la seguridad social y a la salud, y que las instancias internas no dieron un tratamiento adecuado.
SEDENA MAQUILLA DATOS
La historia de Pablo muestra una realidad de la que poco se habla y de la cual no había datos oficiales en México hasta ahora, la baja de miembros del Ejército y de la Marina a causa de alguna discapacidad adquirida en su trabajo son preocupantes.
Una de las causas del aumento en el retiro es una mayor presencia militar en labores de seguridad pública, en el contexto del combate al crimen organizado. Según datos de la Sedena, desde 2006 mil 717 militares resultaron heridos por enfrentamientos contra grupos del narcotráfico.
De 2006 a 2020, aumentó 115 por ciento el número de militares que fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas por alguna “incapacidad”, de acuerdo con la reglamentación de la dependencia. Las cifras pasaron de 2 mil 133 casos hace 14 años (mil 853 de Defensa y 280 de Marina) a 4 mil 589 el año pasado, que incluyen a mil 18 elementos cuyos casos fueron etiquetados como ‘actos fuera de servicio’, según información del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
De acuerdo con abogados especializados en asesorar a personal castrense sostienen que, desde 2006 tanto el Ejército como la Marina han buscado fórmulas -basadas en la ley- para no pagar pensiones vitalicias en los casos de retiro por discapacidad. Una de ellas es clasificar los padecimientos como congénitos o como “actos fuera de servicio”, a los que les corresponde solo una compensación y ninguna prestación posterior.
La propia ley del ISSFAM (que regula el retiro del personal castrense) contiene preceptos discriminatorios que vulneran tanto los derechos de las personas con discapacidad así como el derecho al trabajo, a la seguridad social y a la salud. “La legislación no toma en cuenta los estándares de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la que México es parte”, explicó Genaro Madrigal, integrante del IFDP.
Los abogados que conocen de cerca los juicios militares coinciden en que en los procesos de retiro por alguna discapacidad, suele salir más favorecido el Estado que los afectados. En 14 años solo 19 miembros del Ejército ganaron un juicio para obtener su haber de retiro y ninguno de la Secretaría de Marina.
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