PACHUCA.– Desde el 23 de noviembre de 2021, Katia Icela Vázquez Peralta no puede acercarse a su hijo de 10 años ni a su pequeña de 6 porque tiene medidas de restricción, además debe pagar pensión alimenticia y actualmente lucha por no ir a la cárcel porque su expareja la denunció por violencia familiar, un delito que asegura, no cometió.
“Temo por mi seguridad y por mi vida, él me sigue amenazando, acosando y continúa usando a mis hijos que son lo que más quiero solo para seguirme violentando”, relató Katia, la primera mamá que en Hidalgo logró iniciar la carpeta de investigación, 12-2022-10967, por el delito de violencia vicaria, que se ejerce sobre los hijos de una mujer para dañarla.
En Hidalgo hay al menos 50 historias similares a la de Katia Icela. Mujeres que viven en Tizayuca, Tula, Tulancingo y Villa de Tezontepec han integrado el Frente Nacional Mujeres (FNM), que es un colectivo para visibilizar sus casos y acompañar los procedimiento legales para recuperar a sus hijos.
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En México el concepto de violencia vicaria fue reconocido en las legislaciones a partir del 31 de marzo de 2022 y el pionero fue el estado de Zacatecas; desde entonces, 13 entidades se han sumado, incluyendo Hidalgo, donde las víctimas se inconformaron porque no fueron consultadas previo a las reformas avaladas el 2 de mayo.
Ejercer violencia a través de los hijos
El 17 de agosto de 2022, Katia fue vinculada a proceso por violencia familiar dentro de la causa penal 716/2022, radicada en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca.
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El procedimiento en su contra tiene antecedente en una denuncia que su expareja Enrique N, inició un día antes de la sustracción de los menores; es decir, el 22 de noviembre de 2021, según consta en el registro con Número Único de Caso 12-2021-13262 de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia.
Las denuncias contra las víctimas son una característica de violencia vicaria, incluso en 8 de cada 10 casos los agresores inician trámites legales en agravió de las madres de familia, según revelan datos del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.
Dicho procedimiento legal no es el único contra Katia, pues tiene uno más de guarda, custodia y pensión alimenticia radicado en el expediente 289/2022 que se encuentra en el Juzgado Trigésimo Quinto de lo Familiar en la Ciudad de México, donde actualmente habitan sus hijos.
Respecto a las denuncias, ella también inició una carpeta con número 12-2021-13422 por violencia familiar contra Enrique N, quien fue vinculado el 23 de agosto de 2022 bajo la causa 692/2022, toda vez que la jueza Johana Zamora Arteaga del juzgado de Pachuca, encontró datos de prueba que presuntamente apuntan a que él si agredía a Katia.
La vida antes de la sustracción
El 23 de noviembre de 2021 fue el último día que Katia vio a sus hijos antes de que el padre de los pequeños los sustrajera de una casa que habitaban en Zempoala.
Los hechos sucedieron hace un año, pero Katia narra que las agresiones verbales, físicas, sexuales y económicas que ejercía Enrique N, detonaron en el año 2019 y se agudizaron en la anualidad 2020 con el confinamiento por la pandemia de covid-19.
“Cuando llegó la pandemia se desató más la violencia que yo ya vivía. Todo por la falta de dinero, por estar encerrados (…) Él empezó a usar a mis hijos, se encerraba con ellos y no me dejaba atenderlos. La casa se convirtió en una cárcel para todos porque no me dejaba salir de mi recámara”.
Para octubre de 2021 comenzaron los trámites de divorcio, Katia se quedaría con la guarda y custodia de sus hijos porque así ya lo habían platicado, pero al momento de firmar, él no lo hizo.
“Empezó a agredirme más por el hecho de decir: me separo, ya no quiero nada contigo. En esos momentos de divorcio es cuando más ejercen presión”.
Un mes después, Enrique N separó a sus hijos de su mamá Katia el 23 de noviembre de 2021, la tarde de aquel día ella salió por algo de comer y él aprovecho para llevarse a los pequeños.
Katia teme que le dicten una sentencia condenatoria
Después de que Enrique N se llevó a los niños sin el consentimiento de su mamá, interpuso una denuncia por violencia familiar (NUC 12-2021-13262) cuyo caso fue judicializado en Hidalgo.
Actualmente Katia dice que lucha por no ir a la cárcel ante una posible fabricación de pruebas ya que este delito contempla de 1 a 6 años de prisión.
Katia explicó que previo a que dicho caso llegara a juzgados, Enrique la denunció 26 de abril de 2021 pero en aquella ocasión la carpeta no se judicializó porque el Ministerio Público detectó irregularidades en la querella, así es que el 21 de junio de 2022 resolvió que no ejercería ninguna acción penal, según consta en el expediente 12-2021-03917.
“Un agente del Ministerio Público me dijo: señora es claro lo que el señor quiere hacer con usted, quiere acabarla, aplastarla y esta mesa no se va a prestar para ser cómplice”, relató Katia.
De la resolución se desprende que Enrique acusó que los niños padecieron violencia física y psicológica al interior del domicilio que todos cohabitaban en Zempoala, pero no presentó pruebas.
“De los antecedentes de investigación no se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un delito y en específico el hecho que la ley señala como violencia familiar (…) en consecuencia al encontrarse el dicho del denunciante totalmente aislado, evidentemente no resulta suficiente para poder ejercitar acción penal contra la imputada”.
Sin embargo, esto no ocurrió en la segunda denuncia del 22 de noviembre, la cual mantiene a Katia sujeta a un proceso judicial en la causa 716/2022.
Un feminicidio emocional
Katia pensó que era la única mujer que estaba pasando por una situación así, hasta que se enteró que había otras madres con casos similares, observó que su asunto no era aislado.
A través de sus investigaciones y con el acercamiento a colectivas, se dio cuenta que era víctima de violencia vicaria, la cual precisó “atenta con lo más sagrado que son los hijos”, pues son usados como instrumento para violentar y controlar a una mujer.
“Es un feminicidio emocional porque no nos reponemos, el que hayan roto el vínculo con nuestros hijos nos va a costar mucho trabajo si los llegamos a recuperar, a veces cuando ellos ya sienten que perdieron la custodia o la batalla por los hijos, los asesinan, esa es la violencia vicaria”.
Casos de violencia vicaria en hidalgo
Al cierre del mes de octubre, el Frente Nacional Mujeres (FNM) en Hidalgo tenía contabilizados 50 casos de este tipo de violencia, de acuerdo con las estimaciones que proporcionó Katia.
Dicha cifra representa un incremento respecto a las 14 que registró la misma organización al corte del 11 de mayo, cuando se manifestaron en los juzgados familiares de Pachuca para exponer irregularidades en sus procedimientos judiciales en el marco del Día de la Lucha contra la Violencia Vicaria.
Es decir, en cinco meses, se acercaron al FNM 36 madres de familia oriundas de municipios de la metrópoli como Mineral de la Reforma, Pachuca, así como de Tizayuca, Tula, Tulancingo y Villa de Tezontepec.
Entre los casos figura el de Katia, pero también el de María del Carmen Barranco Escobedo que perdió la custodia de sus dos hijas luego de que su expareja Erik Octavio convenció a las niñas de 6 y 9 años para decir que la mamá las golpeaba, así es que sin previos dictámenes periciales la jueza Beatriz Nieto Velázquez de Tulancingo, se las quitó.
El ultimo día que María del Carmen vio a sus pequeñas fue el 27 de mayo de este año y desde entonces, no sabe si habitan en Tulancingo o si su padre se las llevó a la Ciudad de México. Tampoco las puede buscar porque tiene restricciones de acercarse.
Mientras que Gabriela Hernández Esparza lleva cinco años sin ver a su hija porque a su expareja le otorgaron la guarda y custodia provisional, a pesar de que él ya tenía denuncias por violencia.
Durante estos años, Christian N, el padre de la menor, demandó pensión alimenticia, así es que la madre de familia acumuló al cierre de octubre de 2022 un adeudo de 150 mil pesos, dinero que no puede pagar porque labora en una cocina económica donde percibe 900 semanales.
Los casos de Katia, María del Carmen y Gabriela ocurrieron en Hidalgo, pero a nivel nacional, el Frente Contra la Violencia Vicaria (FNCVV) documentó 2 mil 165 de mujeres víctimas en todo el país y halló que los lugares con mayor incidencia son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León.
Violencia vicaria, lento avance
El nombre de violencia vicaria fue acuñado en el año 2012 por la psicóloga Sonia Vaccaro y aunque ya tiene una década, en México el reconocimiento comenzó en 2022 luego de que Zacatecas aprobó tipificarlo como delito.
Actualmente, son 13 entidades del país que reconocen la violencia vicaria, entre ellos está Hidalgo debido a que el 2 de mayo los diputados locales la aprobaron como aquella que se ejerce sobre los hijos como venganza por parte de una pareja sentimental.
La reforma se incluyó en el apartado de "Violencia Familiar" del artículo 243 Bis del Código Penal de Hidalgo, situación con la que se inconformaron las víctimas, al señalar que el tipo penal se debió de establecer como delito exclusivo y no en el rubro familiar, así como contemplar penas sobre pérdida de patria protestad.
Al listado de las 13 entidades también se suma Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán.
sjl