Este mes el Caso Ayotzinapa se convirtió en un terreno de choque entre distintos grupos de poder: un sector está representado por la Comisión de la Verdad de Segob que trabajaba de la mano con la UEILCA, una unidad de la FGR creada para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, y la propia FGR que ha mostrado un repentino arrepentimiento sobre las órdenes de captura que había pedido y beneficiado a quienes son señalados por participar en la “Noche de Iguala”, entre ellos a miembros del Ejército.
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En reacción, vemos filtraciones de información reservada, descalificaciones, órdenes de aprehensión que son canceladas, comunicados y conferencias urgentes y pleitos que han derivado en amenazas, renuncias y denuncias penales.
Mientras esto ocurre, los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, siguen en busca de sus hijos.
Estos son los momentos necesarios para entender cómo llegamos a este enredo.
LA COMISIÓN PRESENTA SU INFORME
El 18 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo el gabinete, algunos padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y sus abogados de los Centro Prodh y Tlachinollan, escuchó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentar los resultados de la Comisión de la Verdad.
Apoyado por un power point, el subsecretario de Gobernación, habló de 3 grupos que habrían detenido a los estudiantes, y de los lugares donde habría que buscar. Presentó unas capturas de pantalla inéditas, que apoyaban su relato; información inédita.
El titular de la Fiscalía General de la República, en su turno, anunció que en las próximas horas habría acciones legales relevantes. Cuando mencionaron las cifras de militares involucrados, ambos dieron números distintos.
Al final, a las familias y a sus abogados les entregaron los libros del informe testado con sus ocho anexos.
EL “CRIMEN DE ESTADO”
Alejandro Encinas dio una conferencia de prensa en la que dijo, por primera vez, que no hay indicios de que estén vivos los estudiantes y que su desaparición fue un “crimen de Estado”, en el que participaron miembros de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano que estuvieron al tanto de los hechos, participaron en el crimen, fabricaron evidencias, torturaron personas, encubrieron o fabricaron hechos.
Mencionó que en el asesinato, además de criminales del grupo Guerreros Unidos, están involucrados policías municipales y estatales, así como personal del ejército, la marina y la PGR que estuvieron al tanto de los hechos desde el inicio y no lo previnieron, sino que participaron encubriendo y montando una verdad distinta.
El informe saltó a medios de comunicación porque tenía información sobre cómo fueron asesinados los estudiantes y la lista de funcionarios que habrían participado en la cadena de mando donde se inventó la “Verdad Histórica”; en esta aparecían los nombres del general Saavedra, quien había estado al frente de la 35 Zona Militar de la IX Región Militar con sede en Chilpancingo y de Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad Pública de la CDMX, que en 2014 era comisario de la Gendarmería de la Policía Federal.
LA CAPTURA DE MURILLO KARAM
El 19 de agosto, un día después del informe, en una maniobra inesperada la FGR detuvo al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam –a cargo de la PGR al momento de la desaparición de los 43 estudiantes y de la primera investigación llamada “verdad histórica”– acusándolo de los delitos de tortura, contra la administración de la justicia y desaparición forzada.
Sin embargo, en la audiencia inicial saltó a la vista que no estaba presente la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, que dirige Omar Gómez Trejo, quien fue secretario técnico del GIEI.
En su lugar había agentes de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos que no conocían la carpeta de investigación completa y no estaban preparados para llevar la audiencia, como lo recriminó el mismo juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia.
SE ANUNCIAN 83 ÓRDENES DE APREHENSIÓN
El 19 de agosto, la fiscalía de Gertz Manero anunció que se giraron 83 órdenes de aprehensión, 20 de estas contra mandos y tropa de los batallones 27 y 41 de Iguala, Guerrero.
Entre estos se ordenó la aprehensión del general José Rodríguez Pérez, quien en 2014 había sido comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, acusado de delincuencia organizada por supuestos vínculos con Guerreros Unidos, no por desaparición forzada; él se entregó a la justicia y señala que es inocente.
Un mando más es el capitán José Martínez Crespo, del mismo batallón de infantería, quien supo de los ataques e incluso estuvo presente en algunos escenarios del crimen aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. Crespo se encuentra en prisión desde noviembre del año pasado por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, su nueva orden de aprehensión es por el delito de desaparición forzada.
Bajo este mismo delito están vinculados el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, a quien también se le acusó de delincuencia organizada.
EL GIEI PIDE LAS PRUEBAS; LAS DESCONOCÍA
El 22 de agosto, tras cuatro días de silencio, el GIEI -el grupo de expertos internacionales promovido por la CIDH que desde 2015, y en intervalos, ha investigado de manera independiente el caso- informó en un comunicado que no tuvo acceso directo a los materiales de donde surgen “las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe”, ni a los peritajes.
Por ello solicitó acceso a las pruebas que sustenten el informe y a los dispositivos de donde se obtuvieron las capturas “y que esos elementos sean presentados a la fiscalía de inmediato”, porque al poder judicial y a los jueces les corresponde evaluarlas.
EL “CORONEL” MANDÓ MATAR A 6 NORMALISTAS
El 26 de agosto, el subsecretario Encinas presentó por segunda vez el Informe y soltó una bomba al implicar por primera vez al ejército con participación activa en la desaparición y homicidio de los estudiantes.
Reveló que el hoy general José Rodríguez Pérez dio la orden de asesinar a seis de los 43 estudiantes, quienes habían sido trasladados a un lugar conocido como “la bodega vieja”, donde cuatro días después de la noche del 26 de septiembre en que fueron desaparecidos, permanecían con vida.
“Hay la información, corroborada también, con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman la bodega vieja y de ahí fueron entregados al Coronel, como viene en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos”, reveló.
“Fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del ‘Coronel’, presuntamente el coronel José Rodríguez”, dijo en referencia al militar que en septiembre de 2014 era comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Según el Informe, el general estuvo en contacto con “El Chino”, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, quien presuntamente reportaba al coronel acerca del ataque contra los normalistas. Y anunció diversas órdenes de aprehensión.
En el informe se mencionaba también que algunos estudiantes pudieron haber sido enterrados en el 27 Batallón y que sufrieron muertes terribles.
ABSUELVEN A ABARCA
El 23 de septiembre, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ingresó en la FGR una denuncia contra Samuel Ventura Ramos, juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, quien lleva el caso Ayotzinapa.
Se le acusó de la “probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”. Aunque no en pocas ocasiones desde la conferencia mañanera las resoluciones del juez habían sido criticadas, la absolución de 24 personas a las que la FGR acusa de intento de homicidio contra uno de los jóvenes estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 (como parte de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa), fue el detonante de la denuncia. Además, por haber absuelto, el 14 de septiembre de 2022, al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca del delito de secuestro. Desde 2014 se difundió que la esposa de Abarca es hermana de los líderes de Guerreros Unidos en Iguala.
FILTRACIÓN DE CAPTURAS DE PANTALLA
El 24 de septiembre, la periodista Peniley Ramírez publicó en Grupo Reforma una columna titulada “Ayotzinapa, el encubrimiento”, acompañado de un hilo de Twitter con capturas originales y sin testar, del informe preliminar de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa.
En el hilo de Twitter, la periodista menciona que una fuente, que tenía acceso al informe, la buscó; y recuerda que el informe reconstruye los hechos a partir de lo que integrantes de grupos criminales, sus parejas, funcionarios del gobierno municipal de Iguala, sus familias y militares, hablaron por mensajes de texto y Whatsapp la noche del 26 y 27 de septiembre, y días más tarde.
En la versión testada del informe, tres son los apartados que permanecían prácticamente ocultos de la narrativa de los hechos:
- Órdenes de ejecución de los estudiantes
- Desaparición de los estudiantes (quemados y metidos en bolsas; arrojados al Río Balsas, al pozo de Pueblo Viejo, disueltos en ácidos, aventados a una mina -supuestamente en Carrizalillo)
- Limpieza de gobierno
Entre las revelaciones se señala que el 29 de septiembre, una persona a la que identifican como “A1” (presuntamente José Luis Abarca, alcalde de Iguala, aunque la familia Abarca señala que es el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre) dice que Enrique Peña Nieto mandó a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, a “dar una solución” al caso.
Y se reitera que el 30 de septiembre, cuatro días después de los hechos, “El Chino” le informa a “El Negro” que seis estudiantes aún están vivos y se encuentran en la Bodega Vieja (una bodega ubicada en Pueblo Viejo, en la colonia Guadalupe, a las afueras de Iguala). “El Negro” quedó de arreglar esa situación, pero más tarde, “el Coronel” le dice a “el Chino” que ellos se encargarán de “limpiar todo”.
Esta información ya había sido parcialmente descrita en el cuadro comparativo de la “verdad histórica” y la información actual, del informe, pero en la narrativa de los hechos aparecía testada. También la denuncia anónima al 089 que el 30 de septiembre, a las 21:11 horas, registró la Sedena; en ella se menciona que a los estudiantes los tienen en una bodega y se dan indicaciones de cómo llegar al lugar.
En otro momento, “El Tilo” menciona que cuando la “gente de México” va a limpiar “el cagadero”, se está pensando en sacar los restos de los estudiantes de los lugares en donde los habían depositado para llevarlos al batallón.
La periodista terminó el hilo de Twitter con dos capturas de pantalla sobre las órdenes de ejecución de los estudiantes:
“Mi papá estaba bien enojado y estaba diciendo: recuperen la mercancía y me chingan a todos a discreción”, le dijo Yaza (presuntamente la hija de José Luis Abarca) a su amiga Karen.
Mientras tanto, la hija de Abarca (Yazareth) recriminó con un tuit al subsecretario Encinas, en donde desconoció esos diálogos y lamentó “haber confiado” en él. Poco después dio de baja su cuenta de Twitter.