El 30 de mayo de 2002, el entonces subsecretario de Seguridad Pública capitalina (SSP), Raymundo Collins, renunció a su cargo luego de varios escándalos de corrupción y quejas por violaciones a los Derechos Humanos.
Collins: del Invi a jefe de la Policía en la ciudad
Abandonó el edificio de la calle Liverpool entre música de mariachis: “yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera (...) pero sigo siendo el rey”, entonaban los músicos mientras trabajadores sacaban hasta el último objeto de su oficina en el piso 11.
Seguiré con mi opinión de que se debe ser un mando de mano dura tanto con delincuentes como los policías, pero siempre dándoles el respaldo necesario”, expresó a reporteros esa tarde.
Hoy, Collins tiene un pie de regreso en la SSP local, pero como su titular. Su historial y personalidad lo hacen un personaje polémico con oscuro historial y que divide opiniones.
En 14 meses como subsecretario, “Sagitario” -indicativo que tenía en la dependencia- enfrentó acusaciones por presuntamente tener nexos con el Cártel de los Arellano Félix, asentados en Tepito en aquella época, y de tener en sus filas a policías señalados por tortura, como lo indica el expediente 121/22/CUAUH/D4547.
De igual forma fue blanco de amenazas de parte del narco y tras su salida del ámbito policial pasó por encabezar la operación de la Central de Abastos (Ceda) y el Instituto de la Vivienda local (Invi).
Desde que aterrizó como subsecretario, Collins tenía un currículum que rayaba en lo sospechoso: fue mando de la Policía Judicial Federal, en una época donde los Arellano Félix tenían identificaciones oficiales de esa corporación y eran escoltados por los agentes.
También por esos tiempos estaban adscritos a la ahora extinta Policía Judicial Federal personajes como Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, capo de los Beltrán Leyva.
Pero no todo es oscuridad en torno a “Sagitario”. De acuerdo con cifras oficiales de la SSP, en 14 meses entregó como resultado 45 mil 203 detenidos, la mayoría por narcomenudeo.
Asimismo, sus oficiales remitieron a 253 mil personas por faltas cívicas y un millón 650 mil infraccionados por Tránsito.
Que llegue él (Collins) va a ser bueno, porque entiendo que tiene ‘mano dura’, y ese orden es lo que le faltó a la Policía en los últimos años; es necesario que los policías volvamos a hacernos respetar con la delincuencia”, comentó un comandante que pidió permanecer anónimo.
Otras fuentes dentro de la SSP externaron que “Sagitario” podría traer a Javier González del Villar, otro exservidor público de esta dependencia, quien fuera encargado del área de Asuntos Internos.
González del Villar es un hombre que tuvo conflictos con Felipe Rosales Gamboa, hermano de Luis Rosales Gamboa, ahora encargado de despacho de la SSP y por años subsecretario de Operación Policial.
A Luis Rosales Gamboa, “Jefe Apolo”, se le señala como el auténtico controlador de la Policía capitalina y sus agentes, aunque también ha sido acusado de nepotismo y enriquecimiento.
González del Villar demandó a Felipe Rosales por amenazas y en caso de que llegue a la Policía local junto con Collins, la salida de “Jefe Apolo”, o al menos su debilitamiento, es una posibilidad.
Se presume que Collins es cercano Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno y próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con Andrés Manuel López Obrador, quien le dio la dirección y administración de la Central de Abastos de la Ciudad de México.
Incluso, de acuerdo con Hector de Mauleón en su columna "En Tercera Persona", cuando Collins fue señalado por criminales detenidos de proteger a narcomenudistas, Ebrard desestimó la acusación diciendo: "No podemos actuar con base en declaraciones o imputaciones que hacen delincuentes que están procesados".
Al frente de la Central de Abastos, detalla de Mauleón, las drogas llegaban a las bodegas en medio de frutas, flores y legumbres. Además, la venta de droga, el secuestro, robo y extorsión fueron actividades cotidianas, toleradas por el mismo Collins.
Al igual se presume que es cercano de Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno, quien le dio la titularidad del Invi.
Además, es ingeniero naval y también fue subdelegado metropolitano para la Procuraduría General de la República (PGR).
Salió de la SSP en medio de un escándalo por corrupción: 10 oficiales de un área bajo su mando fueron detenidos con 10 kilos de cocaína en Xochimilco, en julio de 2003.
En realidad, acorde con las pesquisas, los policías escoltaban un cargamento de droga del cual “desaparecieron” 30 kilos más, mucho más de lo que por delitos contra la salud incauta la corporación durante años.
Un operador del extinto Cártel de Neza -vinculado, de nuevo, a los Arellano Félix y a Tepito-, fue arrestado y se le halló un papel con el nombre de Raymundo Collins escrito.
La PGR reservó la indagatoria sobre las posibles ligas de Collins con el narco, e incluso se deslizó la hipótesis de que su nombre estaba, precisamente, en una lista negra de Delia Patricia Buendía “Ma Baker”, jefa de los de Neza.
Ahora, comenta otra fuente a La Silla Rota, un exfuncionario que coincidió con Collins en el gobierno capitalino y que habló a condición de no revelar su identidad, se cree que el nombramiento de “Sagitario” tiene como objetivo atenuar la crisis con el narcomenudeo y los asesinatos en la CDMX.
Lo traen para que negocie o erradique cacicazgos en el ámbito de la venta de droga; estos grupos, como la Unión, tienen ya un control desmedido y cada día vemos que los descuartizados y amenazas a las dependencias de seguridad son más frecuentes, por eso lo traen”, sostuvo.
Ante los amagos que presuntamente recibió del Cártel de Neza, en 2003, Collins respondió ante reporteros que le cuestionaron que si solicitaría escoltas tras no ser más subsecretario: “El que tenga miedo a los fantasmas que no salga de noche”.
EL PASO POR EL INVI
En julio de 2013, como titular del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México, Collins enfrentó protestas de beneficiarios del mismo, quienes acusaron corrupción para entregarles sus casas. Mientras vivían bajo un puente peatonal que se caía a pedazos y dentro de casas de lámina.
Ése era sólo una postal de las historias que a diario se escuchaban afuera del Instituto, entrampados en pugnas entre organizaciones sociales, constructoras y el propio Invi. Para Collins, muchas de las protestas eran de gente y operadores políticos vetados, que sólo se manifestaban para “demostrar fuerza”.
A su vez Claudio Ríos Torres, de Constructores y Consultores Pabellón, S.A. de C.V., alegó que dentro había extorsión para las constructoras, a quienes el instituto les exigía dinero. En su caso 10 millones de pesos para continuar con los contratos y el 10 por ciento de los mismos.
En esa época, el ingeniero mecánico de carrera detalló que estaban adheridas 724 organizaciones solicitantes de vivienda, y rechazó que las constructoras padecieran extorsión, además de que un constructor fue beneficiado con casi el 40% o más del total de proyectos en la anterior gestión, firma que incluso intentó cobrarle al Invi 84 millones de pesos en obra, pese a que no tenía contrato.
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