Opinión

¿Resultados en seis meses?

El presidente enfrentará grandes dificultades para cumplir su promesa de mejorar la seguridad pública en seis meses. | José Antonio Sosa Plata

  • 25/04/2019
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Al tiempo. El reto que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador de disminuir los índices de criminalidad en el país antes de que concluya el presente año es, casi, una misión imposible.

La situación que heredó de sexenios anteriores, el proceso que debe seguir la Guardia Nacional para consolidarse como institución y el incremento de los principales indicadores de violencia en el país le han colocado la vara muy alta.

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Si el objetivo es reducir la preocupación y el miedo que tiene la población, la estrategia del gobierno federal tendrá que confrontarse todos los días con la información de casos trágicos como el del pasado 19 de abril en Minatitlán. Lo mismo será con la de los miles de delitos del orden común que se cometen a diario. También con las estadísticas que se publican periódicamente en los medios de comunicación.

Por lo anterior, la batalla no solo será contra los criminales. Será contra la percepción que tiene una sociedad que se ha sentido agobiada, violentada y agraviada desde que el problema de la inseguridad escaló a un nivel de gravedad en el marco de la agenda nacional.

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Los especialistas en el tema dudan de la viabilidad del compromiso asumido por el presidente. Resaltan tres razones:

1.  La tendencia estadística de años anteriores indica que los homicidios aumentan en verano.

2.  La Guardia Nacional no va a estar lista en los próximos meses.

3.  Los programas sociales serán insuficientes para inhibir los delitos violentos en el corto plazo.

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Los cuestionamientos están directa o indirectamente relacionados con los ocho ejes principales de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Además, en los dos sexenios anteriores se demostró una y otra vez que el dramatismo de las historias reales de crimen y violencia terminan por imponerse a los números fríos que nos presentan las instituciones.

En teoría, el planteamiento estratégico del gobierno parece correcto. Sin embargo, será una labor cuesta arriba evitar o reducir el impacto de los errores tácticos, operativos y comunicacionales que se cometieron en el pasado. Y las conferencias de medios —con las confusiones y contradicciones en las que a veces incurre el presidente— no lograrán cambiar el humor social que hoy predomina.

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El cambio de actitud y de opinión en el tema de seguridad solo se logra cuando la percepción de la gente corresponde con la realidad. Está demostrado que ni las noticias ni la publicidad influyen tanto como la tranquilidad o el miedo que la gente siente día a día en el hogar, en la colonia, en el barrio, en el transporte público, en la escuela o al circular por las calles.

Pocos son los que han puesto en tela de juicio la buena intención del presidente. El problema de fondo no está aquí. Las dudas surgen porque los datos oficiales son preocupantes y no ceden. Recordemos que en el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se informa que, entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de 2019, los ministerios públicos de las 32 entidades federativas abrieron 10 mil 41 carpetas de investigación por el asesinato de 11 mil 714 personas.

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Los cuestionamientos también están justificados porque los cambios institucionales a fondo necesitan reducir la corrupción y la impunidad que se han enquistado dentro de ellas. Requieren capacitación y depuración de cuadros. Les hace falta un marco jurídico acorde con el nuevo contexto. Y esto no se puede lograr de un día para otro. El cambio de paradigma requiere, por tanto, de auténtica voluntad política y más tiempo del que ha ofrecido el presidente.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública avanza. El compromiso del presidente de dar los primeros resultados en seis meses está hecho. A partir de ahora, se tendrá que informar de los avances y resultados que se logren en cada uno de los ocho ejes que la conforman. Pero lo que resulta inevitable —ahora más que nunca— es replantear el modelo de comunicación del Gobierno de la República.

Está claro que el estilo personal de comunicar del presidente podría dejar de ser funcional si se termina imponiendo el peso abrumador de los indicadores estadísticos y de las historias de horror que hemos presenciado, como ya sucedió en el pasado. Las conferencias matutinas seguirán siendo importantes, pero no suficientes. Los spots y mensajes oficiales transmitidos por las redes sociales tendrán un bajo impacto en la sociedad.

¿Quién podría permanecer indiferente ante las muertes de niños, estudiantes, adultos mayores o personas inocentes que fueron víctimas colaterales de la violencia criminal? ¿Quién podrá sentirse tranquilo con mensajes tradicionales de los medios, luego del dolor de haber sido asaltado, secuestrado o atacado con violencia por el simple hecho de haber estado en el lugar equivocado? ¿Quién podrá aprobar la gestión del primer mandatario si la violencia le arrebató la vida de uno o más de sus seres queridos?

El plazo de seis meses para dar los primeros resultados es posible, pero poco probable.

Lee la opinión de un experto: Francisco Rivas. 2019 será un año difícil en materia de seguridad y justicia, Revista Expansión, en alianza con CNN, 31 de diciembre de 2018.

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