A casi siete meses de ocurridos los terremotos de septiembre de 2017, es posible hacer recuento de los procesos de reconstrucción en las distintas entidades federativas afectadas. Recordemos que además de la muerte de 471 personas, la vida de más de 12 millones de mexicanos resultó afectada.
La colaboración ciudadana inmediata y desinteresada facilitó la gestión de los gobiernos en los momentos de contingencia. Pero la reconstrucción es de largo plazo. Hoy, lo que interesa no solo es volver a la cotidianidad, sino mejorar los protocolos de seguridad ante emergencias, tomar previsiones de planeación urbana e invertir correctamente los recursos públicos y privados destinados a ello. Afortunadamente, los ciudadanos se mantienen pendientes de lo que las autoridades hacen al respecto.
Transparencia y rendición de cuentas
Se ha insistido en que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser ejes fundamentales para que la reconstrucción sea efectiva. Sin embargo, el estudio Reconstrucción 19S del CIDE arrojó que ambos requisitos faltan, que hay alto riesgo de captura de recursos y de que los afectados no reciban el apoyo a que tienen derecho.
Una vez más, la confianza en los gobiernos responsables se ve minada ante la falta de certeza. Por eso es fundamental que pongan a disposición información pública sobre cómo han cumplido con sus atribuciones para hacer llegar a las víctimas los apoyos, por ejemplo, para reparar o reconstruir sus viviendas. Pueden hacerlo respondiendo a las solicitudes de información que les planteen, o bien usando mecanismos de transparencia proactiva, contrataciones abiertas y gobierno abierto. El INAI propuso estas acciones desde los primeros momentos de crisis y se mantiene pendiente para asesorar a las instituciones públicas que lo requieran. También vela para garantizar el derecho a la información pública en asuntos relacionados con la reconstrucción.
#ContratacionesAbiertas para una #ReconstrucciónAbierta
Recurso de revisión a la CNBV
Muestra de ello es la resolución del recurso de revisión RRA 644/18. Se instruyó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hacer pública una orden de visita de investigación a las instalaciones del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI). Se trata de una investigación relacionada con la distribución de 773.7 millones de pesos provenientes del Fondo de Desastres Naturales a por lo menos 114,000 personas cuyas viviendas fueron dañadas. Recibieron tarjetas de débito de banda magnética.
En noviembre de 2017, el titular de BANSEFI presentó una denuncia ante la procuraduría general para investigar la posible clonación de algunas de estas tarjetas, lo cual alertó a la CNBV que inició también una investigación, así como a algunas organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que emprendió un ejercicio de contraloría social. La CNBV halló clonación de tarjetas y detectó diversas operaciones irregulares mediante las cuales 2,066,372 pesos fueron sustraídos ilegalmente. Por su parte, MCCI denunció casos en los que BANSEFI emitió varias tarjetas a nombre de un mismo beneficiario, pero solo una o ninguna había sido recibida.
La multiplicación de las tarjetas: Bansefi clona damnificados del terremoto
Este caso confirma la necesidad de llevar a cabo una #ReconstrucciónAbierta. Información pública, herramientas tecnológicas, voluntad de las autoridades y la colaboración ciudadana son la combinación por excelencia para monitorear, evaluar, calificar y denunciar cuando no haya claridad sobre el quehacer gubernamental y se perciba riesgo de corrupción o uso electorero de los recursos. Los terremotos de 2017 evidenciaron un cambio en la reacción de los mexicanos frente a las contingencias de alta magnitud. Experiencias internacionales demuestran que con apertura es más fácil avanzar la reconstrucción y evitar un mal manejo de los recursos.
Subsanar los daños de los terremotos es una labor de largo plazo, una #ReconstrucciónAbierta es la mejor opción para asegurar que los que sufrieron pérdidas recibirán la asistencia que necesitan; es también una vía para reconfigurar la relación entre población y autoridades de modo que ningún grupo político o económico en el país use el poder en detrimento del bien común.