El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue construido para responder a la demanda ciudadana de controlar la corrupción de una vez por todas. Se trata de un entramado complejo que debe ser implementado gradualmente, pero con avances firmes que apuntalen su éxito. En esto, la ciudadanía debe involucrarse. El SNA por sí mismo no será suficiente si no se da voz a los ciudadanos, porque son ellos quienes saben dónde están los espacios vulnerables a la corrupción y quiénes deben ser dotados de las herramientas necesarias para colaborar en su cierre. La ciudadanía debe conocer del sistema y apropiarse de él.
El CPC de SNA
Hace poco me preguntaron qué le recomendaría al presidente que resulte electo en 2018 para que el SNA funcione. Mi respuesta se refirió a lo anterior. Le diría: no tome ninguna decisión sin escuchar a todos los actores sociales e institucionales involucrados; sea prioridad de su gobierno una estrategia de comunicación y difusión del SNA; antes de modificar el diseño actual haga una consulta pública para identificar qué funciona y qué no. En suma, le diría que no haga nada sin los ciudadanos. En realidad, la ley obliga a lo anterior. Para eso se conformó el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA que está facultado para opinar y hacer propuestas para la política nacional anticorrupción (artículo 21, fracción VI de la Ley del SNA). Ya inició su construcción y debe incluir las voces expertas de la sociedad civil organizada, academia y otros públicos interesados, cuyas recomendaciones puntuales no se refieren a la totalidad del SNA, pero ayudaría a lograr resultados tangibles.
El ejemplo más reciente que viene a mi mente es el Índice de riesgos de corrupción de las contrataciones públicas federales que presentó recientemente el Instituto Mexicano para la Competencia. Este índice consiste en un esfuerzo admirable de procesar 700 mil procedimientos de contrataciones públicas federales realizados de 2012 a 2017, por mil 537 unidades compradoras. Este índice mide riesgos e identifica dónde hay prácticas adversas a la probidad y eficiencia del gasto federal, para derivar recomendaciones precisas para fortalecer la legislación y la gestión de las contrataciones públicas para reducir riesgos de corrupción. Las autoridades competentes pueden retroalimentar con el IMCO para orientar su toma de decisiones.
Otras prácticas anticorrupción
Otras prácticas para ayudar a incluir a la población aprovechan las nuevas tecnologías. En otros países, prácticas de este tipo han logrado resultados positivos. En la India existe una plataforma digital llamada I Paid a Bribe donde los ciudadanos pueden reportar anónimamente actos de corrupción. Los datos recopilados permiten identificar las áreas donde el problema está presente para divisar estrategias de prevención y se propicia el inicio de investigaciones y, en su caso, la sanción. Hasta ahora, varios policías han sido destituidos gracias a los reportes de la plataforma. Otro ejemplo es LittleSis, una plataforma digital que se describe a sí misma como “el Facebook involuntario del 1%”. Su objetivo es detectar los conflictos de interés en Estados Unidos a partir de los perfiles de políticos, empresarios y otros actores y los vínculos que existen entre ellos. El CPC podría considerar impulsar experiencias de este tipo para facilitar su interacción con la ciudadanía.
La participación ciudadana
La participación ciudadana es necesaria para controlar y prevenir la corrupción. Las experiencias que aquí menciono evidencian que cuando la gente se involucra, es más sencillo conseguir resultados positivos. Se trata de soluciones que complementarían los mecanismos ya considerados para el SNA, contribuirían a tener resultados tangibles y al avance gradual hacia un México sin corrupción ni impunidad.