Desde hace algunos días estamos viendo un crecimiento preocupante del lenguaje violento en las campañas. Si bien es cierto que la esencia de una contienda es la confrontación entre adversarios, también lo es que en democracia la conversación pública no puede enaltecer el discurso de odio o llevar a conflictos que desemboquen en la violencia física.
Las palabras son portadoras de poder. Pero este hecho irrefutable no justifica el abuso ni el potencial que tienen de llevar a situaciones que se salgan de control. En la historia hay innumerables ejemplos que muestran la relativa facilidad con las que el lenguaje puede manipular a diversos grupos de la sociedad, pero también que es el punto de partida de conflictos que provocan hasta la muerte.
Las acusaciones sin sustento, amenazas, ofensas, burlas, discriminaciones, insultos, humillaciones y descalificaciones no pueden ser la base de una narrativa de campaña. Tampoco se debe recurrir a este tipo de argumentos en respuesta a las circunstancias, hechos o declaraciones con los que no se está de acuerdo. La desesperación o incapacidad para argumentar no son pretexto para agredir. Mucho menos para tratar de ganar adeptos a partir de una falsa victimización.
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El discurso político es útil para promover la paz, el respeto, la solidaridad y la participación en proyectos que buscan el bien común. Sin embargo, la realidad demuestra además el peligro que representa para la polarización, la violencia y la guerra. La carga ideológica que acompaña a los actos de poder en el espacio público tiene el potencial de favorecer ambas tendencias, ya que mientras unas son solo persuasivas, otras marcan el inicio del abuso, la disuasión, la dominación, la coerción o la destrucción.
En un país que aspira a erradicar las prácticas autoritarias y corruptas no se puede permitir el lenguaje violento o irracional. La derrota del adversario es objetivo principal de un sistema plural y de contrapesos, cierto. Pero de ahí a que se busque su destrucción por haber fracasado o estar en desacuerdo resulta inaceptable. Las leyes marcan los límites. La ética tendría que ratificarlos en las conciencias de quienes luchan por el poder.
En tiempos de crisis, las sociedades merecen las mejores prácticas posibles en la conversación pública y las interacciones cotidianas entre ellas y los personajes de poder. El respeto, la responsabilidad y la seriedad son la base que debería dar sustento a las estrategias de comunicación política. Las campañas negras, el discurso de odio, la intolerancia y la violencia verbal se siguen dando porque no se ha podido —o no se ha querido— construir la cultura de debate que el país requiere.
México aspira a ser un país de libertades. La libertad de expresión, una de las más importantes, ha avanzado mucho durante los últimos 20 años. No obstante, los abusos y excesos que se están cometiendo en algunos de los mensajes noticiosos y propagandísticos de las Elecciones 2021 contravienen los principios que caracterizan a las campañas civilizadas, de calidad y de altura que espera y merece la ciudadanía. Van en contra del cumplimiento de uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
La violencia política en los procesos electorales debe estar muy alejada de nuestra cotidianidad. Pero la creciente inseguridad y la intervención de grupos criminales han hecho de las campañas un territorio de miedo, inseguridad y muerte. En cada elección crece el número de candidat@s asesinados, secuestrados o intimidados, a pesar de las acciones de protección que están llevando a cabo las autoridades federales. Por supuesto que este ambiente es un obstáculo grande para la democracia, pero también para la tranquilidad y la participación de la ciudadanía.
Si queremos cambiar el paradigma, todas y todos tenemos algo qué hacer. Personajes políticos, consultores, agencias de publicidad, medios de comunicación y plataformas de redes sociales debemos fijarnos objetivos y acciones concretas y viables para que no se sigan difundiendo las conductas violentas como si fueran normales. Promover la cultura de la violencia no es, bajo ninguna circunstancia, el camino a seguir.
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Está claro que la violencia y los conflictos “venden”. También que el sensacionalismo hace crecer el interés de las audiencias. Lo que no se puede permitir más es que la impunidad siga siendo el incentivo principal para los agresores. En la historia de la comunicación política moderna existen infinidad de ejemplos de que se puede luchar por el poder con los instrumentos y técnicas de la retórica y la persuasión.
Quien no encuentra más opción que actuar con violencia o incitando a la violencia, lo hace de manera ilegal, ilícita e ilegítima. Además, demuestra la incapacidad, desconocimiento o vileza de quienes solo les interesa el poder para beneficiarse, sin importar las necesidades y expectativas de la mayoría. Y así no se transforma ni se construye un auténtico estado de Derecho. Permitir la violencia, entonces, atenta contra la democracia y nuestro futuro como sociedad.
Para reducir la violencia verbal y sus efectos más lamentables y perversos, es necesario reformar la legislación. Como primer paso, por supuesto que parece lo más conveniente. Sin embargo, no es suficiente. Se requiere diseñar y promover una nueva cultura en donde la convivencia, el conflicto y la confrontación se resuelvan a través del diálogo y la comunicación persuasiva en todos los espacios posibles.
Al igual que debería suceder con el combate a la corrupción, “barriendo las escaleras de arriba hacia abajo”, se puede comenzar por cambiar el paradigma desde las más altas esferas del poder. El lenguaje que polariza; la aplicación selectiva de la justicia; la falta de contundencia en el combate al crimen organizado, incluyendo a las organizaciones que se entrometen en los procesos electorales; el minimizar o de plano ignorar las acciones violentas de algunos personajes políticos, más aún cuando se trata de los que son aliados, no son acciones que contribuyan al fortalecimiento de nuestra democracia.
Recomendación editorial: Sophie Baby, Oliver Compagnon y Eduardo González Calleja. Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Madrid, España, Editorial PodiPrint, 2009.