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Con más fuerza que nunca, Anaya ha ratificado su determinación de participar como candidato presidencial | Marco Antonio Adame

  • 07/03/2018
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Fuera de toda lógica democrática y con toda la capacidad de fuego a disposición de la estrategia del gobierno federal bajo la responsabilidad del presidente Peña; de su partido, liderado por un grupo facineroso; y del candidato Meade, convertido en mascarón de proa de esta ofensiva; durante los últimos días hemos visto cómo se despliegan uno a uno los ataques para tratar de aniquilar políticamente a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente y sacarlo de la contienda electoral con toda la fuerza del Estado, al servicio de el gran elector.

De manera sorprendente, con actuaciones inusitadas de instituciones fundamentales del Estado mexicano como la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Secretaria de Hacienda (SHCP) y el apoyo de una poderosa batería de medios de comunicación tierra-aire alineados a este objetivo, hemos visto y escuchado todo tipo de señalamientos orientados a desprestigiar, debilitar y enjuiciar a Ricardo Anaya.

Las acciones han sido tan burdas que el efecto buscado no solo no les ha resultado, sino que se les ha revertido. Sobre todo a partir de hechos como la difusión del video en la PGR, violentando toda norma y el debido proceso a los justiciables que pone en evidencia a la procuraduría como brazo armado de la estrategia del gobierno federal para perseguir y aniquilar a sus opositores.

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Para bien de la justicia y fortaleza del candidato presidencial del Frente, se ha extendido el repudio social de estas sucias maniobras y por todas lados se multiplican expresiones de solidaridad y apoyo que, como se ha visto en las mediciones publicadas hasta ahora, no solo no le han afectado en su aspiración presidencial, sino que ha mantenido la tendencia de crecimiento de las últimas semanas.

Independientemente del curso de estos episodios, por demás reprobables, lo importante es garantizar la buena marcha del proceso electoral, así como asegurar la calidad democrática de la elección, única vía admisible para resolver la sucesión presidencial y la renovación de los más de 3,500 cargos que estarán en las boletas electorales el próximo 1° de julio. Se trata de proteger el sistema democrático del país, los derechos políticos de los aspirantes, pero sobre todo los derechos sociales y políticos de los ciudadanos que tienen el derecho primario de gozar de las mejores condiciones para ejercer el voto y de elegir libremente entre los aspirantes, al margen de cualquier coacción o exclusión arbitraria como la que se pretende al tratar de inhabilitar políticamente a Ricardo Anaya para estar en la boleta.

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En respuesta a estas obscuras pretensiones por parte del régimen, el domingo pasado, liderazgos de las fuerzas políticas agrupadas en la coalición Por México al Frente y ciudadanos destacados en la lucha cívica, acompañamos a Ricardo Anaya a la conferencia de prensa donde fijó posición y dio un mensaje denunciando la persecución política, ratificando su compromiso de combate frontal a la corrupción, exigiendo al presidente Peña que saque las manos del proceso electoral. En lo que se refiere a las acusaciones, ya el mismo Ricardo Anaya ha dejado claro su disposición para que cualquier investigación con base legal se desarrolle; por cierto, con la misma celeridad con la que se le ha acusado.

La reacción del gobierno no se hizo esperar en voz del presidente del PRI, secundado más tarde por el candidato Meade. Se escuchó la consigna de marras, hecha instrucción a una procuraduría a su servicio para que no ceje en su intento de investigar y castigar a Ricardo Anaya. Mayor promiscuidad y perversión de las instituciones no se había visto.

Con más fuerza que nunca, Anaya ha ratificado su determinación de participar como candidato presidencial, de ir adelante con la propuesta de un gobierno de coalición que impulse un cambio de régimen que se deba y se funde en el estado de derecho; a luchar contra la corrupción con instituciones fuertes y autónomas y a acabar con la pobreza extrema que lastima a millones de mexicanos.

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