El Poder Judicial no funciona como “un apéndice” del Poder Ejecutivo, aunque a veces sea esa la interpretación que se hace de la relación entre ambos, así lo consideró María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, en entrevista con La Silla Rota.
En una charla sobre su más reciente libro Los pendientes de la Corte, la también politóloga aseguró que la argumentación del voto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al juicio a expresidentes, fue “un suceso lamentable”, que dio pie a decir que el Poder Judicial no actúa como independiente, sino como subordinado.
“A pesar de ello, no puede decirse de manera tajante que la Corte es codependiente ni mucho menos que es un apéndice del Ejecutivo.
“En México suele tenerse la tentación –la tuvo en numerosas ocasiones el hoy presidente [Andrés Manuel] López Obrador, cuando era oposición– de salir a gritar que la Corte está cooptada o vendida cuando decide algo que no nos parece”, afirmó.
La Silla Rota publicó, en diciembre, un reportaje sobre este tema, en el que expertos con diversos perfiles dejaron ver que las controversias constitucionales contra el gobierno federal han quedado en lista de espera.
EL NÚMERO DE LA CORTE
La Suprema Corte de Justicia atraviesa un momento donde, en términos de análisis político, se considera que el más reciente relevo de tres ministros, cercanos al gobierno federal, marca un antes y después: Margarita Ríos Farjat, ex titular del SAT; Yazmín Esquivel, esposa de José María Rioboó, empresario cercano a López Obrador; y Norma Lucía Piña. Sus votos se han interpretado como un blindaje jurídico al presidente.
Casar señala tres factores que han ayudado a esa percepción: “Primero, la desaseada forma en que se obligó al ministro Eduardo Medina Mora a renunciar al puesto. Segundo, el hecho de que a la fecha el presidente ha nombrado a tres ministros y próximamente nombrará a uno más. Tercero, que la Corte ha sido morosa” en asuntos que le interesan al presidente.
La politóloga resaltó que, por ahora, la única señal que desmiente esa apreciación es la postura de la Corte frente a la controversia constitucional por el “Acuerdo Nahle”, que se transformó en la iniciativa presidencial para modificar la Ley de Industria Eléctrica.
¿Para dónde va la Corte en este momento? ¿Está paralizada?, se le preguntó. Casar respondió enumerando que la investigación de su libro arrojó que: la gran mayoría de las leyes aprobadas por la coalición morenista terminó en 7 acciones de inconstitucionalidad y 14 controversias constitucionales 14. “Eso causa incertidumbre jurídica”, dijo.
También derivó en un importante número de amparos por particulares. “Como lo afirma Héctor Aguilar Camín en la introducción, pareciera que México tiene ahora un gobierno sujeto a revisión constitucional”.
El escenario apunta a una dirección concentradora del poder en el Ejecutivo y/o a la disminución de contrapesos y que, si bien los objetivos de la autodenominada cuarta transformación son justificados –lucha contra la corrupción, austeridad, seguridad y desigualdad– el problema parece estar en las formas.
“Violan derechos –con disminución de salarios, libertad de trabajo, desaparición de aguinaldos o seguridad jurídica para las inversiones, extinción de dominio–, pretenden concentrar el poder –ampliación de las facultades discrecionales del gobierno en materia presupuestal, facultades de órganos autónomos– y la política social no sigue los lineamientos establecidos en las leyes y la Constitución”.
El escenario y coyuntura que documenta en el libro respecto a la SCJ ¿Se había repetido anteriormente en sexenios panistas y priistas?
Sí, en alguna medida. Pero el crecimiento de las controversias y acciones ha sido exponencial y lo que ocurre ahora es que el presidente pasa la vida hablando de que desde que llegó él al poder ya hay “verdadera democracia”, que las otras ramas del poder son “verdaderamente autónomas e independientes” y que el Ejecutivo “ya no es el poder de los poderes”.
Lo que pasa también es que se había avanzado mucho en la instalación de contrapesos, pero ahora estos disminuyen por una de cuatro vías: el estrangulamiento presupuestal, los nombramientos a modo o incluso ilegales, el cambio en el orden jurídico y el daño que causan los dichos del presidente a la reputación de las instituciones y sus integrantes, particularmente a los órganos autónomos.
EL ROL DEL MINISTRO PRESIDENTE
En diversas apariciones, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ha jugado distintos roles. La más reciente fue en la inauguración de una pista del aeropuerto Felipe Ángeles, donde se ubicó detrás de López Obrador o junto al gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo.
Tampoco pasó desapercibida su ausencia en el segundo informe presidencial el 1 de septiembre del 2020. Pero ¿Cuál es su rol frente al titular del Ejecutivo?
Conversé con el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existe un ambiente excepcional caracterizado por la amistad, cooperación y respeto a la división y equilibrio de poderes. pic.twitter.com/4KbPyMccI4— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 4, 2019
“Como cualquier presidente de la Corte, el ministro Zaldívar tiene en su desempeño luces y sombras”, describe Casar. “Pienso que es un muy buen constitucionalista, que ha hecho un buen trabajo en el diagnóstico de la situación del Poder Judicial y que ha procurado o sentado las bases para corregir algunos de sus peores prácticas”.
“Pero por considerarlo un buen constitucionalista me sorprenden algunas cosas: su presencia mediática, los aspectos centralizadores del poder en la figura del presidente de la Corte, el que no haya impreso un sentido de urgencia a los pendientes de la Corte; y, sin duda, su argumentación en el caso de la consulta popular, así como la solución que dio a la formulación de la pregunta”.
¿Cómo afecta al país en este momento, el escenario que hoy prevalece en la Corte?
El resultado de las elecciones intermedias será prácticamente intrascendente en su composición. Lo que sí puede pasar en caso de que la coalición gobernante pierda su mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, es que haya menos aprobación de leyes que sean consideradas inconstitucionales.
¿Y cómo afecta a los mexicanos que viven en el día a día?
Aquí me gustaría referirme a un magnífico artículo del profesor del CIDE, el doctor Fausto Hernández, en el que demuestra, por ejemplo, que la desaparición de la Cofece nos afectaría a los ciudadanos de a pie porque pagaríamos más caro el servicio de celular, los televisores o los planes de internet.
Creo que lo que debemos hacer, quienes tenemos acceso en los medios, es decirle al ciudadano que si pasan la ley de extinción de dominio nos pueden enajenar nuestras propiedades.
O que si la Corte valida la ley que impide a un servidor público contratarse en ciertas áreas del sector privado durante 10 años, se le está quitando una libertad; o que si desaparece el INAI no podremos ejercer nuestro derecho a la información y defendernos de un acto de autoridad.
(djh)