NACIÓN

Ven expertos a la SCJN como guardaespaldas de AMLO

La Corte tiene en su lista de espera temas relacionados con acciones legales interpuestas por opositores al gobierno de AMLO

  • ERIKA FLORES
  • 06/12/2020
  • 20:00 hrs
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Ven expertos a la SCJN como guardaespaldas de AMLO
SCJN entre opacidad, lentitud y presiones para resolver controversias (Foto Cuartoscuro)

A dos años de haber iniciado la llamada "cuarta transformación", la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en su lista de espera abordar y pronunciarse respecto a temas relacionados con acciones de inconstitucionalidad o controversias interpuestas por opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El hecho ha sido leído por algunos como una probable sumisión del Poder Judicial pues tres de los once ministros fueron propuestos por el presidente López Obrador: Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat. Sin embargo, otros difieren de esta postura pues la Corte recién reiteró la suspensión contra el llamado “decreto Nahle” (15 mayo, política decreto de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional,) por el que la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional. Expertos consultados por La Silla Rota hablaron sobre el tema.

En materia de seguridad son cuatro acciones de constitucionalidad: las reformas a la extinción de dominio, la ley de guardia nacional, el fraude fiscal por facturas falsas considerada como amenaza la seguridad nacional y el decreto del Ejecutivo para uso de fuerzas armadas en seguridad pública.

En educación por las leyes secundarias contra la reforma educativa.

En salud, la reforma a la ley de adquisiciones para comprar medicamentos a través de la ONU.

En materia de gobierno, para eliminar la figura de los llamados “super delegados” así como el veto por 10 años a funcionarios para integrarse al sector privado, además de los decretos para la reducción de salario a órganos autónomos (por el caso INE) así como reducir tiempos oficiales en radio y televisión.

En este contexto Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de la organización México Justo, interpretó que "el hecho de que la justicia sea pronta y expedita sólo queda en teoría". Enlistó que, salvo casos como la ley Bonilla, los temas aprobados en el congreso "desafortunadamente no avanzan". Y comparó que, a diferencia de los asuntos electorales que son resueltos a la brevedad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el resto de los casos "se resuelven en días, no meses ni años, pareciera que la justicia sí es pronta y expedita para los políticos; pero no para los ciudadanos en general cuando un juicio o un amparo puede tardar hasta 10 años".

Pérez Góngora, sobrino del ex ministro Genaro Góngora Pimentel, no descartó la posibilidad de que algunos temas sí pudieran estar politizados. "En el caso Nahle hay una suspensión definitiva favor de los particulares. Se avanzó rápido, aunque no hay una resolución definitiva; y eso significa un gran avance porque deja las cosas en el estado en que se encuentran. Pero en el resto de los temas en cuestión, son temas acumulados en la Corte que por ser de gran trascendencia nacional deberían de resolver. Sí, pudiera ser que la Corte no le quiere entrar a enfrentarse con el Ejecutivo Federal", consideró.

Es su opinión el presidente López Obrador no necesariamente tiene el control de la Corte por contar con sólo tres ministros de su lado, y quizás un cuarto, el ministro presidente Arturo Zaldívar. "Parece ser que en los temas controvertidos las resoluciones van seis a cinco, como si se pusieran de acuerdo quién va a favor del proyecto y quién en contra. A lo mejor tratan de convencer alguno más para resolver a conveniencia de algún grupo dentro de la Corte, o bien de intereses externos aunque, aunque en teoría, las decisiones de los ministros son personales".

En educación

La acción de inconstitucionalidad a las leyes secundarias contra la reforma educativa, llegó a la Corte en octubre de 2019 como la última acción interpuesta por el ex ombudsman Raúl González quién planteó la violación a diversos artículos de la constitución, convención americana sobre Derechos Humanos, convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de los derechos del niño y la convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, entre otras. Expertos en estos temas consideraron que las leyes secundarias ponderan a los líderes sindicales por encima de los estudiantes en cuanto a los procesos de selección; y que por otro lado coloca a la SEP, por encima del Congreso, para la selección de docentes.

Roberto Rodríguez miembro del Instituto de investigaciones Sociales de la UNAM, explicó que si bien partidos de oposición pretendieron ampararse a la medida no lograron los votos necesarios. "Entonces un grupo de asociaciones de la sociedad civil y ciudadanos planteó la intermediación de la CNDH para formular la demanda y obtener el amparo, pero ésta no ha sido atendida. La Corte es autónoma e independiente y fija los turnos de lo que quiere resolver, para ellos ese tema no merecido atención ni ha resultado prioritario. Pero también hemos visto que cuando la Corte quiere atraer un tema y tratar de resolverlo, puede hacerlo en días tal como ocurrió con la consulta sobre la procedencia e imputaciones a altos funcionarios. Pero no tienen obligación de atender los temas, ni en el orden en que llegan, ni en el lo que a la ciudadanía le puede resultar prioritario".

A pregunta expresa de si el Poder Judicial tiene razones políticas para mantener estancado el tema, Rodríguez lo consideró probable. "La Corte es muy opaca en las razones sobre las cuales da prioridad o preferencia a determinados casos. Es una Corte Suprema que no rinde cuentas a nadie respecto de sus actuaciones". Sin embargo, dijo, el tema debería ya debería ser resuelto como prioritario, independientemente de la postura que tome. "Lo que es descorazonador es que no aborde este asunto por la importancia que tiene... Y es muy difícil tener información objetiva, suficiente, sobre sus razones y criterios. Y éste, también es un caso más".

En seguridad

En uno de los más extensos y polémicos temas (de este y cualquier gobierno) Javier Oliva, profesor e investigador en la FCPyS de la UNAM, consideró que por ser cada caso diferente no se puede establecer, en términos analíticos, un denominador común para todos. "Cada caso tiene una lógica diferente, individual. Por ejemplo, en el caso de la guardia nacional y la utilización de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, son planteamientos hechos por los interesados, pues un poco atrasados; las fuerzas armadas tienen más de 30 años colaborando en labores de seguridad pública. Y en el caso de la extinción de dominio hay una situación un tanto de imprecisión, de acuerdo a lo leído en los medios de comunicación por parte de la Corte que no ha actuado con más celeridad o determinación".

-¿Podría ser esto una decisión política? ¿Entenderse que la Corte este cuidando al presidente?, se le preguntó.

-Llegar a esta conclusión sería muy grave porque entonces no habría división de poderes. Me parece más bien que la lógica es que cada caso es diferente. Yo no podría argumentar que hay un condicionamiento político de la Corte hacia la presidencia de la República.

El académico también consideró que en estos temas en particular, se requiere "la concurrencia decidida del Poder Judicial, indudablemente" si lo que se quiere es superar la crisis de violencia que atraviesa el país; y sugirió que el más urgente por abordar, es la extinción de dominio. Respecto al tema de la Guardia Nacional calificó los planteamientos como ambiguos; "entre más obstaculicen la posibilidad de que se apliquen medidas para recuperar la paz pública en el país, pues más tiempo nos vamos a tardar”, planteó. Por último, en el caso de los factureros -considerados como amenaza de seguridad nacional-, adelantó que la connotación es un exceso. "Demuestra que el estamento civil no tiene ni idea de lo que significa la seguridad nacional, es un muy grave error de percepción. Y en consecuencia, un concepto mal definido, al aplicarlo así pues es un error".

PAN: sí hay un tinte político

Raymundo Bolaños, coordinador jurídico del CEN del Acción Nacional, explicó a La Silla Rota que su partido forma parte de algunas de estas acciones interpuestas en temas de seguridad y electoral. “Nos llama la atención que la Corte eche estos temas el cajón y deje para mejor ocasión todo lo que le importa a la 4T. Sí creemos que esto conlleva necesariamente un tinte de carácter político porque no encontramos una explicación adicional de por qué al día de hoy, no se ha resuelto o bien iniciado el análisis de estos temas".

Agregó que en el caso de la reducción de tiempos oficiales de radio y televisión tampoco hay un pronunciamiento pese al impacto que esto tiene comenzado ya el año electoral. "Nos está llevando la Corte a entrar a un proceso con la norma aprobada por el Ejecutivo, resultado de que se ha impuesto en las votaciones del Congreso. No tenemos un análisis del máximo órgano constitucional y eso es grave porque el espíritu de esa reforma surge para no encontrar recursos públicos o de origen inexplicable, y entregar tiempos equitativos conforme las preferencias electorales". Si bien, dijo, el presidente no tiene a la totalidad de los ministros en la corte sí ejerce presión en ellos. "Lo hemos visto en los magistrados del Tribunal Electoral para intentar a acortar sus mandatos ya otorgados", ejemplificó.


rgg