La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la política energética del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador obstaculiza la competencia económica, al tiempo que otorga beneficios indebidos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los integrantes de la Segunda Sala de la Corte aprobaron con cuatro votos a favor el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales con el que se dio una resolución definitiva a la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la política que ejerce la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el 15 de mayo de 2020.
La Corte determinó que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) daña el proceso de competencia en materia energética y da una ventaja injustificada, exclusiva e indebida a favor de la CFE, dándole preferencia para presentar proyectos estratégicos en programas de suma relevancia.
“De subsistir la disposición 5.4., se permitiría que CFE, en su carácter de generador, transportista, distribuidor y comercializador, tenga una participación importante en el Programa que contiene la planeación del Sistema Energético Nacional; lo que sin duda distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia y constituye un obstáculo para que el mercado de la generación y comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad”, destaca el proyecto del ministro Aguilar.
Además, se destaca que la actual política energética de la Cuarta Transformación contraviene la reforma energética vigente desde 2014, por lo que es inconstitucional.
Ahora, con este fallo, la Sener sólo podrá aplicar los preceptos de su política energética que no hayan sido declarados inconstitucionales.
Rocío Nahle, secretaria de Energía, indicó que el gobierno federal respetará la resolución de la SCJN, así como también respetará la discusión y en su caso la aprobación que la Cámara de Diputados realice sobre la iniciativa preferente que López Obrador envió al congreso.
Respetaremos la resolución de la @SCJN . Así como también respetamos la discusión y en su caso la aprobación que la @Mx_Diputados realice sobre la iniciativa preferente que el Presidente @lopezobrador_ envió al Congreso sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.— Rocío Nahle (@rocionahle) February 4, 2021
LA INICIATIVA PREFERENTE DE AMLO EN MATERIA ENERGÉTICA
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este lunes al Congreso una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado.
Por ser de carácter preferente, el Congreso tendrá 30 días para discutir la iniciativa, que busca "fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE (la Comisión Federal de Electricidad), para beneficio del interés nacional", como argumenta el presidente en el texto.
La reforma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.
La reforma es un paso más allá de la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.
Esta política, que está suspendida por su revisión constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectaría hasta el 14 % del PIB, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La iniciativa preferente del presidente sorprendió porque no se había anunciado previo al inicio del último periodo de sesiones del actual Congreso, que comienza este 1 de febrero y termina el 30 de abril.
"Resulta urgente profundizar en los cambios ya iniciados en esta materia", estableció el líder izquierdista en su exposición de motivos.
La nueva normativa también obligaría a que los nuevos permisos del sector estén "sujetos a los criterios de planeación" de la Secretaría de Energía.
También cambian las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.
Asimismo, obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, por lo que las empresas privadas no podrían generar la propia energía que consumen.
Por último, ordena revisar la "legalidad y rentabilidad" de los contratos del Gobierno federal con productores independientes de energía.
El presidente aseveró que estas modificaciones respetan el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la reforma constitucional de 2013 que abrió el sector energético a la inversión privada.
(Luis Ramos)