Actualmente, en el Congreso de la Unión se mantiene abierto el debate sobre la regulación de la marihuana que, en caso de aprobarse, significaría “el boom” de un mercado que puede beneficiar tanto al sector industrial como al de la agricultura.
EL ANTEPROYECTO DE DICTAMEN
Por ello, en LA SILLA ROTA te presentamos un panorama de cómo va el tema de la regularización del uso de la cannabis en México:
DISCUSIÓN EN EL CONGRESO
Desde abril de este año, en el Senado de la República comenzó la discusión sobre la regularización del uso de la cannabis, derivado de una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, se llevó a cabo el “Foro hacia una política de regulación de la cannabis”, en el que los participantes coincidieron en que es necesario partir de un enfoque de salud pública y establecer criterios para controlar publicidad, reglamentar el consumo y gravar fiscalmente a quienes la vendan.
Las figuras de la 4T que han estado más activas respecto al tema son la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha dicho que el país cuenta con marihuana “de la mejor calidad en el mundo”; y la senadora Jesusa Rodríguez, quien la considera no una droga, sino una planta sagrada.
El pasado 9 de septiembre, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud, dijo que no se puede negar la existencia de un mercado negro de cannabis en México y recordó que el Congreso tendría hasta el 24 de octubre de este año para generar el marco legal que regule el uso lúdico de la marihuana.
Por su parte, en el marco del Foro del Senado, el abogado Juvenal Lobato Díaz resaltó que se deben tomar como ejemplo la trazabilidad con que Canadá y algunos estados de EU han regularizado el consumo de la planta, pues se da seguimiento y control desde que se siembra hasta que se comercializa.
Al hacerse esto, resultaría provechoso para la recaudación de impuestos, combate a la corrupción y la creación de empleos.
Para ello, dijo Lobato, se deben establecer dos elementos fundamentales: libertad y seguridad. La libertad de quien decide tener un consumo lúdico, y la seguridad de que al hacerlo no tendrá problemas de salud y no generará otros de seguridad pública, apuntó.
Lo anterior ocurrirá con una regulación que respete los derechos humanos y los principios de un Estado democrático. El Gobierno no puede tener un papel excesivamente intervencionista; debe ser regulador, debe establecer controles únicamente, subrayó el abogado.
Este mes se retomó la discusión en el Congreso tras la iniciativa presentada por Mario Delgado, también de Morena, de crear Cannsalud, que sería la empresa paraestatal que ejercería el monopolio del comercio en el país.
Además, contempla fijar un impuesto especial del 12% que se destinará a programas sociales.
Durante la inauguración del Foro “Cannabis en el mercado internacional”, José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado, señaló que el Estado mexicano debe crear protocolos para mantener el control de la producción de cannabis con el fin de tener una industria que genere una derrama económica en diversos sectores.
“Queremos que los beneficios de la siembra también se queden en el campo, en la gente del medio rural”, enfatizó.
En tanto, el pasado 9 de octubre, durante la comparecencia de Sánchez Cordero ante la cámara baja, Ana Lucía Riojas, diputada independiente, entregó un “churro” de marihuana a la funcionaria para que no se olvide la promesa de AMLO.
“-¿Y el churro que le dio la diputada tenía marihuana?”, cuestionaron a la secretaria de gobernación dos días después. "Sí, claro que tenía marihuana, pero no la usé", respondió.
“BOOM” DEL MERCADO
De tener una pronta aprobación en el Congreso, para 2021, en México se puede activar un mercado con un valor de hasta 5 mil millones de dólares, estima Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis (Anicann).
La Asociación calcula que en México hay cerca de 7.2 millones de consumidores lúdicos, pero que existe un potencial de 40 millones de personas que podrían utilizar de manera cotidiana un producto derivado del cannabis, como pomadas y medicamentos analgésicos.
La asociación también estima que el Gobierno mexicano podría recaudar en impuestos hasta 400 millones de dólares anuales y que los agricultores podrían percibir más de 3 mil dólares por cada hectárea cultivada.
Fundada hace un año, la Anicann ahora agrupa a 200 empresarios listos para invertir, en cuanto se legalice, en el cultivo, la medicina y la industria del cannabis, pues se considera que el país tiene una capacidad de producción hasta tres veces mayor a lo que se cosecha en Estados Unidos y Canadá.
“Esa competitividad, en un mercado como el que se viene, nos puede volver punta de lanza a los mexicanos en una nueva economía verde. A nosotros nos gusta pensar que México se va a convertir en el principal productor de patentes cannábicas en el mundo", afirma el representante del sector.
Nieto ve positivas las actuales propuestas, pues considera que lo importante es establecer "reglas claras" y "piso parejo para todos", por lo que además pide crear un clúster del cannabis, donde la sociedad civil, empresarios y gobierno se unan para invertir en el desarrollo y la investigación de la planta.
"Es el nuevo oro verde. Hoy que estamos pensando en que ya no tenemos petróleo, pues debemos pensar en esto, que aparte es renovable. Cada 20 semanas un agricultor puede volver a sembrar", comenta.
¿Y EL CAMPO?
En Foro Cultivo de Cannabis en México, organizado el pasado día 11, el diputado por Tlalnepantla, Max Correa Hernández puso de relieve que en México hay más de 100 mil campesinos encarcelados por temas relacionados con la mariguana, pero ahora ellos ya tienen la "oportunidad histórica" de producir legalmente la cannabis.
Según Correa Hernández, quien también es el dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), el productor campesino debe ser incluido en la modificación al Artículo 6º Constitucional.
En este sentido de apoyo al campo, Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA, afirma que se quiere “formar y cultivar una industria con conciencia, que está pensando bien las cosas, que quiere aportar a la sociedad a través de esta industria y que no sea nada más por las ganancias económicas. Creo que para los mexicanos es algo fácil de entender".
La asociación que dirige realiza talleres en la Ciudad de México para emprendedores que estén interesados en incurrir en la industria del cannabis con una perspectiva de justicia social.
Ante el creciente número de iniciativas en el Congreso de la Unión, Snapp sugiere que la legalización priorice a los productores nacionales, sobre todo en las zonas afectadas de forma desproporcionada por la "guerra contra las drogas", y que contemple tres vías de acceso a la planta: el autocultivo, el cultivo de asociados y un mercado regulado.
"Tenemos ciertas figuras jurídicas del sector social de cómo podemos privilegiar a ejidos, a propiedades comunales y a pequeños propietarios. Realmente esto lo estamos viendo como una de las acciones que van a ser necesarias para la construcción de paz y para la reparación del año", detalla.
Las organizaciones están luchando por combatir el estigma del consumo y la desinformación en torno a las propiedades de la planta, que tiene más de 100 compuestos, conocidos como cannabinoides, de los que no todos son alucinógenos, y que pueden aprovecharse y separarse para usos industriales y medicinales.
djh