Los casos Odebrecht, Ayotzinapa, las irregularidades en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el atentado a la familia LeBarón y hasta la tragedia de Tlahuelilpan son algunas de las investigaciones aún pendientes que arrastra la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero.
Anunciadas, incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como estandarte contra la corrupción de gobiernos anteriores, las indagaciones siguen sin tener avances claros y en la impunidad, por errores cometidos del Ministerio Público, en la integración de los expedientes y por la falta de sustento en las pruebas que presentan.
En algunos casos, al presentar las acusaciones contra las personas investigadas, los jueces de control han determinado que las pruebas aportadas por el Ministerio Público carecen de sustento, exhibiendo la falta de coordinación de los fiscales al sustentar los delitos por los que supuestamente se investiga a las personas.
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A estas investigaciones se suman expedientes por un supuesto fraude contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como la compra de un avión y helicóptero, durante la gestión de Jesús Murillo Karam en la entonces llamada Procuraduría General de la República (PGR).
La falta de resultados incluso ha llevado a que el fiscal Alejandro Gertz Manero sea cuestionado por la fabricación de pruebas en casos como el de la familia Cuevas, en el que intentó ingresar a prisión a la esposa de su hermano.
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También el de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), caso en el que 5 de los acusados por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción, ya fueron exonerados por falta de pruebas.
Todos esos pendientes se juntan con la confirmación de que su estado de salud no es el mejor y que, incluso, estuvo hospitalizado en los Estados Unidos para tratarse.
La designación
Alejandro Gertz Manero asumió la titularidad de la FGR el 18 de enero de 2019. Durante la selección de aspirantes a ser nombrados el primer fiscal del país, Gertz Manero propuso un programa de seguridad ciudadana institucional en el que se transparentarían las actividades que realiza la institución.
Según Gertz Manero, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) no generaba respeto en los habitantes y daba temor a los ciudadanos por la falta de apoyo.
Una vez nombrado, Gertz Manero presentó un balance de los primeros 100 días en el cargo. Entre las promesas que hizo durante una conferencia de prensa, el fiscal aseguró una restructuración de las investigaciones por el desvío de recursos públicos durante la gestión de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
“Debió investigarse desde inicio la hipótesis de colusión para organizar un enorme saqueo desde el poder y será necesario reestructurar todo desde perspectiva de delincuencia organizada y que posiblemente fue encubierto todo por el Estado”.
Sobre el caso Odebrecht, aseguró que la extinta PGR no tenía resultados, por lo que ofreció dar solución. En el caso Ayotzinapa adelantó que se repondría el procedimiento de investigación.
Otro de los casos es Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 138 personas. El fiscal mencionó que ya se tenía identificadas a las personas que convocaron a los habitantes y los que provocaron el incendio. Hasta el momento no hay resultados.
Historial de fracasos
Al iniciar el sexenio (el 3 de diciembre de 2018), uno de los primeros decretos que realizó Andrés Manuel López Obrador fue esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
“El llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece... la verdad es revolucionaria, es cristiana; la mentira es reaccionaria, del demonio”, señaló el mandatario.
Diez meses después, en septiembre de 2019, Alejandro Gertz Manero se comprometió a “reconstruir desde cero” las investigaciones.
Sin embargo, hasta el momento no se ha entregado un informe o reporte que refute la llamada “verdad histórica” que se dio a conocer durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los escollos de la FGR en el caso incluyen la liberación de más de 50 personas detenidas por las investigaciones por violaciones a derechos humanos, así como falta de argumentos del Ministerio Público para sustentar las acusaciones.
Entre las personas liberadas se encuentran Gildardo López Astudillo, “El Gil”, Patricio Reyes Landa, “El Pato”, Agustín García Reyes, “El Chereje”; Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”; Salvador Reza Jacobo, “Lucas y/o El Wereke”, así como más de 25 policías que supuestamente detuvieron y entregaron a los estudiantes al crimen organizado.
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Los tropiezos en el caso Ayotzinapa, incluyen la falta de resultados tras la detención de Ezequiel Peña Cerda, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); Isidro Junco Barajas elemento de la FGR, así como a Ariel Agustín Castillo Reyes de la Marina.
La falta de resultados ha llevado a los padres a cuestionar el actuar de la dependencia, ya que, por el momento, se sigue sin conocer el paradero de los jóvenes y por qué no se ha transparentado toda la información sobre el caso.
Odebrecht y AgroNitrogenados
Otro de los casos emblemáticos de corrupción investigados por la FGR y que sigue sin resultados es el de Odebrecht, el cual inició con la detención y extradición de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.
La empresa, según las investigaciones de la FGR, entregó sobornos por más de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, quien supuestamente los destinó a legisladores, senadores y secretarios de estado para la aprobación de la reforma energética.
Las múltiples acusaciones que realizó Lozoya Austin incluyen a José Antonio Meade, ex secretario de Energía y de Relaciones Exteriores, y entonces candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Ricardo Anaya Cortés, en ese entonces Diputado Federal, y también candidato a la Presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN); Ernesto Cordero, exsenador.
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También a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores; David Penchyna Grub, ex senador y ex titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); Salvador Vega Casillas; ex senador; Osiris Hernández, secretario Particular de Ricardo Anaya Córtes; Salvador Casillas, exsenador; Carlos Treviño Medina, ex funcionario de Hacienda y Pemex, así como ex director General de Pemex; Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado.
La única persona a la que se le sigue un juicio por las denuncias hechas por Lozoya Austin es al exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, quien permanece en el Reclusorio Norte.
En el caso de Emilio Lozoya, después de estar libre al llegar a un acuerdo con la FGR (aportar pruebas) fue ingresado a prisión en noviembre de 2021 porque no acató las medidas cautelares que se le impusieron. La medida fue tomada por la presión mediática luego de la publicación de una fotografía en la que fue captado comiendo en un restaurante de lujo en la Ciudad de México.
En abril de 2022 estuvo a punto de obtener su libertad al llegar a un supuesto acuerdo con la FGR para la reparación del daño. El tema llegó a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió que se atendiera el caso y que la reparación del daño fuera “justa”. El caso sigue impune. Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo para la reparación del daño y el esclarecimiento del caso. La misma situación se presenta en el caso AgroNitrogenados.
Huachicol
En 2019, la FGR hizo mediático una investigación contra diferentes elementos del Ejército y Pemex por el robo de 887 millones 440 mil 721 litros de hidrocarburos, lo que equivale a mil 887 millones de pesos.
Según la dependencia, el hurto se registró entre los años 214 y 2017, cuando el general Eduardo León Trauwitz fue subdirector del Área de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La dependencia asegura, en la acusación, que el robo se llevó a cabo bajo el consentimiento del general y con la ayuda de diferentes elementos del Ejército y Pemex en Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y Ciudad de México.
Hasta el momento, ya fueron detenidos Oziel Aldana Portugal; el sargento José Carlos Sánchez Echavarría, coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica en Tampico, así como a Ramón Márquez Ledezma, adscrito al Departamento de Seguridad Física Cadereyta, todos bajo las órdenes de Eduardo León Trauwitz.
Las pruebas aportadas por la FGR solo han permitido que tres personas estén bajo proceso. Ellos son: el teniente Oziel Aldana Portugal; el sargento José Carlos Sánchez Echavarría, coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica en Tampico, así como Ramón Márquez Ledezma, adscrito al Departamento de Seguridad Física Cadereyta, todos bajo las órdenes de Eduardo León Trauwitz, quien fue capturado en Canadá en diciembre de 2021 y se espera sea extraditado.
El avión y helicóptero de Murillo Karam
En menos de un año, la Fiscalía General de la República erró al tratar de comprobar las acusaciones por la compra de un avión y un helicóptero durante el periodo en que Jesús Murillo Karam fue procurador General de la República.
Uno de ellos es la acusación por la adquisición de un helicóptero comprado para el uso de Jesús Murillo, el cual tenía un valor de 19.5 millones de dólares, pero el Ministerio Público de Alejandro Gertz Manero, aseguró que tuvo un sobrepago de cuatro millones de dólares. El segundo tropiezo de la dependencia es la acusación en la que trató de comprobar la compra de un avión (costo de 20 millones de dólares) a sobreprecio.
Un Tribunal Unitario en la Ciudad de México, determinó que la acusación de la FGR carecía de pruebas para sustentar sus argumentos contra Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR.
“De la investigación expuesta por el Ministerio Público, no se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, pues no se explica cuál fue la dinámica del contrato de adquisición de la aeronave y cuál es la regulación que rige ese acto administrativo”, menciona la sentencia del Tribunal.
Rápido y Furioso
Un julio de 2022, un Tribunal Unitario en Sonora fue contundente: ninguno de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para sustentar sus acusaciones en contra de Facundo Rosas Rosas, ex comisionado general de la extinta Policía Federal, por el operativo
También evidencia que los delitos de delincuencia organizada e introducción en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo, armada y fuerza aérea que la FGR busca acreditar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”; Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública; el ex coordinador de Inteligencia de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas; y cuatro personas más, entre ellos, dos ex coordinadores de Aduanas Fronterizas en el país que laboraron entre el 1 de marzo de 2009 y 31 de julio de 2013, no prosperarán.