Al gobierno de Estados Unidos no le sobran rivalen, principalmente ideológicos y económicos, en el orbe. Sin importar presidente que los gobierne, gusta de golpearlos, de una forma distinta de acuerdo a la región.
En América Latina, Washington tiene una forma particular de realizar el golpeteo: acusaciones de narcotráfico.
La mañana de este 26 de marzo, las autoridades estadounidenses sorprendieron con la acusación de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y una docena de aliados, entre altos funcionarios y exfuncionarios venezolanos, así como miembros de la guerrilla colombiana.
Por su fuera poco, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares para quien dé información que facilite la captura de Maduro.
No es novedad que Estados Unidos ha tenido, por decirlo menos, desencuentros con Venezuela, país que ha estado bajo el yugo del socialismo desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder.
En febrero de 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al Ejército venezolano para que retire su apoyo a Nicolás Maduro. Ese mismo mes, Trump dijo que no ha descartado una invasión militar al país sudamericano para derrocar al chavismo.
Sin mencionar las sanciones económicas que por años ha impuesto el gobierno estadounidense a Venezuela, país que se encuentra en la peor crisis de su historia y quizá en la de todo el continente.
Maduro de lejos es el primer alto mandatario latinoamericano acusado de narcotráfico por Washington.
Manuel Antonio Noriega, el último dictador de Panamá, fue otro de los objetivos del gobierno de Estados Unidos.
Conocido agente de la Agencia Central de Investigación (CIA, por sus siglas en inglés) en Panamá, apoyó el golpe militar que condujo al poder al general Omar Torrijos en 1968, hecho que lo llevó al mismo destino 15 años después.
De 1983 a 1989, Noriega gobernó Panamá con respaldo del gobierno estadounidense, hasta que las mismas fuerzas armadas de Estados Unidos, en ese entonces gobernado por George H. W. Bush, invadieron su país y lo llevaron al exilio.
La ruptura se debió a una acusación estadounidense contra Noriega por nexos con el narcotráfico, particularmente con el cártel de Medellín de Pablo Escobar.
Fue extraditado a Estados Unidos y Francia, donde sumó más de 20 años en prisión acusado de narcotráfico. Luego, regresó a Panamá donde recibió tres cadenas perpetuas por desaparición de opositores, hasta que murió por problemas de salud en mayo de 2017.
Sin irnos tan lejos, otro de los mandatario que han estado bajo la mira del gobierno estadounidense por narcotráfico en el expresidente de Bolivia, Evo Morales.
El círculo cercano de Morales, que a finales del año pasado dejó la presidencia de Bolivia por presiones de la OEA, fue investigado por la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por sus vínculos con el narcotráfico, según informó EFE en 2015.
Entre los investigados estaban el piloto del avión presidencial, Walter Álvarez Agramonte, y dos personas cercanas al entonces vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera. En su momento la DEA no hizo comentarios al respecto.
Al igual que Venezuela, es conocida la rivalidad entre Estados Unidos y Bolivia. Evo Morales, tras su llegada al poder en 2006, sacó a la DEA de Bolivia, así como a la embajada de Estados Unidos en su país, acusándolos de conspirar contra su gobierno.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y una serie de manifestaciones en Bolivia fueron las que orillaron a Morales a dejar el poder, pues aseguraban que en las recientes elecciones presidenciales, ganadas por Evo, habían cometido fraude electoral.
Un informe preliminar de la OEA que respaldaba el fraude y la presión de las Fuerzas Armadas terminaron con la presidencia de Morales. Sin embargo, tiempo después, el informe se corregiría así mismo y descartaría dicho fraude. El daño ya estaba hecho.
En el Salvador y Guatemala tampoco se han librado de las acusaciones de narcotráfico contra altos funcionarios de parte de Estados Unidos.
Un informe de corrupción del Departamento de Estado de Estados Unidos, dado a conocer por InSight Crime en mayo del año pasado, menciona algunos políticos importantes que, en sus acusaciones, golpearon a los gobiernos en turno.
Está, por ejemplo, José Luis Merino, uno de los operadores políticos más poderosos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador, cuyo jefe es el expresidente Salvador Sánchez Cerén.
A Merino lo acusan, junto a su hermano, de desviar más de 400 millones de dólares por medio de varias empresas fachada a cuentas offshore en Panamá y otros lugares.
También aparece el excandidato a la presidencia de Guatemala, Mario Amílcar Estrada Orellana, detenido en Estados Unidos por solicitar al menos 10 millones de dólares en fondos de campaña al cártel de Sinaloa de México a cambio de facilitar las actividades de narcotráfico del grupo.
La aprehensión de Estrada golpeó al entonces presidente guatemalteco Jimmy Morales, pues se había reunido con Estrada en una finca particular y también usó un helicóptero de propiedad del mismo para una diligencia oficial en al menos una ocasión.
Quien no aparece en la lista es el Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Su hermano Juan Antonio Hernández fue detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico.
Durante el juicio, los fiscales estadounidenses acusaron a los hermanos Hernández de recibir al menos un millón y medio de dólares del cártel de Sinaloa, particularmente de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
Aunque el presidente de Honduras negó todo, su hermano fue declarado culpable por narcotráfico. El mandatario, sin embargo, no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra en Estados Unidos, lo que sí tiene es una buena relación con Trump.
(Rodrigo Gutiérrez)