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La zona de riesgo para los médicos en Hidalgo

En la región hidalguense donde apareció el cuerpo calcinado de una pasante de medicina, tres médicos, prestadores de servicio social, fueron amenazados

Escrito en ESTADOS el

Hidalgo (La Silla Rota).- En la región hidalguense donde apareció el cuerpo calcinado de una pasante de medicina, tres médicos, prestadores de servicio social, fueron amenazados de muerte en 2015. Sus testimonios fueron registrados en actas de incidencias y una solicitud de cambio de jurisdicción que recibió la entonces secretaria de Salud del gobierno del estado, de Hidalgo Geraldina García Gordillo.

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Stephanía R.L., cuyos restos –también con signos de violencia– fueron reconocidos por sus familiares, había desaparecido la noche del 13 de mayo, cuando se trasladó de Huejutla al municipio de Pisaflores, donde hacía su residencia profesional. El cadáver, con base en testimonios de los pobladores, fue descubierto un día después por campesinos de la comunidad de San Rafael, en la demarcación vecina de Chapulhuacán, mismos que dieron parte a las autoridades.

Con base en los documentos a los que tuvo acceso La Silla Rota, con fechas del 24 y 27 de abril de 2015, dos médicos que prestaban servicio social en el Centro de Salud de Pisaflores fueron golpeados la cuarta semana de marzo al intentar defender a una enfermera cuando era agredida por un sujeto.

La relatoría de hechos dice que “por tratar de que su compañera no fuera violentada, ellos resultaron heridos y amenazados que si permanecían en el municipio ‘se atuvieran a las consecuencias’”, motivo por el cual abandonaron la demarcación.

Además, después de ese suceso, el 24 de abril una persona identificada como Miguel Ángel C.P. amenazó de muerte a otro prestador de servicio del Centro de Salud de La Misión, a quien acusó de una supuesta omisión médica. Tras encararlo, realizó detonaciones de arma de fuego afuera de la clínica, ubicada en la cabecera municipal, “sin que intervinieran agentes de seguridad pública”.

Por tal situación, el egresado de una universidad privada de Guadalajara salió de la localidad un día después. En el acta de incidente, anexa a la solicitud de cambio de adscripción que hizo a la entonces secretaria de Salud, constató que el sujeto que lo encaró había llevado a su hijo para una consulta una semana antes, pero que, con aliento alcohólico y de forma violenta, no permitió que terminara la valoración y dijo que lo trasladaría a Jacala, donde está el Hospital Integral, de segundo nivel.

“Mi hijo es su responsabilidad (…) ruegue que nada le pase porque él es un niño que apenas crece y usted es un pendejo. Cuídese, ya le dije”, le advirtió antes de disparar afuera del centro de Salud.

Asimismo, refirió que en La Misión “existía el antecedente del homicidio de una persona, al parecer de profesión docente, que recibió una descarga de 60 tiros a finales de 2015. De acuerdo con la población, el profesor estaba amenazado de muerte”.

Los municipios de Pisaflores, La Misión y Chapulhuacán, ubicados en la sierra hidalguense, corresponden a la jurisdicción 16 de Jacala.

La misma ciudadanía de este municipio –relató el médico adscrito a La Misión– ha advertido: “aquí las amenazas se cumplen”, “cuidado, porque aquí sí se las cobran”.

La activista Ana Lara Vargas expuso, como aristas en el caso de Stephanía, que los pasantes de medicina son enviados trabajar en comunidades marginadas, sin más recursos que sus saberes.

“Las clínicas están sin equipo ni medicinas (si ni los Hospitales regionales los tienen), pudo ocurrir que no logró salvar a alguien y algún familiar o conocido de ese alguien la asesinó”, planteó.

“A veces los usos y costumbres de las comunidades hacen que consideren violento que una médica (en este caso), trabaje con prevención de embarazos y anticoncepción y las atacan”, señaló Lara, quien aseguró haber conocido casos con esas características en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Ciudad de México.

“Muchas alumnos y alumnas se regresan y deciden esperar un año para concluir sus servicios sociales, porque fueron amenazados”, añadió.

La activista contó el caso de una médica del IPN que estuvo en Veracruz: “la clínica donde prestaba servicio fue baleada; sin embargo, tuvo la suerte de que unas mujeres le avisaron un poco antes y la resguardaron. Eran grupos de la delincuencia organizada”.

El octavo femenicidio

El de Stephanía es el octavo posible feminicidio por el cual la Procuraduría General de Justicia del Estado inicia una carpeta de investigación este 2018.

Sin embargo, Servicio de Inclusión Integral (Seiinac), asociación civil que en 2013 promovió la declaratoria de alerta de género en el estado después del hallazgo de siete cadáveres de mujeres con señales de abuso sexual en la segunda sección de El Llano, en Tula, recuenta 15 asesinatos violentos que podrían ser considerados feminicidios, entre enero y mayo de este año. 

La fiscalía informó a La Silla Rota que por los siete feminicidios que había documentado antes de este hallazgo cinco personas han sido detenidas.  

Un día después de que el cuerpo quemado de Stephanía fuera localizado por campesinos, una mujer fue privada de la vida con un disparo, presuntamente, por quien era su pareja. El crimen ocurrió en la comunidad de San Guillermo, en el municipio de Huehuetla, situado en la región Otomí-Tepehua.

Cuando acudieron al sitio, elementos de la policía también encontraron a esa persona sin signos vitales y con una herida de arma de fuego, por lo que presumen que se suicidó después de haber cometido el crimen.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el sitio, el matrimonio discutía al interior de su domicilio. La fémina salió para no continuar la pelea, pero su esposo la siguió con el arma y disparó.

Apenas el pasado 5 de mayo un cuerpo fue hallado en un horno de barbacoa, en la comunidad de San José Piedra Gorda, en Tepeji del Río.

Cuando fue encontrado, presentaba lesiones y quemaduras.

Las heridas producidas por fuego se localizaron principalmente en el área de los brazos.

La Procuraduría, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género, investiga ese hecho con protocolo de feminicidio.

En 2017, con base en el recuento estadístico de esta dependencia, ocurrieron 22 crímenes contra mujeres con esta categoría; no obstante, Seiinac contó 36 posibles.