TUXTLA GUTIÉRREZ.- El 9 de septiembre de 2020, Jules Junio, de 33 años de edad, migrante haitiano, murió en el interior de la habitación que rentaba en Tapachula, luego de presentar síntomas relacionados con el virus SARS-Cov-2.
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De acuerdo con el reporte de la policía municipal, el cuerpo de Jules Junio se encontraba tendido en el piso que le servía como cama. Llevaba algunos días con fiebre y dolor de cabeza, lo que a sus compañeros de dormitorio les hacía suponer que estaba enfermo de covid. Al morir, el cuerpo de Jules se encontraba en el piso sobre una cobija, tenía la cabeza envuelta en una playera.
Sus connacionales, que compartían el dormitorio, avisaron a las autoridades a fin de pedir auxilio para levantar el cuerpo. Esperaron durante casi 12 horas sin obtener respuesta, por lo que decidieron sacarlo a la calle para reclamar atención urgente.
El presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, de origen haitiano, denunció que Jules era el segundo haitiano muerto con síntomas de covid-19, en “abandono y falta de atención médica”.
Tres meses después de estas muertes, en diciembre de 2020, el gobierno mexicano inició la vacunación a la población del país, pero fue hasta el 20 de septiembre de 2021, un año después de la muerte de Jules, cuando extendió la vacunación anticovid a toda la población migrante.
LA CRISIS SANITARIA
De acuerdo con un reportaje de Otras Miradas, multitudes de migrantes se aglomeran todos los días fuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y de los parques de Tapachula, ciudad donde quedan varados al entrar a este país en su ruta hacia Estados Unidos.
Afuera de las oficinas del INM, en medio de la calle, un par de jóvenes con un chaleco que dice “Brigada Covid”, camina entre la multitud de personas migrantes, bajo el sol y una temperatura de más de 30 grados centígrados. Ofrecen toallas sanitarias, cepillos dentales, y “detectan” si hay personas que tengan algún malestar físico relacionado con el covid-19. Cuando encuentran a alguien enfermo, el protocolo, explican, es pedirle sus datos y remitirlo a una ambulancia estacionada metros adelante.
El lugar es una Babel de idiomas y de colores de piel donde los brigadistas sanitarios, también migrantes, pasan desapercibidos. Pocos, muy pocos se acercan a ellos. La prioridad de los que ahí se aglomeran es otra: no perder su lugar en las largas filas en las que tienen que esperar antes de iniciar el trámite migratorio que impida su deportación, algo que, en algunos casos, puede dilatarse más de un año.
Solo en 2021, el gobierno mexicano detuvo a 307,679 migrantes que entraron de manera irregular a México. Los que no fueron detectados y llegaron a la frontera norte de este país, son tres veces más.
La crisis económica mundial que dejó la pandemia multiplicó también la migración.
El INM reporta que en Tapachula, actualmente, hay migrantes que vienen de 20 países de África, Asia, América, El Caribe y, recientemente, se han unido otros de Europa del Este, incluido Rusia.
Tapachula no solo es una Babel, sino una “ciudad prisión” donde las autoridades mexicanas impusieron, a golpe de retenes militarizados, un embudo que pretende contener la migración para que no llegue a la frontera norte.
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