TIJUANA.- La fallida planta fotovoltaica del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, sigue dando problemas a su sucesora, la también morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, mientras su administración quiere encontrar quiénes se beneficiarían con el proyecto que abastecería agua a la zona.
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Para empezar, la mandataria aseguró que romperá relaciones con Afirme, la institución bancaria que recibe y administra cuentas del gobierno estatal.
La razón es que el banco no le regresó los 123 millones de pesos que tomó de las participaciones federales, como mandaba el contrato que otorgó el gobierno de Bonilla Valdez antes de irse, aunque un juez ya se lo ordenó.
La nueva administración, que ha calificado el acuerdo a 30 años como ventajoso para la empresa Next Energy que dotaría energía eléctrica al acueducto que va de Mexicali a Tijuana, dijo que habló con los directivos del banco pero eso no cambió nada.
“El consejero jurídico presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, y estamos activando diversos mecanismos legales con la intención de recuperar esos recursos que le pertenecen al estado de Baja California”, afirmó el Secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía.
También anunció que están pidiendo la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que revise el proceso bajo el que se llevó la licitación y los recursos involucrados, ya que es dinero federal.
“Creo que eso va a ser muy revelador, a través de una auditoría forense, que se analice de manera precisa la ruta del dinero”, agregó Moreno Mexía.
Por otro lado, las posibles repercusiones de esa investigación también alcanzan a Rosina del Villar Casas, la secretaria de Honestidad y la Función Pública de la gobernadora Ávila Olmeda, quien debe investigar la actuación del los funcionarios de la administración de Bonilla Valdez en el proceso de licitación y contratación de la planta fotovoltaica.
Porque como integrante que fue de la bancada de Morena en el Congreso anterior, está en la lista de legisladores para los que el Partido Acción Nacional (PAN), está pidiendo juicio político por respaldar con su voto el proyecto del ex gobernador.
Sobre la denuncia interpuesta por el gobierno estatal por delitos como peculado, uso ilícito de atribuciones y otros, en contra de los funcionarios involucrados en la contratación de Next Energy, el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio, solo dijo que hay avances.
“Por respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia no podría procesar nombres en este momento. Sin embargo, podríamos compartirles que el caso está avanzando muy rápido”, mencionó.
(djh)