TERCERA PARTE

Las construcciones con daños y derrumbes del "cártel" inmobiliario

Empresas ligadas a funcionarios de Miguel Ángel Mancera han comercializado y construido inmuebles que presentaron daños severos en el sismo de 2017
Las construcciones con daños y derrumbes del cártel inmobiliarioLas construcciones con daños y derrumbes del cártel inmobiliario.

BAITA y DEKAH, empresas ligadas a Simón Neumann, asesor clave en temas inmobiliarios del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,  y Fausto Galván, coordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad, comercializaron desarrollos departamentales de mala calidad en la Ciudad de México.

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Durante la construcción de algunos conjuntos se presentaron derrumbes que culminaron en denuncias penales y suspensiones en las obras de las empresas que forman el Cártel Inmobilario.

Otros desarrollos presentaron daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017, lo que obligó a los condóminos a abandonar sus viviendas.

El pasado 19 de febrero La Silla Rota publicó el reportaje “El ‘cártel’ inmobiliario de CDMX; sus operadores en el gobierno de Mancera”, que muestra cómo un grupo de personas en el poder, ligadas a Mancera, mantienen negocios inmobiliarios desde hace años, a la vez que tienen injerencia en esos temas desde sus funciones públicas.

Además de  Neumann y  Galván, están siete ex colaboradores, quienes tienen relación o han tenido, entre sí, en 13 empresas

BAITA la fundó Simón Neumann y José Moratinos Ayestarán; el director comercial de la empresa fue Fausto Galván; y el apoderado legal  hasta 2003  fue Miguel Ángel Mancera

La empresa DEKAH la constituyeron Neumann y Galván, y documentos de al menos hasta 2014 muestran a Neumann con poderes legales en la empresa.

De 2004 a 2017, en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), BAITA tiene 24 denuncias y DEKAH 37. Los principales motivos de reclamación fueron que “contiene cláusulas abusivas”, “incumplimiento de plazos”, “negativa a la devolución de depósito” y “defectos de fabricación”.

Spazio Cuauhtémoc

La empresa BAITA comercializó el desarrollo Spazio Cuauhtémoc, ubicado en avenida Cuauhtémoc No. 579 colonia Narvarte en la Delegación Benito Juárez, el cual se encuentra deshabitado por los daños en sus 42 departamentos y el riesgo que representa para los condóminos. El inmueble tiene 13 años de construido.

Este conjunto lo edificó la Inmobiliaria Movica S. A. de C.V. y copropietarios, la cual señaló como domicilio Prolongación Melchor Ocampo No. 302 de la colonia Coyoacán en la Delegación Coyoacán, el mismo domicilio que Grupo Baita Internacional S.A.P.I. de C.V.

En octubre de 2002, ante la Delegación Benito Juárez se presentó Roberto Olmedo Mendieta como representante legal de Inmobiliaria Movica S. A. de C.V. y quien indicó como domicilio para oír y recibir notificaciones Insurgentes Sur No.1605 Piso 16 de la colonia San José Insurgentes en la Delegación Benito Juárez, el mismo domicilio fiscal que BAITA PROMOCIÓN S.A. de C.V.

La Inmobiliaria Movica S. A. de C.V. la constituyó la señora Chiqui Ayestarán Lerchundi de Moratinos, quien es madre de José Antonio y Luis Moratinos Ayestarán, socios de Simón Neumann en BAITA.

Los hermanos José Antonio y Luis Moratinos Ayestarán han participado en el consejo de administración de Banca MIFEL, el primero es consejero suplente de Israel Feldman Punsky, y en ese mismo grupo financiero Simón Neumann fue integrante del Consejo Hipotecario.

Durante la construcción del inmueble, donde estuvo como Directora Responsable de Obra Guadalupe Esther Lara Domínguez, se presentó un derrumbe, por lo que se inició la averiguación previa AV-BJ-3T1/697/03-04 por “daño a la propiedad en grado consumado simple”.

Roberto Olmedo Mendieta logró la conciliación con el señor Gonzalo L. al cubrir la cantidad de 70 mil pesos por los daños al automóvil.

El “visto bueno de seguridad y operación” y el “registro de la constancia de seguridad estructural” de Spazio Cuauhtémoc se expidieron en octubre de 2004; la autorización de uso y ocupación número 151-2004 se entregó 17 de noviembre de 2004.

El edificio con 13 años de construcción sigue vacío a cinco meses del sismo y desde el exterior pueden verse las fisuras del inmueble.

Grand Insurgentes

El sismo también exhibió la vulnerabilidad de la construcción del desarrollo “Residencial Grand Insurgentes”, donde más de 150 familias tuvieron que desalojar sus departamentos y mudarse con parientes ante los riesgos que representa habitar el inmueble ubicado en Insurgentes Norte No. 1260 en la colonia Calputitlán en la delegación Gustavo A. Madero.

“Residencial Grand Insurgentes” fue comercializado hace cinco años por DEKAH a un precio de 940 mil pesos a 1.3 millones de pesos por departamento, cuando Neumann y Galván ya eran los hombres de confianza en temas de desarrollo urbano de Mancera en gobierno capitalino.

“No puedo vivir en mi departamento tras el sismo, y nadie me ha dicho quien lo va a reparar”, cuenta la señora Mary quien habitaba el desarrollo desde febrero de 2016.

En fotografías, videos y un recorrido que La Silla Rota hizo al lugar, se pudieron apreciar daños y grietas  en muros, techos y detalles del inmueble.

Los vecinos -con apoyo del director general Jurídico y de Gobierno de la Delegación Gustavo A. Madero-  iniciaron una denuncia penal contra “Residencial Insurgentes 1160” y del representante legal por “uso y utilización de documento falso, delito ambiental por uso de suelo distinto al permitido”.

Otros vecinos también iniciaron una denuncia en la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Gustavo A. Madero por el delito de fraude y quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FGAM/GAM-2/UI-2/D/02541/09-2017


(…) siendo aproximadamente las 13:14 horas, escucho un fuerte crujido y me percato que mi departamento tiene los siguientes daños: se aprecia cuarteaduras, separación de ladrillos en muros, goteras, escurrimientos en la loza, así mismo en pasillos y escaleras hubo desprendimientos de acabados como daño en rampa de escalera norte y desprendimiento de concreto, así mismo se dañaron los muros de los elevadores y toda la fachada del edificio, motivo por el cual en este acto formulo querella y/o denuncia por el delito de fraude, cometido en mi agravio y contra Martín Armando Muñoz Ruiz, apoderado legal de la persona moral Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V.”, declaró en la fiscalía un vecino afectado que compró el departamento en febrero de 2014.

El conjunto lo construyó Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V., que tiene el RFC RIN100804H49 y domicilio fiscal en Insurgentes Norte número 1260 en la colonia Calputitlán, es decir, la misma dirección de desarrollo.

Los derechos sobre el inmueble los adquirió Vertical Homes, empresa que enfrenta daños en cuatro de sus seis desarrollos tras el sismo de septiembre de 2017: Residencial Grand Insurgentes, Grand San Antonio Adad, Bucareli Ciento 21 e Icon Eje Central.

Martín Armando Muñoz Ruiz también es representante legal de Vertical Manzanos S.A. de C.V., desarrollo de Vertical Homes.

En 2015 ante procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se inició una queja contra Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V. y DEKAH -de Neumann y Escobar Galván- por “prácticas coercitivas o desleales de venta, trato o servicio al cliente”.

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En la queja la PROFECO notifica a Residencial Insurgentes Norte 1160 S.A. de C.V. en Río Consulado No. 800de la colonia Ampliación El Gas en la Delegación Azcapotzalco, en donde se encuentra el desarrollo Tres Lagos Santa María, el cual fue construido por la empresa Conjunto Parnelli S.A. de C.V. de la familia Metta, y donde Simón Neumann es apoderado legal, ese desarrollo también fue vendido por DEKAH.

A la oficina de transparencia y acceso a la información de la Delegación Gustavo A. Madero se le solicitó el registro de manifestación de construcción, la constancia de alineamiento y número oficial, la constancia de seguridad estructural, la licencia especial de construcción folio Lespecial-001-10-01-11 y la licencia especial de demolición SLIU/006/010/2011/07 para la construcción de Residencial Gran Insurgentes, pero la información fue negada.


No es posible atender a su requerimiento favorablemente por tratarse información Restringida en su modalidad de Información Reservada, ya que la información forma parte de la Carpeta de Investigación abierta ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, es decir de expedientes de los cuales se están llevando procedimientos administrativos en forma de juicio”, respondió la autoridad delegacional.

Casi 200 familias de Residencial Grand Insurgentes y Spazio Cuauhtémoc no habitan sus departamentos por el riesgo que representa ocuparlos.

Capital Condesa Vasconcelos 92

Documentos vencidos, un derrumbe, sanciones y suspensión de la obra se presentaron durante la construcción del desarrollo Capital Condesa Vasconcelos 92 que vendió BAITA.

La construcción del conjunto de 180 viviendas ubicado en Vasconcelos 92 colonia Condesa estuvo a cargo de Inmobiliaria Becerril y Asociados S.A. de C.V., cuyo administrador único es Roberto Olmedo Mendieta, quien también es apoderado legal de BAITA e Inmobiliaria Movica S. A. de C.V.

El 11 de enero de 2011, la obra fue suspendida por falta de tapiales por la Subdirección de Verificación y Reglamentos de la Delegación Cuauhtémoc, se le sancionó con una multa de 17 mil pesos. El 3 de julio de ese año se registró un derrumbe en la construcción por el colapso de un muro de milan y nuevamente se suspendió la obra.

Representantes de BAITA acordaron correr con los gastos de comida y hospedaje de los vecinos de los inmuebles colindantes dañados para garantizar su seguridad, mientras se realizaban las obras de mitigación.

Se le consultó a la Coordinación Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios sí contaba con los estudios y dictámenes geotécnicos del predio, el 26 de diciembre de 2011 respondió que no contaba con ellos.

La Dirección General de Administración Urbana de la SEDUVI señaló que la resolución de impacto urbano para la obra en Vasconcelos No. 92 ya no era vigente.

La Secretaría del Medio Ambiente emitió el dictamen de daño de impacto ambiental SMA/DGRA/DEIA/002494/2012 el 10 de mayo de 2012.

El INVEA acudió al predio para realizar una investigación por el derrumbe y posibles violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano,  para la dependencia capitalina no había riesgos ni tampoco ilegalidades.

Tras una investigación la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) emitió la resolución administrativa PAOT-2011-784-SOT-389 el 31 de enero de 2013, en la que exhibió las irregularidades de la construcción, a dos mes de que Simón Neumann fuera nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  (SEDUVI).

La PAOT detectó que no se presentó el Dictamen de Impacto Urbano al momento de realizar el Registro de Manifestación de Construcción.


En materia de impacto ambiental, la obra de referencia contravenía el artículo 6 y 72 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo para el Distrito Federal, toda vez que la obra se ejecutó sin contar previamente con la autorización correspondiente”, señaló la procuraduría ambiental.

Le solicitó al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) sobre la violación a Ley de Desarrollo Urbano por la falta de Dictamen de Impacto Urbano, y respondió a la PAOT que se realizó el proceso administrativo INVEADF/OV/DUYUS/825 y que resolvió "sin materia” el 15 de octubre de ese año, es decir, para la dependencia capitalina no había irregularidades ni riesgos.

El desarrollo Capital Condesa Vasconcelos 92 se terminó de construir a pesar de las irregularidades y los problemas constructivos, como sucedió con otros complejos departamentales del "cártel" inmobiliario de la Ciudad de México.

Deslaves en Vista del Campo, Santa Fe

En noviembre de 2015, al menos 116 personas fueron desalojadas del conjunto residencial  Vista del Campo, en Santa Fe, delegación Cuajimalpa. La razón: dos deslaves que sumaron 7 mil metros cúbicos de tierra desgajada ponían en riesgo la vida de los condóminos.

El conjunto fue construido sobre un talud de tierra que funcionó como banco de arena hasta 2003, cuando fue clausurado. En un ejercicio que hizo el periódico Reforma en 2015, se mostró cómo según registros fotográficos de 12 años atrás, el lugar era sólo arena. El diario entrevistó a Diana Ponce, ex procuradora Ambiental la Ciudad de México, quien aseguró que hay registros de que ese banco de arena fue sobreexplotado y el terreno era inestable. 

Aún así, BAITA vendió cinco torres con departamentos de lujo, que iban de los 280 metros cuadrados a 412, según la publicación "Guía d' Inmuebles, edición 9, año 2005". 


Un conjunto de 76 lujosos departamentos diseñados con un concepto arquitectónico único en su estilo, en el que se puede gozar de privacidad y comodidad debido a su cuidadoso y estratégico plan de construcción", se lee en la publicidad de BAITA en la revista impresa.

Las autoridades atribuyeron el deslave a que una casa irregular en el terreno, que no pertenecía a Vista del Campo, tenía un mal sistema de drenaje y se había filtrado agua. La investigación estuvo a cargo del gobierno de la Ciudad de México, a pesar de que el jefe de gobierno había sido representante legal de BAITA de 1995 a 2003 y copropietario de locales comerciales con Neumann.

El costo de las obras de mitigación por el deslave en Vista del Campo que comercializó BAITA corrió a cargo del gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a documentos oficiales.

El 25 de mayo de 2017 en la 5a. Sesiones del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras se aprobó la contratación de la "Tercera Etapa de Mitigación Emergentes ubicados en el Fraccionamiento Vista del Campo" para estabilizar el talud por 56 millones de pesos, más 2.6 millones de pesos por la supervisión de los trabajos.



De acuerdo con los integrantes del Subcomité a pesar de las obras realizadas en 2015 y 2016 no era seguro, "el grado de deslave aunque es menor se siguen presentado debido a los factores climatológicos principalmente las lluvias incrementándose en las fisuras y grietas en el talud, por los que es necesario la estabilización de los taludes con la finalidad de no poner en riesgo la integridad física de los habitantes del lugar y sus bienes". Ahora los departamentos, según los expertos, perdieron el 50% de su valor inicial, que partió en aquel  entonces en  14 millones de pesos.

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