El Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad en el caso de 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa emitirá una nueva resolución para aclarar sus cuatro sentencias.
El magistrado Mauricio Fernández de la Mora, hizo suya una solicitud de aclaración planteada en representación del presidente de la República, así como de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Esto con la finalidad de que el Pleno del Tribunal Colegiado, “esté en aptitud de abordar dichos planteamientos” en la próxima sesión ordinaria.
En los amparos, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Reynosa, Tamaulipas, no reconoce la investigación de los estudiantes desaparecidos de la Procuraduría General de la República (PGR).
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En ese sentido, ordenó que se creara una comisión investigadora con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la cabeza y en donde el Misterio Publico actuaría como auxiliar.
Respecto a la nueva resolución, el magistrado consideró que se trata de una "aclaración oficiosa" de la sentencia, ya que ha generado confusión y críticas por parte de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia.
El consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Misha Granados, y el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo solicitaron la aclaración debido a que el tribunal colegiado sugirió al ejecutivo que una indemnización de 500 mil pesos a cada familia de los desaparecidos.
De igual manera pidió que todo el gabinete colaborara en lo que sería la nueva etapa de investigación.
Además, solicitó a la Cámara de Diputados conceder presupuesto a la Comisión de la Verdad y la Justicia. Esta aclaración es independiente del recurso “imposibilidad real, jurídica y materia”, que la PGR presentó la semana pasada ante el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Sabino Pérez García, quien tiene la competencia de revisar que se acate el fallo del Tribunal Colegiado. Dicho incidente imposibilidad podría llevarse algunas semanas y la sentencia de Pérez García sobre si es o no posible cumplir los amparos, podría ser revisada por la Suprema Corte de Justicia.
En ese sentido, el tiempo que se tome para tramitar el incidente de imposibilidad, la PGR no incurre en el desacato de los amparos, ya que otorgan un plazo de hasta 10 días hábiles para iniciar operaciones de la Comisión de la Verdad.
Con información de Reforma
cbl