No sólo a través de un esquema de simulación una dependencia a cargo de Rosario Robles, la Sedesol, presuntamente desvió 955 millones de pesos por medio de Radio y Televisión de Hidalgo, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también detectó la probable malversación de 185 millones de pesos más mediante trabajos inexistentes que encargó a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, ubicada en un municipio rural, que lleva el mismo nombre, en el estado.
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A través del Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, esta secretaría entregó 185 millones 839 mil 480 pesos a la institución educativa, la cual, a su vez, pagó 98 por ciento de ese monto a terceros, para que presuntamente hiciera los servicios.
No obstante, por la auditoría forense 196-DS, el órgano fiscalizador detectó que quien aparece como accionista mayoritaria y administradora única en uno de los dos proveedores que subcontrató la universidad, manifestó que no era representante legal, ni administrador único, ni accionista ni ninguna otra figura jurídica de la empresa, y que por lo tanto no prestó servicio alguno.
El otro no acreditó en su totalidad los pagos a quienes presumiblemente ejecutaron los trabajos, además, la ASF constató que personas que se incluyeron en los resúmenes ejecutivos de personal, con los que se pretendió comprobar los servicios, son funcionarios y exfuncionarios públicos de distintas dependencias y entidades de la administración pública federal –cuyos nombres no incluyó–; asimismo, la UPFIM transfirió recursos a otras empresas vinculadas por una misma persona como comisario y/o accionista.
A estos supuestos proveedores, transfirió 181 millones 959 mil 500 pesos.
Pero los acciones por los cuales la Sedatu pagó 185 millones, según la auditoría 1792-DE, parte del tercer informe de la cuenta pública 2016, nunca se realizaron.
Del software de automatización del registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en sus diferentes módulos, que supuestamente realizó, la Universidad, afirmó la ASF, no presentó evidencia fehaciente que permita constatar que corresponde al sistema que se debía instalar, ya que sólo mostró un demo en una lap top para acreditar el servicio.
Además, en relación con el padrón resultante del levantamiento de datos de empadronamiento de las usuarias de los servicios de dicho Centro, detectó que es coincidente en 98.6 por ciento (12 mil 91 registros de un total de 12 mil 265) con el generado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, contratado por la misma dependencia.
En lo que corresponde al Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort, MAP-Módulo de Atención Primaria, su contenido es semejante al presuntamente realizado por la Universidad Autónoma Indígena de México, actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, contratada por la Sedatu de forma simultánea para la realización de los mismos trabajos.
Aunado a ello, el ente fiscalizador presume que dicho diagnóstico fue realizado con anterioridad a la fecha de contratación y ejecución de los servicios, ya que el contenido coincide con la descripción del tercer componente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al amparo de la Cooperación Técnica número ME-T1259, formalizada el 28 de marzo de 2014.
Otra anomalía comprobada por la Auditoría es que la UPFIM indebidamente pagó 179 millones 544 mil 30 de pesos con recursos del "Programa de Infraestructura S273”, el cual no era compatible con los servicios solicitados.
Por otra parte, refiere que aun cuando la Sedatu estableció en el convenio específico suscrito con la Universidad que ésta debería presentar las facturas desglosando el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en ninguna de las nueve, por un total de 185 millones 839 mil 500 pesos, lo desglosó. El IVA representaba 25 millones 633 mil pesos, sin que la dependencia federal haya exigido a la casa de estudios la presentación de las facturas con los requisitos fiscales. Aún con este incumplimiento, procedió a su pago.
Asimismo, mediante nueve Actas de recepción de servicio, trabajo y/o material suscritas presuntamente por el titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo (DGOTAZR), entre el 8 de marzo y 14 de octubre de 2016, las entidades fiscalizadas pretendieron hacer constar que se prestaron los servicios en tiempo y forma; sin embargo, los inspectores comprobaron que las firmas fueron falsificadas.
El 18 de enero de 2018, el funcionario compareció ante la ASF y manifestó en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 023/CP2016 que no reconocía como suyas las firmas y rúbricas contenidas en el Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, de fecha 2 de febrero de 2016 y su Anexo de Ejecución; en la orden de trabajo vinculada al mismo; en Actas de Entrega-Recepción; en Actas de Recepción de servicio, trabajo y/o material, ni en el Acta de Cierre del Convenio.
Aunado a ello, aseguró que jamás solicitó la prestación de los servicios, que nunca ha tenido contacto ni conoce a persona alguna de la UPFIM y que no solicitó al Director General de Programación y Presupuestación de la Sedatu el pago de recursos a favor de la universidad; por lo que, según sus palabras, “era una falsificación clara de su firma y rúbrica, así como un uso incorrecto de su cargo, hecho que denuncio desde el mes de junio de 2017 ante la Procuraduría General de la República (PGR), tal y como lo acreditó con la copia certificada del escrito de denuncia y su ampliación”.
Francisco I. Madero, sede de la Universidad, es un municipio rural de Hidalgo con 33 mil 901 habitantes, de los cuales, con base en el informe 2010 sobre la situación de rezago que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), 55.5 por ciento viven en pobreza.
La Silla Rota publicó, en su edición del 23 de febrero, cómo mediante convenios firmados en 2014 y 2015 con las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano y Territorial, a cargo de Rosario Robles Berlanga, 66 millones 161 mil 600 pesos fueron transferidos, a través de Banco Monex y CI Banco, a Pakistán, China, Corea del Sur, Bélgica, Israel, Ecuador y Estados Unidos. El dinero fue destinado a la compra de divisas en dólares americanos.
ams