Opinión

Venezuela grita Libertad

Venezuela vive uno de los momentos más críticos de la ya larga crisis humanitaria, económica y política que ha padecido durante los últimos años. | Marco Adame

  • 29/01/2019
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Venezuela vive uno de los momentos más críticos de la ya larga crisis humanitaria, económica y política que ha padecido durante los últimos años, luego de que el dictador Maduro usurpó la presidencia el pasado 10 de enero y desconoció a la Asamblea Nacional.

Ante la falta de presidente, el pasado 23 de enero, con base en la Constitución de Venezuela y en medio de multitudinarias manifestaciones, Juan Guaidó juramentó como “presidente encargado” con el fin de convocar elecciones y dar una salida democrática y pacífica a la crisis venezolana. Lamentablemente Nicolás Maduro, aferrado al poder y con el apoyo de los militares, busca por todos los medios prolongar la dolorosa dictadura que tanto ha lastimado al pueblo venezolano.

La Constitución venezolana establece que en caso de ausencia absoluta del Jefe de Estado, corresponde al titular del Legislativo ocupar de forma temporal el ejecutivo y convocar a elecciones; y a su vez, le da la potestad a los ciudadanos y a otros poderes de no reconocer a quienes violen la Constitución.

Nicolás Maduro terminó su periodo constitucional el pasado 9 de enero y asumió para un nuevo mandato basándose en las elecciones fraudulentas del 20 de mayo, donde no se permitió participar a tres partidos opositores y las cuales fueron convocadas por una autoridad ilegítima; la Asamblea Nacional Constituyente, creada por Maduro para desconocer a la Asamblea Nacional.

Las elecciones fueron desconocidas por la comunidad internacional desde mayo del 2018. Países como Estados Unidos, el Grupo de Lima -incluyendo a México- y la Unión Europea, afirmaron que carecieron de garantías democráticas. Y el pasado 10 de enero el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) las declaró ilegítimas y llamó a realizar nuevos comicios con “todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo”.

Maduro ha violado la Constitución con unos comicios fraudulentos; creando la Asamblea Nacional Constituyente; despojando a la Asamblea Nacional de casi todas sus facultades desde 2017; y haciendo que el Tribunal Supremo usurpe el poder de la Asamblea Nacional ejerciendo funciones que le corresponden al parlamento,, como aprobar los presupuestos, entre otros.

Organismos internacionales como la OEA, el Grupo de Lima y decenas de países democráticos han respaldado ya al presidente Guaidó y han condenado la dictadura de Maduro, exhortándolo a que facilite con su salida el retorno de Venezuela a la democracia, el respeto a los derechos humanos y la solución de la crisis humanitaria. Otros como España, Alemania y Francia han puesto un ultimátum al usurpador Maduro para que se convoque a elecciones en los próximos días y de no ocurrir esto anticipan su respaldo al presidente encargado Juan Guaidó.

Ante esta crisis profunda, resulta vergonzoso que el gobierno de México haya decidido guardar un silencio cómplice y apoyar al usurpador Nicolás Maduro, amparándose mañosamente en la primera parte de un párrafo del artículo 89 constitucional para justificar la no intervención, cuando el propio párrafo lo obliga “a velar por el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

Existen varios informes elaborados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos fundamentales cometidas por el gobierno dictatorial de Maduro. En su último informe del 2018, relató las violaciones perpetradas del 2015 al 2017 en el marco de las “Operaciones para la Liberación del Pueblo”, que según la Fiscalía General de Venezuela dejaron un saldo de 505 muertos a manos de las fuerzas del Estado.

Y ante las repetidas violaciones a los derechos fundamentales por parte del gobierno del usurpador Nicolás Maduro, los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la Corte Penal Internacional “iniciar una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habrían tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014”.

Todo lo anterior ha llevado a que el pasado 27 de septiembre de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobara una resolución “por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”.

La comunidad internacional se mantiene en alerta y con un apoyo sostenido a las próximas acciones dadas a conocer por el presidente Guaidó, que ha dispuesto un comité especial para documentar las más recientes violaciones a los derechos humanos, que inició la toma del control de los activos de República en el exterior para evitar que el usurpador Nicolás Maduro acabe con los recursos en una eventual salida del poder; y que ha convocado a dos nuevas manifestaciones para esta semana. Con estas medidas Venezuela se prepara para el desenlace de la dictadura de Nicolás Maduro.

El gobierno mexicano debe rectificar de inmediato su posición y cumplir con su obligación constitucional de la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y la democracia. Y esto implica dejar de apoyar al usurpador Nicolás Maduro. Nuestro país no puede ser indiferente cuando están de por medio la paz y los derechos humanos, la no intervención es intervención en favor de la dictadura.

México debe estar del lado correcto de la historia, del lado de las libertades, de los derechos humanos y de la democracia. El gobierno de México debe reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado y apoyar a la sociedad venezolana en su búsqueda de una solución pacífica a la crisis política y humanitaria que está sufriendo.

Por una Guardia Nacional Civil

@MarcoAdame  | @OpinionLSR | @lasillarota


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