Opinión

Por una Guardia Nacional Civil

Es de suma importancia que todas las aportaciones de las audiencias públicas para la Guardia Nacional se reflejan en una reconfiguración de la propuesta de ley. | Marco Adame

  • 15/01/2019
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La Cámara de Diputados ha sido convocada a un periodo extraordinario para discutir y, en su caso, someter a votación el dictamen que contiene las reformas constitucionales de la denominada Guardia Nacional, una fuerza propuesta por el ejecutivo federal, con mando y estructura militar, para enfrentar la crisis de seguridad y violencia que padece nuestro país.

A pesar de las diferencias en las cifras publicadas sobre los delitos de alto impacto, es un hecho que las instituciones se encuentran rebasadas y que es necesario tomar grandes y diferentes decisiones, con la participación de ciudadanos y autoridades para enfrentar esta prioridad y emergencia nacional.

Es de suma importancia acertar en la estrategia que se deberá seguir, ya que se requiere de soluciones integrales y no de parches o decisiones aisladas. Los pasos a seguir son de tal trascendencia que no son susceptibles de improvisaciones mal planeadas o de ejercicios de prueba y error; pues lo que está en juego son las vidas y la seguridad de todos los mexicanos.

Por lo anterior, es de celebrar que se hayan realizado las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional permitiendo con ello que gobernadores, alcaldes y especialistas de la sociedad civil, dieran sus opiniones sobre las carencias o problemas que vislumbran en la actual propuesta de ley.

Los resultados de las audiencias públicas

Una de las ideas más reiteradas por los ponentes en las audiencias fue que la militarización no es la solución, que institucionalizarla en la constitución sería un doble daño y que el mando de la Guardia Nacional debe ser civil y no militar.

Si bien es importante reconocer la labor que han desarrollado hasta ahora las fuerzas armadas en el combate a la inseguridad, ante una situación donde las autoridades civiles estaban ya rebasadas. Esta labor debe ser subsidiaria, no debe suplir la existencia de una policía civil y debe darse por un periodo de tiempo limitado con miras al fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública.

Otra de las conclusiones en las audiencias fue que la estrategia de seguridad debe sustentarse en el respeto a la soberanía de los estados, apoyando el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales de seguridad. El federalismo es un principio consagrado en la Constitución que debe ser salvaguardado frente estrategias centralistas que pudieran debilitar a los estados y municipios.

Debe haber claridad en cuanto al presupuesto destinado a la Seguridad Pública. La Guardia Nacional no justifica la reducción del presupuesto federal destinado a las autoridades estatales y municipales, sino que por el contrario se debe trabajar más en su profesionalización y en el fortalecimiento de sus capacidades.

También se abundó sobre la necesidad del establecimiento de los marcos de colaboración para la participación conjunta de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Deben estar perfectamente clarificadas las competencias de la Guardia Nacional, del Ministerio Público y de las autoridades locales para que no exista invasión de atribuciones en el combate a delitos de orden local o federal, y para el respeto irrestricto a la soberanía estatal y la autonomía municipal. 

Otro de los temas claves mencionado en las audiencias fue el de establecer con claridad los requisitos para el reclutamiento, permanencia y desarrollo profesional del personal que será convocado para integrar la Guardia Nacional, lo cual implica evaluaciones y controles de confianza adecuados y la capacitación suficiente; no sólo en el uso de la fuerza sino también en el respeto de la ley y de los derechos humanos.

Habiendo concluido las audiencias públicas para la Guardia Nacional, es de suma importancia que todas las aportaciones que se han expresado estos días se vean realmente reflejadas en una reconfiguración de la propuesta de ley, de lo contrario todo el ejercicio habrá sido una simulación y no una auténtica práctica de parlamento abierto.

La apertura parlamentaria debe ser un ejercicio donde se ponderen realmente las distintas opiniones y se construyan acuerdos; y no un simulacro para justificar una imposición, sobretodo en temas tan trascendentes como lo es la construcción de una estrategia integral para lograr la paz, la justicia y la seguridad de todos los mexicanos. Por el bien de México estaremos vigilantes de que esto suceda.

Un año de grandes cambios

@MarcoAdame | @OpinionLSR | @lasillarota

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