Opinión

Una opción para el CONACYT

El CONACYT podría orientar su trabajo a la investigación y convertirse en una institución pública interdisciplinaria adscrita a la SEP. | Javier Torres Parés*

  • 19/05/2019
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Creado el 29 de diciembre de 1979, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tuvo como objetivo inicial fortalecer la estructura administrativa de las instituciones dedicadas a la investigación científica y tecnológica reconocidas como Centro Público de Investigación e integró también a colegios como el de Michoacán y el de la Frontera Norte. En poco tiempo el CONACYT transformó y amplió sus objetivos y se convirtió en un oneroso organismo autónomo, que en pleno auge del neoliberalismo, impuso la orientación gubernamental relacionada con la producción de conocimiento en las instituciones de educación superior y de investigación. Actualmente, además de una Junta de Gobierno, este organismo cuenta con una Dirección General, un nutrido grupo de direcciones adjuntas y unidades administrativas y legales así como mecanismos de coordinación institucional, es decir, ha constituido un fuerte aparato administrativo.

Justificándose en su misión de coordinar la política científica del país, priorizó la innovación tecnológica y las disciplinas caracterizadas en su momento con el ridículo término de “ciencias duras” en detrimento de las humanidades, tal vez por el carácter crítico que ocasionalmente éstas adquieren o por ser consideradas innecesarias para el desarrollo nacional. Todo esto centralizado en un llamado “Foro Consultivo”. Ampliamente financiado por ley, el CONACYT puede constituir fondos de ciencia y tecnología, incluso sin la aprobación de la Secretaría de Hacienda para evitar lo que considera trámites innecesarios. En la actualidad nuestra burocracia de la ciencia puede imponer su orientación en la producción intelectual y cultural a cualquier institución que tenga funciones de investigación y docencia, incluso a las universidades supuestamente autónomas.

En el ámbito de las universidades autónomas el CONACYT ejerce un financiamiento distinto al que otorga el Congreso, simulado con becas y recursos para la investigación que han adquirido un peso creciente en el funcionamiento de la academia. En la medida en que dichas becas son prácticamente permanentes, en los hechos otorga sueldos extraordinarios a académicos y a grupos específicos de investigadores que orientan su trabajo en función de los requisitos planteados por ese organismo.

Además de las becas a estudiantes, de las cuales dependen por ejemplo numerosos posgrados de la UNAM, o por la vía del Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT se ha constituido en un aparato administrativo dedicado en buena parte a efectuar evaluaciones del trabajo académico pero no produce una coma de docencia o de investigación por sí mismo. Sin embargo, instituciones como la UNAM, contemplan dichas evaluaciones plenamente en su legislación y las efectúan con pleno apego a las características de sus tareas académicas, incorporando incluso a académicos externos y las llevan a cabo con plena concordancia con la legislación laboral del país y con su propia normativa.

Sin embargo, el neoliberalismo en el terreno de la educación superior logró imponer una doble evaluación, con los consiguientes costos para el erario, con el objeto de reorientar el trabajo de las universidades públicas autónomas. Si bien la legislación sobre la autonomía universitaria permanece en nuestra Constitución Política y en la medida en que ésta consiste precisamente en el financiamiento que le otorga el Congreso de la Nación, la autonomía se vuelve paulatinamente letra muerta.

La actitud de los legisladores de Morena y sus aliados, hace temer que esta figura constitucional en el terreno de la educación pública superior pueda desaparecer hasta por descuido, pese a los evidentes aportes de la UNAM y de otras universidades públicas al desarrollo del conocimiento y al progreso nacional en numerosos ámbitos humanísticos y científicos, puesto que la autonomía, es de por sí solidaria con el sistema educativo nacional y con las ambiciones de cultura y desarrollo de la Nación. Sólo hay que recordar que algunos legisladores, ahora acomodados en Morena, aceptaron eliminar de la Constitución la obligación del Estado de financiar la educación pública superior. Así mismo, la llamada Nueva Escuela, planteada por el actual gobierno, resuena en los mismos términos en que el salinismo planteó la privatización de las instituciones educativas. Esteban Moctezuma Barragán aplaudió con gran entusiasmo las reformas privatizadoras de la educación pública de Carlos Salinas de Gortari y las de Ernesto Zedillo Ponce de León.

En su libro La educación pública frente a las nuevas realidades, Moctezuma Barragán sostiene que el subsistema de educación superior e investigación recibe apoyos crecientes del gobierno, apoyos que seguramente no fueron presupuestales puesto que la disminución de los recursos a las universidades públicas es un hecho que se agudizó drásticamente a partir de 1995, periodo en el que también disminuyó el poder adquisitivo de los salarios. La mención del porcentaje presupuestal que se destina a la educación superior, que evidentemente consideraba excesivo, sólo sirve para concluir con otros funcionarios e intelectuales antes y después de Moctezuma Barragán, acerca de la necesidad de un sistema de evaluación. Dicha evaluación, como se puede ver en su libro, permitiría sobre todo regular la matrícula universitaria así como la contratación de profesores y disminuir los presupuestos para esas formaciones además de promover el desarrollo de las instituciones de educación privada, especialmente en el ámbito de la educación superior. [1]

En dicho periodo el sistema educativo pronto presentaría severas fracturas, en buena parte causadas por las reducciones presupuestales, por la imposición de modelos pedagógicos inapropiados, causa de la deserción escolar y por la disminución deliberada de la matrícula profesional y de bachillerato en las escuelas públicas.

El rezago educativo en estos años se encuentra en la base de numerosos conflictos sociales protagonizados por profesores y por los jóvenes que con todo derecho y legitimidad académica reclamaron opciones educativas propedéuticas y bivalentes, de educación media superior y superior. En cambio, como sabemos, la política educativa nacional adoptó de manera creciente las directivas de restricción educativa y privatización dictadas por los organismos internacionales y disimuló la insuficiencia de la oferta educativa con mecanismos de regulación de la matrícula por medio de exámenes y medidas administrativas. Esas fueron y son actualmente las principales virtudes de la evaluación[2]. Hoy, el Conacyt representa la realización plena de aquél frenesí evaluador. La paradoja es que la política educativa neoliberal parece triunfar en las instituciones de investigación y de educación superior en la llamada “Cuarta Transformación”. Seguramente el neoliberalismo en este terreno puede sentirse satisfecho.

Al interior del ámbito universitario, los efectos del periodo neoliberal son también evidentes. En nuestro caso, al fortalecimiento de instituciones evaluadoras administrativas como el CONACYT se agrega el desarrollo del dominio de lo administrativo al interior de nuestras universidades. Tal es el caso de la UNAM. Según David Graeber, esta tendencia en las universidades en el mundo, no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Este autor señala el gasto en trabajo y dinero que implica elaborar cuestionarios inútiles, responder a numerosos mecanismos de evaluación adicionales a los establecidos tradicionalmente, así como la multiplicación de informes y gestiones que obligan a administradores y académicos a utilizar su tiempo en este tipo de tareas que él llama trabajo “bullchitalizado” [3]. Es este poder de lo administrativo evaluador el que por muy distintos medios ha convertido la concentración de recursos en un sistema fuertemente implantado y que le ha dado a los “pares” un poder caciquil en el mundo académico, todo lo cual actualmente ha generado numerosos intereses creados que hoy resisten cualquier transformación auténtica del aparato administrativo creado por el neoliberalismo. La corrupción en la UNAM no es tal. Es un sistema equívoco de distribución de recursos y responsabilidades establecido por los procedimientos administrativos de evaluación en las tres últimas décadas con la complacencia o la resignación de autoridades universitarias y de académicos.

Una opción para el CONACYT

Una opción para el CONACYT es la desaparición de sus funciones y organización actuales y orientarlas en bien del desarrollo científico y humanístico. Un modelo interesante, muy exitoso y prestigiado, es el del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que por cierto no evalúa otra cosa que su propio trabajo de investigación.

El CONACYT podría orientar su trabajo a la investigación propiamente dicha y convertirse en una institución pública interdisciplinaria adscrita a la Secretaría de Educación Pública. Tiene la opción de ser un organismo de investigación solidario con el proyecto de desarrollo nacional cuyo objeto no sea el de supervisar, condicionar o evaluar el trabajo de otras instituciones, sino el de llevar a cabo por sí mismo investigaciones que determine como necesarias o prometedoras, convocando para ello a investigadores de diversas instituciones o incluso asociándose con empresas que financien aquellas investigaciones que respondan al interés general de la Nación y se comprometan a utilizar el conocimiento producido en bien de la sociedad.

El CONACYT puede transformarse sin renunciar a su tarea de asesorar a organismos públicos en cuestiones de naturaleza científica o humanística y contribuir con la política científica que se dé a sí misma la Nación y, como dice en sus objetivos el CNRS, abierto a lo desconocido. Podría también formar investigadores que, concluido algún proyecto, puedan optar por empleos en instituciones públicas o en empresas privadas. Deseablemente, muchos de los recursos empleados ahora para administrar, podrían dedicarse a la investigación con un organigrama mucho más sencillo enfocado en sus centros y proyectos de investigación. Tal vez de esta manera el CONACYT pueda trascender su actual carácter administrativo y de financiamiento paralelo de las instituciones públicas de investigación y docencia y ser mucho más útil para el desarrollo del conocimiento.

*Javier Torres Parés. Doctor en  Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París. Licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesor Titular A, imparte cursos en los departamentos de posgrado de Estudios Latinoamericanos y de Historia de México, Facultad de Filosofía y Letras. Tutor (asesor de tesis de posgrado) de los programas de Estudios Latinoamericanos, Historia y Antropología y en la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos. Coordinador del Colegio de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras.

[1] Esteban Moctezuma Barragán, La educación pública frente a las nuevas realidades, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 7-24.

[2] Una revisión detallada de la política educativa del periodo y del rezago educativo se encuentra en el artículo “La nueva escuela”, que publiqué junto con Adel Gutiérrez Tenorio y Jorge Humerto Miranda Vázquez en Quorum, Año IX, num. 73, Julio –agosto de 2000, Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados, LVII Legislatura, pp. 204-224.

[3] David Graeber, Bull Shit Jobs, Simon & Schuster, New York, 2018, pp. 160-163.

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