El 30 de abril de 2019, se dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que contiene los puntos torales en los que se sustenta la planeación democrática del desarrollo nacional del presidente López Obrador. Se trata básicamente del documento en que se abordan -sucintamente- los problemas que enfrenta México y la forma en que se les deberá dar solución.
De acuerdo con el contenido del referido Plan, advertimos -en inicio- el señalamiento de lo que nosotros llamamos los doce mandamientos, y que se trata de los principios bajo los cuales se pretende hacer viables sus objetivos.
Los doce mandamientos son los siguientes: 1. Honradez y honestidad; 2. No al gobierno rico con pueblo pobre; 3. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie; 4. Economía para el bienestar; 5. El mercado no sustituye al Estado; 6. Por el bien de todos, primero los pobres; 7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; 8. No puede haber paz sin justicia; 9. El respeto al derecho ajeno es la paz; 10. No más migración por hambre o por violencia; 11. Democracia significa el poder del pueblo, y 12. Ética, libertad y confianza.
El carácter de mandamiento (reiteramos, otorgado por nosotros) obedece a nuestra intención de poner en claro que se trata de verdaderas disposiciones que pretenden dar forma y cause a las políticas públicas adoptadas por el gobierno del presidente.
Mandamientos en cuanto constituyen un mensaje del presidente para las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal a su cargo, quienes deberán estar muy atentos a su observancia y cumplimiento, toda vez que -se señala- en caso de no acatarlos serán sancionados administrativamente e incluso, cuando lo amerite, turnados a la Fiscalía General de la República.
Luego de revisar el citado Plan, llegamos a la conclusión de “nada nuevo bajo el sol”, es decir, su contenido -por supuesto, eminentemente político- bien puede describirse como una relatoría ideológica del discurso anticorrupción del presidente.
Lo interesante ahora parece estar en el cumplimiento que, de estos doce mandamientos, le den todos los servidores públicos empezando por el presidente quien, de acuerdo con su propia filosofía, deberá poner el ejemplo a través de sus acciones y determinaciones. Esto significaría congruencia entre lo que se dice en el Plan y lo que se haga en la realidad, sin contradicciones.
Las dinámicas de contratación de bienes, servicios y obra pública de este gobierno, se han concentrado mayormente en procedimientos de adjudicación directa, situación que no contribuye a un mensaje de atención al conjunto de estos doce mandamientos. El presidente deberá olvidarse de ordenar hacer compras mediante estos procedimientos, para evitar conductas discrecionales que favorecen prácticas corruptas por su opacidad y subjetividad.
Evitar caer en la tentación de la corrupción implica abstenerse de incurrir en actos u omisiones que, al amparo de una instrucción presidencial, obvien procedimientos establecidos en la legislación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas, entre otros.
De la misma manera, los doce mandamientos o principios a que nos hemos referido, conllevan un alto grado de exigencia en materia de ética pública y transparencia. Esto quiere decir, en materia de adquisiciones o contrataciones públicas, no sólo se trata de atender a los procedimientos de licitación previstos en la Constitución y en las leyes especiales, sino de evitar la tentación de la simulación como medio para “justificar” la asignación o no de contratos.
Sería de suma relevancia que, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y ahora el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se trabajara en el diseño de mecanismos e instrumentos normativos “anti simulación” para todo tipo de contrataciones públicas y, fundamentalmente, para aquellas del tipo Tren Maya y refinería Dos Bocas, cuyas implicaciones económicas son de trascendencia internacional.
Tanto la discrecionalidad como la simulación son fieles eslabones en la cadena de la corrupción, elementos antagónicos a la transparencia y rendición de cuentas.
Más allá de la observancia y cumplimiento de los doce mandamientos o principios del Plan, el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas es un imperativo permanente, puesto que no sólo se trata de gastar menos, sino de gastar o ejercer los recursos públicos en las mejores condiciones, conforme se establece en el artículo 134, párrafo tercero, constitucional, que indica: “…asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
* Mtro. Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.