Pocas elecciones han sido tan seguidas, comentadas y han logrado dividir tanto las opiniones como la pasada elección del 1 de julio de 2018.
La cantidad de cargos de elección popular en juego, el perfil de los candidatos, la baja confianza que los ciudadanos sentimos hacia este gobierno, la crisis sin precedentes de violencia, fueron factores que radicalizaron posiciones en favor o en contra del proyecto del actual presidente electo, al tiempo que favorecieron una victoria avasalladora del mismo.
A menos de 40 días del inicio oficial del presidente López, el actual gobierno del presidente Peña ha quedado totalmente desdibujado, mientras que Andrés Manuel López Obrador y los propuestos como futuros funcionarios, “dan nota” varias veces al día, todos los días.
La saturación de propuestas muestra un deseo por actuar y empezar a atender lo que hoy legalmente no pueden. Sin embargo, ese exceso de comunicación, por lo menos en el área de seguridad, lejos de aclarar los puntos vacíos, impulsa a pensar que el equipo de transición desconoce el reto que tienen por delante, las acciones ya implementadas, los resultados de cada acción, con qué recursos cuentan y cómo usarlos.
Si bien, es evidente que las acciones emprendidas no han producido disminución de delitos, es indispensable rescatar la experiencia de los últimos 12 años, comenzando por definir qué es una buena práctica y cómo maximizarla, para poder establecer un plan que permita reorganizar o mejorar lo que hasta el momento se ha hecho.
Un ejemplo es la división del país en 265 zonas de atención por parte de la Secretaría de Seguridad (¿Nacional?, ¿Federal?, ¿Pública?, ¿Ciudadana?) ¿es positivo dividir el país en mini-regiones? A priori es imposible contestar. Resulta difícil evaluar la validez de la propuesta dado que no conocemos los criterios que sustentaron esta decisión y qué programas se piensan implementar.
No se puede estar a favor o en contra de una decisión de política pública como ésta, como tampoco se puede afirmar que sea positiva o negativa sin los elementos clave de qué objetivo general y qué objetivos específicos persigue; con qué información se decidió dividir en 265 regiones y no en 50, 200, 300, 500 o 1,000; cuáles de los indicadores de desempeño y de resultado se diseñaron para medir el impacto y cuál es el costo de la operación.
Precisamente porque no es la primera vez que se intenta generar polígonos, regiones, áreas de atención prioritaria, para focalizar la atención de las fuerzas federales, es indispensable partir de qué sí y qué no ha funcionado para diseñar políticas sustentadas en datos y evidencia.
Otro ejemplo, es la propuesta de mantener la militarización de la seguridad en nuestro país, a través de la conformación de un Mando Único que incluya Policía Federal, Ejército y Marina.
Esta política ha sido señalada una y otra vez como un error por colectivos de víctimas, expertos, organismos internacionales, y contradice la narrativa de campaña y las críticas hechas en los últimos 12 años a los dos anteriores gobiernos, por el presidente electo y muchos de los que están propuestos para ocupar cargos en la nueva administración.
Si bien, debemos reconocer el trabajo de las fuerzas armadas en labores de seguridad en aquellos lugares que no tendrían condiciones mínimas de gobernabilidad sin su presencia, también es importante recordar que, las fuerzas armadas no tienen formación policial y en los últimos 12 años -a diferencia de lo que sucede en los casos de intervención policial- los índices de violencia en los lugares donde soldados o marinos han sustituido a las fuerzas civiles de seguridad, nunca regresan a los niveles que se tenían antes de la crisis de violencia.
La propuesta por sí misma no resuelve las asimetrías de formación de las fuerzas federales; no desarrolla las competencias de cuerpos civiles, en marinos y soldados; no generar identidad de cuerpo en aquellos elementos que deben confiar su vida en sus compañeros.
De nuevo propuestas ya escuchadas que no buscan aprender de los errores del pasado y que difícilmente tendrán los resultados que los mexicanos requerimos.
Esta ha sido una larga transición, esperemos que en 40 días los vacíos de información se llenen y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador -un gobierno que se propone con una vocación social diferente- le rinda verdaderamente cuentas a la sociedad de acciones y resultados sobre la base de datos, dejando a un lado las declaraciones políticas autocomplacientes que tanto daño le han hecho al país.