En vísperas del sexto y último Informe de Gobierno del Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, el ambiente político-laboral, para algunos, es de tristeza, desánimo, apuración y hasta temor -por qué no decirlo- seguramente por lo que deja la actual administración y lo que se avecina con el cambio de batuta en la gobernanza de la Nación.
Políticos veteranos y recién lanzados o graduados como políticos siguen tan enfiestados, que de pronto parecen continuar en plena campaña, prometiendo las joyas de la Corona.
Sin embargo, la reprimenda democrática para el régimen político saliente ha puesto en claro que el pueblo ya aprendió la lección, y aunque apenas el 1 de diciembre de 2018 iniciará el nuevo gobierno federal, éste debe tener muy presente que ahora más ciudadanos conocen el camino para remover a los servidores públicos y políticos de los cargos públicos constitucionalizados, cuando no rindan buenas cuentas o resultados positivos en general a la sociedad.
Termina un régimen político marcado por la corrupción, un régimen que sería injusto cargarle toda la culpa a un solo partido político, ya que el grueso de la sociedad ahora tiene presente que se trata de un régimen compuesto y operado por el PRI, PAN y PRD.
De cualquier forma, en esta ocasión le toca entregar las riendas de la Nación al partido hegemónico por décadas, hasta ahora denominado Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Al margen de las culpas y los fracasos, lo cierto es que nuestro Estado constitucional, democrático y de derecho establece la obligación del Presidente de la República (artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) de rendir, ante el Congreso de la Unión, un informe por escrito del estado que guarda la administración pública del país.
La importancia de este acto nada tiene que ver con la solemnidad y la presencia de la figura presidencial como era en antaño, donde lo relevante era que se trataba de un acto en el que el titular de un Poder, el Ejecutivo, personalmente asistía ante el Congreso General, Poder legislativo, a rendir dicho informe, más en un alarde de poderío institucional -cual soberano absoluto y protagonista de su propia obra-, que con la intención de transparentar y de rendir cuentas al pueblo.
Transparencia y rendición de cuentas
Sería importante retomar el espíritu del Constituyente que estableció en nuestra Carta Fundamental esa obligación de rendir dicho informe del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, como una forma de cuidar y de mantener el equilibrio entre estos dos poderes del Estado pero, sobre todo, especialmente como un medio para vigilar el cumplimiento de las responsabilidades encomendadas a los más altos cargos públicos de la Nación.
La consigna constitucional es muy clara, el Presidente deberá presentar un informe por escrito en el que se precise el estado que guarda la administración pública del país, esto significa transparencia y rendición de cuentas en todas las funciones que realizó durante su mandato y, aunque el informe es anual, en esta ocasión al tratarse del último informe de su gestión, seguramente habrá de presentar balances felices, acrecentando logros y, por supuesto, atenuando las insuficiencias o deficiencias en la administración.
Balances felices de una gestión que no encuentran sustento conforme a cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), medición de la pobreza en México 2016, puesto que dan cuenta de una realidad lacerante para 53.4 millones de personas en pobreza y 9.4 millones de personas en pobreza extrema. Una realidad que se traduce falta de oportunidades de estudio, de empleo, de seguridad y, en general, de una vida digna.
Lo interesante en esta ocasión será ver cuál será el papel de las y los nuevos legisladores, nuestros representantes, es decir, aquellos que recibirán el informe del Presidente saliente Peña Nieto. Tenemos claro que no se trata de un mero acto protocolario o simbólico, se trata de recibir un informe de labores que conlleva una fuerte carga de responsabilidades que deben ser revisadas, evaluadas y, de ser el caso, sancionadas. Ahí es donde la actuación de las y los legisladores recién elegidos el 1 de julio de 2018 se deberá hacer patente, de lo contrario seguirán con la misma actitud que sus antecesores salientes, esto es, auspiciando la impunidad. Asumir responsabilidades
Que quede claro, no se trata de hacer leña del árbol caído, sino que se trata de asumir las responsabilidades, esto es, una cuestión que, sin duda alguna, influyó en las preferencias electorales cuando las y los mexicanos ante los indignantes y descarados actos de corrupción de la clase política saliente, observaron que éstos simplemente se encubrían unos a otros, y se hizo tan manifiesta la indiferencia e indolencia que sólo condujo a la impunidad.
Esperemos que el mensaje de la sociedad, expresado a través de cada voto, haya quedado muy claro no sólo para los que se van, sino también para los que llegan.
El Poder Legislativo, como máxima expresión de la voluntad del pueblo tiene, a su vez, la fuerte responsabilidad no sólo de ser la voz y el voto durante los procesos de creación o reforma de leyes o de la propia Constitución Federal, sino de fiscalizar con absoluta lealtad al pueblo, con honestidad y honradez el uso de los recursos públicos de la Nación -que son de todos los mexicanos- y, en caso de desvíos ilegales, opacidad, corrupción o abuso de poder, denunciar y dar seguimiento hasta las últimas consecuencias.
Las funciones de las y los nuevos legisladores esperemos que no se pierdan en un afán protagónico que los haga perder de vista que son producto del pueblo y se deben a éste. Esperemos que este capítulo en la historia democrática de México caracterizado por un gobierno de simulación no deje raíz, por el bien de todos, por el bien de México.
En nuestro Estado constitucional, democrático y de derecho, la teoría clásica de la división de poderes de Montesquieu adquiere plena vigencia y vigor, siempre que cada uno de estos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, realicen sus funciones en el marco de la Constitución Política, sin subordinaciones entre éstos, y con al menos tres objetivos fundamentales: el autocontrol del poder, la fiscalización en el ejercicio de los recursos del Estado y la aplicación de la ley.
Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave
Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).