México vive en una de las etapas políticas más importantes en su historia democrática. A través de las recientes elecciones federales 2018 se ha dado un vuelco a la vieja tradición política de los “acuerdos cupulares entre los poderes fácticos”, realizados para mantener el poder en todos los órdenes del Estado mexicano.
Los resultados electorales son reflejo de la voluntad ciudadana y, aún y cuando el concepto de la democracia se ha reducido al grado de concebirla solo como aquello que otorga la victoria a un candidato al obtener el mayor número de votos, en esa idea se dice -aunque no es nuestra postura personal- que vamos en el camino correcto hacia la consolidación de una democracia.
La democracia la concebimos bajo las clásicas teorías de Montesquieu que la entendía en términos de la división de poderes y cuyo interés en ésta radica en mantener bajo control el poder, es decir, de lo que se trata es de evitar el abuso del poder gubernamental a través del llamado sistema de pesos y contrapesos.
En nuestro orden jurídico constitucional, el papel central que tiene la figura del Presidente de la República o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es medular, pues posee el carácter de máximo de representante de Estado mexicano, circunstancia que, por varias décadas, le otorgó -de facto- funciones excepcionales o extraordinarias frente a los otros dos poderes del Estado: el Legislativo, en México llamado Congreso de la Unión o Congreso General (integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados) y, el Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros (integrada por los jueces y magistrados de los órganos jurisdiccionales federales). Por más de medio siglo, vivimos un presidencialismo omnipotente que tocaba, incluso, las esferas o competencias gubernamentales de los Estados de la República.
Sin embargo, dicho poder presidencial (el Ejecutivo), con el paso del tiempo, se ha ido acotando de la misma manera que nació y creció, entrando en una etapa de deterioro, consecuencia derivada, entre otras, por un lado, del viejo y desgastado discurso oficialista que -en cada proceso electoral- practicaban las estructuras del partido hegemónico (Partido Revolucionario Institucional, PRI) y, por otro lado, el crecimiento paulatino y constante de las propuestas políticas y de partidos políticos, como nuevas opciones electorales, así como la participación cada vez más activa de la sociedad civil en los temas de la agenda pública.
Sin embargo, igual que el poder presidencial de hace medio siglo, el sistema de partidos también entró en una etapa de erosión que -podríamos decir- generó las condiciones y las circunstancias para que una nueva propuesta política, denominada Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) emergiera y capitalizara el malestar social en favor de su proyecto de Nación.
Una propuesta política que ha resultado ser un fenómeno, incluso, mundial de gran éxito, toda vez que un partido político de apenas cuatro años de vida, conforme a su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ha logrado reformular el mapa electoral de todo el país.
Eso, si bien implica el éxito rotundo del planteamiento político hacia los ciudadanos, es una evolución sin precedentes hacia la consolidación de nuestra democracia y, por supuesto, brinda oportunidades inmejorables para una buena gobernanza; también pone a prueba -de primera mano- a los ganadores de la contienda electoral, así sea el presidente electo, los senadores, gobernadores, diputados federales y locales, presidentes municipales o alcaldes en el caso de la Ciudad de México (CDMX).
Los ganadores de estas elecciones deberán tener “los pies en la tierra” y recordar que, algunas de las causas que los colocaron en esas posiciones, fueron el descontento social ante los abusos del poder, casos de corrupción en la impunidad, el despilfarro de los recursos públicos, así como la ineficiencia burocrática, entre otras. Equilibrio y respeto
El sistema llamado de pesos y contra pesos, justamente tiene el propósito de evitar que, en el ejercicio de los cargos públicos, especialmente en los de elección popular, los Poderes del Estado, dígase Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mantengan el equilibrio y respeto a sus facultades, así como a las funciones encomendadas por su representado, el pueblo.
Mantener el equilibrio en las atribuciones y funciones institucionales, a su vez, tiene como objetivo prevenir el abuso del poder. Para ello, será necesario confiar en los principios y los valores de cada nuevo servidor público electo en las elecciones y, aún más, confiar en nuestro orden jurídico que ya contiene los instrumentos elementales para el control y el autocontrol del poder.
Como resultado de las elecciones, tendremos un Presidente de la República ganador de más del 53% de las preferencias electorales reales, es decir, poco más de 30 millones de votos a su favor; un Poder Legislativo (Congreso de la Unión o Congreso General), en el que la coalición electoral del candidato a la presidencia vencedor, tendrá 302 de 500 escaños en la Cámara de Diputados, y 70 de 128 curules de la Cámara de Senadores.
Este panorama político parece revivir las fuerzas y el vigor del poder presidencial antes descrito, cuando. -como hemos dicho- el presidente literalmente dirigía los hilos de la política nacional desde su partido político hasta las esferas y competencias gubernamentales estatales y municipales. Volver a ese régimen presidencial nos daría tantos elementos como para predecir el contundente fracaso de lo que ahora se ha vuelto el nuevo paradigma de la naciente política mexicana, sería tanto como popularmente se dice un “debut y despedida” para las elecciones de 2024.
Las “cartas están echadas”, reiteramos que nuestro orden jurídico está dispuesto y posee los principios básicos, para controlar el poder, ahora de lo que se trata es de comprobar la voluntad política de todas las fuerzas políticas y sociales, para encausar el mayor de los empeños hacia un Estado de Bienestar para todos. Sería conveniente volver al origen y recordar que el poder es efímero y el servicio dado a la Nación es permanente, tan simple como “cosechar para luego sembrar”.
Los componentes de la democracia representativa se fundan en la voluntad popular y, esta voluntad al ceder parte de su libertad natural, para someterse a un orden normativo fundamental, lo que busca son las posibilidades de desarrollo, en paz y con seguridad.
En conclusión, el llamado sistema de pesos y contrapesos para controlar el ejercicio del poder trata de evitar las injerencias arbitrarias o ilegales entre las atribuciones y facultades desempeñadas por los órganos del Estado. De manera que, en nuestro sistema presidencial siempre desearemos que el Presidente respete tanto las atribuciones y facultades del Poder Legislativo como las del Poder Judicial, de la misma manera que éstos deberán respetar las del primero.
En nuestra opinión, el sistema de pesos y contrapesos deviene de una operación democrática prevista en nuestro orden jurídico constitucional, que se debe vigilar, proteger y mantener día a día, con el único propósito de evitar el otorgamiento o auto-otorgamiento de atribuciones, facultades o competencias desmedidas en los distintos ámbitos de poder, que pongan en grave riesgo la incipiente democracia mexicana.
Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave
Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).