Opinión

Por una comisión de la verdad

De lo que se trata no es de buscar venganza, sino de imponer límites y mandar un mensaje claro de que la impunidad es cosa del pasado | Agustín Castilla

  • 08/03/2018
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Sin lugar a dudas, uno de los temas centrales en estas elecciones es el de la corrupción. Todo indica que finalmente la sociedad mexicana ha ido transitando de la resignación –y hasta de cierta condescendencia–, a la condena y el hartazgo, pues ha cobrado conciencia de que no solo se trata de un asunto ético, sino que tiene un impacto real en todos los órdenes de la vida: seguridad, justicia, empleo, salud, educación etc. De acuerdo con algunos cálculos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la corrupción le cuesta al país alrededor de 347 mil millones de pesos al año, lo que equivale al 10% del crecimiento económico.

El ánimo social es claro


En buena medida, los escándalos de corrupción en este sexenio explican las bajas calificaciones que la ciudadanía otorga al gobierno del Presidente Peña Nieto, así como el alto nivel de rechazo a la candidatura del PRI.

En vez de propuesta serias y acciones concretas –como el nombramiento de perfiles sólidos e independientes en la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que a pesar de los múltiples llamados continúan acéfalas–, los actores políticos se limitan a emitir declaraciones genéricas para salir del paso y en cambio se han enfocado en el intercambio de acusaciones como lo hemos atestiguado durante las últimas semanas.

Lo cierto es que el enorme esfuerzo desplegado desde la sociedad por construir un andamiaje jurídico e instituciones fuertes para combatir este flagelo, no ha sido correspondido por quienes se supone tienen una mayor responsabilidad, pues hasta el momento la clase política no ha mostrado un compromiso real. Es evidente que se enfrentan fuertes resistencias –muchos le apuestan a que se preserve el pacto de impunidad y, sorpresivamente, el perdón ofrecido por López Obrador apunta en ese sentido–, y el discurso contra la corrupción se ha utilizado más bien como arma política, involucrando incluso a la PGR y al SAT como instrumento electoral para descarrilar a los adversarios y tratar así de alzarse con el triunfo electoral, lo que es sumamente grave.

A los amigos justicia y gracia…


Precisamente uno de los principales diques que impide que avance el combate a la corrupción en nuestro país, es la aplicación selectiva de la procuración de justicia a partir de criterios político-electorales. Parece que ahora más que nunca está vigente la consigna “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos todo el rigor”, llegando a una persecución implacable del candidato de la coalición Por México al Frente que contrasta con la pasividad mostrada ante otros casos relevantes en los que se han denunciado desvíos de recursos públicos por miles de millones de pesos.

Son muchos los elementos que apuntan a que el expediente que se ha abierto por presunto lavado de dinero a partir de la compra-venta de una nave industrial con recursos particulares responde a una estrategia electoral por lo que, como lo han exigido diversos intelectuales y académicos:

Si la autoridad ministerial tiene pruebas contundentes contra Anaya, que proceda legalmente, pues de lo contrario, usar a la PGR para perseguir a un líder de la oposición, pone a México junto a países con regímenes autoritarios o democracias totalmente disfuncionales

En este complejo escenario, vale la pena retomar el compromiso que asumió hace unos días Ricardo Anaya de crear una comisión de la verdad con asistencia internacional de la ONU, pues esto ha permitido a países como Guatemala ir superando la profunda crisis por la que atravesaba: con la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han podido vencer resistencias internas y desmantelar importantes redes de corrupción e incluso enjuiciar al ex Presidente Otto Pérez Molina por su participación en una red de sobornos y fraude aduanal.

De lo que se trata no es de buscar venganza, sino de imponer límites y mandar un mensaje claro de que la impunidad es cosa del pasado. Ojalá los demás candidatos asuman también este compromiso.

Lee también: PGR ¿justicia selectiva?

@agus_castilla | @OpinionLSR | @lasillarota

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