La Procuraduría General de la República no se ha distinguido precisamente por su eficacia o por la celeridad en sus investigaciones, y menos cuando se trata de asuntos que involucran a miembros de la clase gobernante.
Un claro ejemplo es el de Odebrecht. A pesar de que se trata de un escándalo de corrupción a nivel internacional que fue develado desde diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que en diversos países ha provocado la detención de altos funcionarios, en México seguimos sin saber nada aún y cuando se han presentado imputaciones directas contra el ex Director de Pemex, Emilio Lozoya por haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos. Incluso en octubre pasado, el entonces procurador, Raúl Cervantes, anunció que las indagatorias estaban concluidas y que pronto el asunto sería consignado ante un juez, lo que cuatro meses después no ha ocurrido.
No es la misma vara
Sin embargo, llama la atención que en el caso del abanderado de la coalición “Por México al Frente”, bastaron los señalamientos de un abogado durante una rueda de prensa para que de inmediato la PGR informara que ya estaba investigando, emitiera una alerta migratoria y el SAT incluyera a la empresa que compró una nave industrial propiedad de Ricardo Anaya, en la lista de empresas fantasma. Por cierto, si mal no recuerdo, al titular de la Fepade lo removieron por hacer declaraciones sobre una investigación en curso que involucraba a quien fuera Director de Pemex en esta administración, por lo que, al parecer, la vara con la que se mide no es la misma.
Tampoco debe pasar por alto que las acusaciones contra Anaya, quien se ha colocado en el segundo lugar de las preferencias electorales, relegando al candidato oficial al tercer sitio, se presentan justo cuando la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer desvíos por casi 7 mil millones de pesos por parte de dependencias de la administración pública federal como Sedatu y Sedesol –que fue encabezada por José Antonio Meade–.
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Suponiendo que se trata de una mera coincidencia –lo que es difícil de creer–, no se explica la pronta reacción de la PGR y el despliegue mediático que ha recibido un supuesto asunto de lavado de dinero en una operación entre particulares, contra el sospechoso silencio ante un informe oficial del ente fiscalizador que involucra miles de millones de pesos en recursos públicos, al igual que sucedió con la notable investigación periodística conocida como la Estafa Maestra.
Otras en contra de Anaya
No es la primera vez que se acusa a Anaya utilizando información poco clara o que más bien parecieran especulaciones sin mucho sustento, como cuando se afirmó que el patrimonio de la familia de su esposa se había incrementado de manera importante al tiempo en que iniciaba su carrera política, sin que se hubiera establecido la relación entre ambos hechos. Además, se trata de otra “casualidad”, pues estos señalamientos que también contaron con una muy amplia difusión mediática, se presentaron unas horas después de que el PAN anunciara su rechazo a que el entonces procurador se convirtiera en automático en Fiscal General por un periodo de nueve años.
Hasta el momento no se conoce que haya una denuncia concreta contra Ricardo Anaya o que existan elementos objetivos que acrediten su responsabilidad en la comisión de un ilícito. Ni siquiera ha sido citado a declarar, por lo que el domingo acudió a la sede de la PGR a solicitar se informe si existe una investigación formal que lo involucre y, en caso de que así sea, que proceda en consecuencia. Recordemos que en la pasada elección para la gubernatura del Estado de México se filtró que había una investigación contra familiares de Josefina Vázquez Mota también por lavado de dinero y, poco antes de la jornada electoral, la PGR reconoció que no había ninguna indagatoria en ese sentido –ya cuando el daño estaba hecho–.
Como se puede advertir, hay indicios serios que apuntan a que la actuación de la Procuraduría General de la República ha respondido a criterios políticos y/o electorales por lo que, independientemente de quien se trate o de nuestras preferencias, debemos alzar la voz para frenar la persecución política de los adversarios e impedir que la justicia se siga aplicando de manera selectiva.