Con el paso de los años, surgen cada vez mayores elementos que acreditan las denuncias que por décadas se han formulado contra sacerdotes católicos quienes, aprovechando la confianza de los familiares, así como su ascendencia y cercanía con niñas, niños y adolescentes, han abusado sexualmente de ellos en lugares tan distantes como Argentina, Colombia, Irlanda, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Alemania y por lo general, la respuesta de la jerarquía eclesiástica ha sido de negación e indiferencia cuando no de franca complicidad.
El ejemplo más sonado que tenemos en México es el del fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel -para quien el único castigo fue retirarse a una vida de oración y penitencia-, pero desde luego no es el único pues también podemos citar al padre Nicolás Aguilar en Puebla o Eduardo Córdova en San Luis Potosí. Otro de los casos paradigmáticos es el de la arquidiócesis de Boston que se descubrió gracias a una valiente investigación del diario The Boston Globe en la que se demostró que cientos de niños, uno de ellos de cuatro años, fueron violentados sexualmente por un centenar de sacerdotes entre los que destacan John Geoghan y James Porter, y que fueron protegidos por el Cardenal Bernard Law.
Acciones insuficientes
Con la asunción de Jorge Mario Bergoglio como líder de la iglesia católica en marzo del 2013, se abrigó la esperanza de que impulsara medidas drásticas para frenar una práctica que a todas luces dista de ser excepcional o aislada, y que se reivindicara a las víctimas quienes en muchos de los casos, además de las terribles consecuencias que han padecido, fueron amenazadas y perseguidas para obtener su silencio. Pero lamentablemente las acciones implementadas han sido insuficientes pues más allá de los discursos en los que se ha pedido perdón, al parecer prevalece una gran resistencia para reconocer la gravedad de los hechos y su responsabilidad como institución. Incluso, no han faltado algunos lamentables intentos para justificar a estos depredadores sexuales al afirmar que los niños “anhelan afecto” o que “los provocan”.
Tan sólo a principios de este año, la visita del Papa Francisco a Chile se vio empañada por las protestas ante los casos de abuso sexual infantil perpetrados en ese país por el sacerdote Fernando Karadima y presuntamente encubiertos por el Obispo Juan Barros, a quien en un principio el Papa trató de defender al calificar dichas acusaciones como calumniosas, pero terminó por rectificar y pedir disculpas pues todo indica que tenían suficiente sustento por lo que la sociedad chilena hizo evidente su indignación.
Hace unos días, una investigación realizada por el Fiscal General de Pensilvania, Josh Shapiro, reveló que por lo menos un millar de niñas y niños fueron víctimas de abuso sexual a lo largo de setenta años por parte de aproximadamente 300 sacerdotes, quienes una vez más fueron protegidos por miembros de la propia iglesia al mantener en secreto las acusaciones durante el tiempo suficiente para que prescribieran y no pudieran ser procesadas judicialmente. También se ha documentado que en muchas ocasiones, se optaba por trasladar a los curas pederastas a otra parroquia con el fin de evitar el escándalo, lo que constituye una conducta criminal pues con ello han puesto en riesgo a otras víctimas potenciales. El informe de más de 800 hojas de la Fiscalía de Pensilvania es demoledor, y demanda acciones contundentes para prevenir y castigar con toda firmeza uno de los delitos más reprobables que se puedan cometer, por lo que es indispensable que de una buena vez se materialice la política de tolerancia cero a la que se ha comprometido el Sumo Pontífice.