Los órganos públicos autónomos y órganos reguladores que forman parte de las instituciones mexicanas que jurídicamente tienen autonomía andan escandalizados y reclaman que se les está atacando.
Es cierto que se requieren órganos autónomos, los contrapesos están bien. Sin embargo, no olvidemos que quienes integran la mayor parte de los órganos autónomos fueron elegidos por las Cámaras con mayorías priistas y panistas. En realidad, podríamos cuestionar tal autonomía desde su origen.
El esquema de los órganos públicos autónomos y órganos reguladores sonaba bien, pero se desvirtuó completamente y fue cooptado por intereses políticos y partidistas, sobre todo de quienes mal gobernaron el país por tantos años. Hay dinero que se destinaba a la alta burocracia y no a la gente. Dinero mal utilizado.
Citemos como ejemplo, los audios que enviaba Leonel Luna Estrada a la anterior Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad, instruyéndole a qué personal contratar, y a cuál no.
Fue también el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, INAI quien planteó que se mantuviese en secreto la investigación de Odebrecht, y mantuvo reservada la información relativa a los créditos fiscales. Es cierto que debe haber contrapesos, pero reales. Tuvo que haberlos en gobiernos anteriores, tienen que existir en este gobierno, pero que no sean simulados ni ficticios.
Procuremos un cambio en la lógica de los órganos autónomos; vigilemos de cerca la estructura administrativa del Estado. ¿Por qué los elevados salarios de los titulares de los órganos autónomos? ¿Porque tantos años en los cargos? ¿Por qué las reelecciones? ¿Qué clase de democracia es esa?