La prohibición de difundir propaganda gubernamental en cualquier medio de comunicación durante el proceso de Revocación de Mandato es legal, pero poco conveniente. Con base en la legislación vigente, la llamada “veda” entró en vigor al aprobarse la convocatoria oficial y solo están permitidas las campañas educativas, de salud y protección civil.
Sin embargo, los partidos, agrupaciones y actores políticos sí pueden promover y difundir lo que consideren necesario hasta tres días antes de la jornada, que se llevará a cabo el 10 de abril. El único requisito que deben cumplir es entregar un aviso de intención al INE y que acaten los principios de igualdad, inclusión y no discriminación.
El objetivo principal de la veda es “generar condiciones para que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en libertad”. El problema de fondo es que las reglas son generadoras de diversos conflictos. Por si fuera poco, ya no corresponden con el contexto político que tenemos desde años en el país. Mucho menos con las características de un ecosistema de comunicación plural y diverso como el que se ha conformado en los últimos años.
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En países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido, la veda no existe. Y en los que sí se aplica, las limitaciones no son tan exageradas ni estrictas. En México, la veda electoral surgió con el propósito de evitar que los gobiernos se beneficiaran con recursos públicos o la difusión de sus logros a partidos y candidatos. La medida formaba parte del blindaje que necesitaba nuestro sistema político para evitar este tipo de acciones fraudulentas.
En cualquier caso, la veda electoral perdió parte importante de su utilidad en nuestra democracia. Recordemos que la reforma electoral de 2007 tuvo como uno de sus propósitos principales impedir que los gobiernos hicieran campañas en medios para garantizar, entre otras cosas, los principios de equidad e imparcialidad en las contiendas. La medida incluyó la difusión de logros en los portales de Internet y cualquier referencia que pudiera ser interpretada como propaganda política. Sin embargo, el INE tuvo el cuidado para que no se dejaran de cumplir las obligaciones de acceso a la información y transparencia.
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Lo que la reforma no avizoró en ese momento fue el crecimiento, importancia y repercusión que tendrían las redes sociales. Tampoco la forma en que cambiarían algunas tácticas y diseño de formatos en las estrategias de comunicación gubernamental como sucedió, por ejemplo, con las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el nuevo paradigma, es evidente que se deben ajustar y simplificar las reglas.
No obstante la nueva realidad comunicacional, las autoridades electorales, algunos gobiernos, partidos y candidatos se siguen aferrando al uso excesivo de tiempos y recursos en el diseño y ejecución de campañas mediáticas costosas y poco efectivas. El resultado de estas decisiones es que tenemos una sobrerregulación, saturación propagandística y gastos que parecen no corresponder con la realidad económica del país.
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Las campañas propagandísticas que se han realizado en otros países para referendos, plebiscitos y consultas han dejado experiencias y lecciones muy importantes que, según parece, no hemos aprovechado. Aunque estos instrumentos de la democracia directa no siempre han sido interpretados en forma homogénea por las leyes de las naciones en las que se han llevado a cabo, sí han sido muchas las campañas que han destacado por su creatividad, impacto y efectividad.
Por otra parte, dichas campañas han demostrado que no se requieren demasiados recursos ni tiempos exagerados en los medios convencionales de comunicación. Y con las posibilidades que hoy ofrecen los medios digitales y las redes sociales, el modelo de comunicación política está obligado a ajustarse a nuevos modelos. Está claro que no solo pueden ser menos costosos, sino también más efectivos con sociedades cansadas y escépticas de la información política tradicional.
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En el umbral de una nueva reforma jurídica en materia electoral, no es posible todavía asegurar que los cambios en el modelo de comunicación política sean de fondo. Los conflictos del presidente López Obrador con las autoridades electorales influirán de manera decisiva en los resultados finales. Si este es el punto de partida, no se puede esperar el mejor resultado posible. Además, no se prevé en ningún escenario que el Congreso y los partidos acepten reducir las enormes prerrogativas a las que hoy tienen derecho.
Visto así, lo viable no parece factible. Es viable que los tiempos destinados a las campañas sean mucho menores. Es viable acabar con el fenómeno de spotización en el que están inmersos. Es viable elaborar estrategias de comunicación y campañas sin costos tan altos como los que hoy tienen. Es viable quitar restricciones a gobiernos y partidos para comunicarse con la ciudadanía sin atentar contra los principios de equidad y la imparcialidad, aún en el mismo día de las votaciones.
Sin embargo, las condiciones para tener un modelo de comunicación más ligero, eficiente y menos costoso no se ve factible en el corto plazo porque casi nadie lo quiere. Muchos creen que no les conviene. Otros más están dispuestos a lo que sea para sobrevivir porque no han creado las condiciones ni fortalecido los liderazgos que se requieren para revertir el fuerte golpe que recibieron en las elecciones de 2018.
Consulta: Yanina Welp. Las instituciones de la participación ciudadana en América Latina. Reformas Políticas en América Latina.
Quienes impulsan la llamada Cuarta Transformación están trabajando intensamente para mantener la fuerza en todos los espacios de poder que lograron hace tres años. Aquéllos que desde la oposición no han logrado remontar, harán todo lo posible para no caer más bajo. Lo que unos y otros tienen que comprender es que sí existen otras opciones para cumplir con sus misiones y objetivos. Mientras tanto, las autoridades electorales tienen hoy que cumplir y hacer cumplir lo que establece el marco jurídico, aunque no les guste a todos.
Un nuevo modelo de comunicación política es posible. ¿A quiénes beneficiaría otra consulta popular como la del pasado 1 de agosto de 2021? Ciertamente, con su diseño e instrumentación se perderían algunos privilegios y tal vez se afectarían algunos intereses legítimos. Las consecuencias no serían graves. Por el contrario. Los beneficios podrían poner freno a las crisis de partidos, de liderazgos y de credibilidad que hoy enfrentamos.
Por otra parte, se resolverían otros problemas que hoy nos ocupan, como el impulso a una auténtica cultura de debate que de mucho serviría para reducir conflictos estériles y peligrosos que se dirimen por otras vías. También se reduciría el número de problemas ocasionados por el silencio y restricciones de las vedas. Solo hay que mirar hacia afuera para comprobar que el cambio sí se puede, sin afectar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Recomendación editorial: Ángel Sánchez Navarro y Rosa María Fernández Riveira (directores). Reflexiones para una democracia de calidad en una era tecnológica. Navarra, España: Editorial Aranzadi, S.A.U., 2021.