En tiempo récord los legisladores de Morena, junto con sus aliados del PT y del PES, aprobaron la Ley de Ingresos en Cámara de Diputados prácticamente sin mediar discusión, y es muy probable que hoy se apruebe en el Senado. El paquete económico se presentó apenas el pasado sábado -tal y como se estableció excepcionalmente para este año por el cambio de gobierno- por lo que llama la atención que en tan sólo dos días hayan podido revisar con detenimiento y discutir tanto en comisiones como en el Pleno, los documentos que contienen los criterios generales de política económica y la propuesta de ingresos de la federación que tienen una alta complejidad.
No es difícil pensar que, como en los “mejores momentos” de la aplanadora priista, votaron sin tener conocimiento de lo que estaban apoyando, pues la prioridad estaba en acatar sin miramientos la instrucción del presidente quien les pidió que se aprobara sin ninguna modificación -prácticamente lo mismo a darles línea-, lo que no es una buena noticia pues el cambio en el país también pasa porque los diputados y senadores asuman su responsabilidad con la debida seriedad y realmente representen a la ciudadanía.
Para darnos una idea, el paquete económico normalmente se entrega el 8 de septiembre y el plazo para la aprobación de la Ley de Ingresos en ambas cámaras es el 31 de octubre, es decir, cuentan con casi dos meses para su análisis y aprobación. En el caso del presupuesto de egresos la fecha límite es el 15 de noviembre, lo que significa que en estricto sentido tienen 15 días para procesarlo pero en realidad desde que llega a la Cámara de Diputados comienza su revisión.
Es cierto que en esta ocasión los tiempos son mucho más apretados pues deben desahogar todo el procedimiento en tan sólo dos semanas, pero al parecer los legisladores de Morena quieren acortarlo aún más para que el presupuesto se vote antes del 24 -siendo que el plazo límite es el 31 de diciembre-, quizá con la intención de que al atravesarse las fiestas navideñas se diluyan las presiones de los inconformes.
Es natural que el partido en el gobierno apoye las propuestas del presidente y que para ello recurra a la mayoría con que cuenta, pero ello no debe traducirse en ausencia de diálogo y mucho menos en avasallamiento ante la falta de argumentos, pues estarían replicando lo que tanto criticaron y sería muy lamentable que retrocediéramos a aquellos tiempos en que el Congreso era una mera oficialía de partes del Ejecutivo.
Son muchos los rubros de la propuesta presidencial que deben analizarse con detenimiento dadas sus implicaciones como ha sido el caso de las universidades públicas, pues no se entiende que por un lado digan que se apuestan por políticas que generen oportunidades de desarrollo para los jóvenes como parte de la estrategia de paz y seguridad, y en una franca contradicción les recorten el presupuesto. Qué bueno que al final optaron por reconocer que se trataba de otro “error” -como el de la supresión de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra- dejando en ridículo a los defensores a ultranza del nuevo oficialismo que tuvieron que recurrir a sorprendentes piruetas discursivas para tratar de justificar la medida.
Tampoco es fácil de explicar que se despida a miles de burócratas de rango medio y bajo -quienes al igual que el presidente viven de su sueldo-, se sacrifiquen recursos para cultura o disminuya el presupuesto en infraestructura, al tiempo que se incrementa en 53% la tan cuestionada por ellos mismos publicidad gubernamental.
Falta discutir también cuales son los controles que se impondrán a los programas sociales para garantizar que los recursos efectivamente lleguen a sus destinarios -y una buena parte no se quede en manos de los “operadores políticos”-, o para evitar que se conviertan en meros generadores de clientelas electorales. Pero en nada de esto ha reparado la nueva mayoría legislativa, cuya única función es cumplir con la línea presidencial.