Opinión

La agenda digital y sus atrasos

En materia de agenda digital mucho tendrá que remontar la nueva administración. | Aleida Calleja

  • 21/08/2018
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Una de las apuestas más importantes de la reforma de telecomunicaciones en 2013 fue abatir la brecha digital, por ello las reformas atendieron a dos puntos centrales: fortalecer la competencia para evitar que las prácticas monopólicas impidieran el desarrollo y acceso a las redes y garantizar el despliegue de la infraestructura necesaria para conectar a la mayor parte de la población a través de la llamada Red Compartida (banda 700 MhZ) y la Red Troncal (fibra óptica) que ostentaba la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que pasó a manos de Telecomunicaciones de México.

Para la primera el transitorio decimosexto puso un tiempo perentorio para su ejecución, mientras para la segunda no. Esa omisión legislativa fue un error ya que dejo un margen discrecional para su ejecución por parte del Ejecutivo. Mientras para la Red Compartida hubo presión para su realización por el tiempo indicado en la constitución, y aún así comenzó con dos años de retraso, en el caso de la Red Troncal la falta de definición de tiempos específicos originó que hasta el casi ocaso del sexenio recién se comenzara su licitación y arranque generando una alta incertidumbre, pues el inminente cambio de poderes en el Ejecutivo podría cambiar las reglas del juego para quienes resulten ganadores en la licitación en octubre próximo, poco antes de que tome posesión el nuevo gobierno federal.

Retos

Siendo la Red Troncal uno de los proyectos más ambiciosos para la conectividad en el país resulta inexplicable porque hasta ahora se lleva a cabo su licitación, pues se trataba de extender los 25 mil kilómetros de fibra óptica de la CFE a 82 mil kilómetros para ampliar la cobertura de banda ancha, televisión y telefonía, para de esta forma abatir la brecha digital. Con el tiempo encima ese objetivo queda muy atrás y ahora la licitación sólo será sobre los 25 mil Kilómetros existentes para que sean habilitados por quien gane la licitación, un verdadero desperdicio de tiempo con enormes consecuencias para muchas poblaciones en el país que aún no cuentan con la infraestructura necesaria para estar conectadas, este será uno de los retos a enfrentar por el nuevo gobierno que tiene como una de sus principales apuestas en el sector la conectividad.

Así como de última hora se está haciendo la licitación para la Red Troncal, también la Estrategia Nacional Digital (EDN) está cambiando a unos cuantos meses del término del sexenio, esta política pública que debió de darle conectividad a más del 80 por ciento de la población y agilizar los trámites burocráticos de la administración pública fue otro de los grandes fracasos de Peña Nieto, su encargada para esta tarea en la mayor parte de su sexenio fue Alejandra Lagunes quien se distinguió por su frivolidad y ausencia de logros en la materia, pero aún así fue premiada y será senadora por la vía plurinominal por parte del Partido Verde Ecologista de México.

Reglas de operación

Los cambios publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 julio refieren a las reglas de operación para la adquisición de tecnología y seguridad de la información por parte de las instituciones públicas para que se privilegie por parte de las empresas proveedoras el procesamiento de datos en el territorio nacional y se sometan a las leyes y tribunales mexicanos para dirimir cualquier controversia.

Ambas medidas son muy importantes, la primera porque genera una mayor protección de datos personales de quienes hacemos uso de los servicios digitales con distintas dependencias públicas y de otros datos sensibles como país, entre otros puntos, y la segunda porque implica que las empresas tecnológicas tengan que rendir cuentas bajo las leyes mexicanas y cerrar la puerta para que puedan evadir sus responsabilidades aduciendo que sólo se atienen a los marcos jurisdiccionales de su país de origen, pues la mayor parte de ellas se encuentran en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

Al respecto hay un precedente muy importante que marcó la Suprema Corte de Justicia en el amparo en revisión 587/2017 (Richter Morales VS Google Inc.), al determinar la competencia de los juzgados mexicanos para juzgar a empresas con sede del país cuando sus actos tienen efectos sobre los derechos humanos de personas con ciudadanía mexicana.[1] Los cambios hechos a las reglas de operación me parecen positivos, lástima que se hicieran de último momento, veremos si la próxima administración los aprovecha bien.

En materia de agenda digital mucho tendrá que remontar la nueva administración, por eso es una buena noticia la propuesta de Salma Halife como Subsecretaria TIC en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conocedora del sector y una profesional de primera. Enhorabuena.

[1] Información disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-Suprema-Corte-confirma-sentencia-contra-Google-en-Mexico-20171206-0075.html

Estampas

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