Algunos temas relevantes se dieron a conocer la semana pasada que bien pueden ser vistos como estampas del largo camino que aún tenemos por recorrer en materia de radiodifusión, publicidad oficial y libertad de expresión en el país. Veamos.
“El Fantasma” y el IFT
Es posible que la última licitación de frecuencias de televisión abierta digital (IFT-6) que realizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se vea en aprietos pues resulta que uno de los jugadores que se llevó la mayor parte de los canales, Remigio Ángel González conocido como “El fantasma”, podría enfrentar cargos ante la justicia de Estados Unidos por actos de corrupción.
Con fecha 2 de agosto el Comité de Asuntos Externos del Congreso de Estados Unidos envió una carta al presidente Donald Trump para que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro inicien rápidamente las investigaciones pertinentes para corroborar si Gónzalez, de nacionalidad mexicana junto otros cinco personajes centraomericanos, deben rendir cuentas por actos de corrupción y posibles violaciones a los derechos humanos.
Como se lo comente en una colaboración de hace casi un año (Licitación de TV y presidencia del IFT), “El Fantasma” se ha visto envuelto en otros escándalos en América Latina por hacerse de medios de comunicación de manera ilegal y por estar involucrado en redes de corrupción, el caso más grave fue en Guatemala, país en el que se acusa de haber financiado indebidamente la campaña del expresidente Otto Pérez Molina (ahora en la cárcel), de hecho su esposa, Alba Elvira Lorenzana, tiene pedido de captura internacional.
Debido a estos antecedentes es que se alertó a los integrantes del Pleno del IFT lo delicado que resultaría darle la constancia de participación a este personaje para la licitación en curso, sin embargo, dicha alerta fue ignorada por la mayoría del Pleno. Fue a través de la empresa Telsusa Televisión México, que Ángel González se adjudico canales de televisión en los estados de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, dando un total de 12 canales por lo cuales ofertó 262 millones de pesos.
¿Qué hará ahora el IFT ante esta situación? ¿Le permitirá la compra de equipo para los canales que le adjudicó? En caso de que la justicia de Estados Unidos lo encuentre culpable ¿cómo resarcirá el daño a los competidores desplazados ante un personaje por el que con anterioridad a la licitación pesaban dudas de su idoneidad para tener concesionado un Bien del Dominio de la Nación como son las frecuencias de televisión? Estas y otras dudas deberían de ser explicadas por el IFT ¿no cree?
AMLO y la comunicación social
Cuando Andrés Manuel López Obrador dio a conocer sus 50 puntos de su plan anticorrupción y de austeridad, anunció la desaparición de todas las oficinas de prensa de las dependencias del gobierno federal para concentrarlas en una oficina de prensa dependiente de la presidencia de la República. Si bien algunos reconocimos que se entendía la razón de esta medida para atajar el desorden existente en el gasto de la publicidad oficial, también manifestamos nuestra preocupación porque habría una ventanilla única que concentraría demasiado poder con un amplio margen para incidir en las líneas editoriales de los medios en tanto no se preveían criterios transparentes y públicos para su asignación, entre otros problemas.
Supongo que por ello la semana pasada Jesús Ramírez Cuevas, miembro del equipo del virtual presidente electo, afirmó en una entrevista en el Financiero Bloomberg que las oficinas de comunicación social no desaparecerán de las dependencias y que se buscará transparentar los pagos a medios de comunicación por concepto de publicidad oficial, y agregó "Lo que se ha interpretado de manera exagerada es que se van a cerrar las oficinas de comunicación social de todas las dependencias, imposible. El gobierno es un ente complejo, cada secretaría lleva temas que requieren de una especialización y comunicación de los temas y de las políticas públicas y de los mensajes al respecto y requieren de oficinas para poder comunicar”
En realidad, no hubo tal exagerada interpretación simplemente se retomó lo que el propio AMLO anunció en su conferencia sobre el paquete de austeridad, ahora esa medida se matiza y en voz de Ramírez además se aclara que lo que se busca es eliminar la discrecionalidad y el favoritismo a ciertos medios desde el poder político, establecer criterios públicos y transparentar las relaciones del gobierno con los medios. De acuerdo a sus declaraciones lo que se está planteando es “… centralizar el manejo de los recursos, no la operación de las oficinas de comunicación social”.
Es una buena noticia lo planteado, sin embargo, la centralización de los recursos no matiza el enorme poder que tendrá la oficina de la presidencia en el rubro, se requiere de mecanismos de control, vigilancia y contrapesos que blinden de un manejo indebido de los recursos públicos por un lado, y por otro lado una transformación de raíz sería caminar hacia una eliminación de la publicidad oficial resolviendo los problemas estructurales que impiden la dependencia de los medios a este tipo de publicidad, ello requiere atender las causas que originan la concentración de la publicidad comercial que se queda en unos cuantos medios de comunicación, en pocas palabras se trata de impulsar de manera decidida las políticas distributivas en este rubro para fortalecer la libertad de expresión y la competencia plena. Creo. Lydia Cacho le gana al Estado mexicano
Hace 13 años Lydia Cacho fue víctima de tortura por parte de policías del gobierno de Puebla al mando del entonces gobernados Mario Marín en contubernio con el empresario Kamel Nacif, a pesar de sus esfuerzos no encontró justicia en México, acudió a Naciones Unidas y el pasado 2 de agosto el Comité de Derechos Humanos de ese organismo anunció que le dió la razón y ordena al Estado mexicano a llevar una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva” para juzgar y castigar a los responsables y a otorgar una reparación integral del daño a la periodista. Enhora buena por Lydia y por libertad de expresión en nuestro país. La resolución de la ONU puede resumirse en la frase verdad, justicia y reparación, habremos de ver si realmente se cumple.