Opinión

Justicia social

Aparece la oportunidad de transformar las formas de diseñar e implementar las políticas sociales. | Areli Cano

  • 21/02/2019
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El día de ayer, 20 de febrero, se conmemoró el Día Mundial de la Justicia Social, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde noviembre de 2007, a partir del reconocimiento de ese concepto como indispensable para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad al interior de los países, así como en las relaciones entre ellos. Otro aspecto a enfatizar, es el de pensar a la economía en función del bienestar humano y las relaciones sociales.

En México persiste una fuerte deuda social con amplios sectores de la población que viven la desigualdad como un rasgo de su día a día, en una realidad alejada de los ideales de contar con condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada, alimentos nutritivos y la disponibilidad de servicios médicos eficaces.

Escenarios como el reseñado son resultado de la ausencia de la justicia social, pues no hay una distribución equitativa de los recursos. Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en su medición de la pobreza en nuestro país, estableció que más de 53 millones de personas viven en pobreza, y que más de 9 millones lo hacen en pobreza extrema, aspecto que revela la urgencia de trabajar en favor de la resolución de los complejos escenarios de desigualdad que persisten hoy.

Justicia social


Es necesario considerar que la justicia social no solamente tiene que ver con la pobreza, se vincula también con otras dimensiones sociales. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), contenidos en el  Módulo de Movilidad Social Intergeneracional (MMSI) 2016, por ejemplo, demuestran que en nuestra nación, cuando una persona tiene su origen en un hogar en situación de carencia posee muchas probabilidades de seguir en la misma situación al llegar a la adultez, mientras que, en lo que atañe a quienes provienen de hogares pertenecientes a estratos con mayores oportunidades, tienen casi asegurado el mantener una buena posición como adultos.

En el proceso electoral del año pasado, una de las banderas de la coalición encabezada por el hoy presidente, fue precisamente el combarte a la profunda inequidad. Durante la toma de posesión, el licenciado Andrés Manuel López Obrador afirmó: “el Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales, no se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno”. En este marco, el concepto conlleva la reivindicación de las prerrogativas de los excluidos del progreso.

De esta forma, el Ejecutivo tiene ante sí el reto de implementar medidas que atiendan a las condiciones precarias de quienes pertenecen a los colectivos más desprotegidos, con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos, como noción básica de equidad.

En la coyuntura política del cambio de régimen, aparece la oportunidad de transformar las formas de diseñar e implementar las políticas sociales, que a lo largo de varias décadas se han mostrado ineficaces en la disminución de las grandes brechas existentes entre los diversos grupos de población. Reducir el alcance y profundidad de la pobreza, revalidar la esperanza de las personas de poder mejorar la forma de vida en su presente y en el futuro de sus descendientes, reivindicar los derechos sociales como expresiones tangibles y no meros parámetros referenciales para los programas de gobierno, son solamente algunas de las metas que pueden plantearse como parte de una agenda de gobierno en lo inmediato.

Políticas sociales


Es relevante considerar que la desigualdad impide un desarrollo democrático pleno e, incluso, puede erosionar la cohesión comunitaria y la normalidad política. Por ello, se requiere el trabajo conjunto y armónico del entramado organizacional en el combate al fenómeno de la inequidad, mediante el trazado de objetivos comunes. Los poderes de la Unión, así como los organismos autónomos, están llamados a cerrar filas ante la urgencia que tiene para el país lograr que la justicia social impere, junto con el Estado de derecho.

Además, es imperativo dinamizar todos los espacios posibles de intervención de la sociedad para obtener de ella ideas, colaboración y acompañamiento, pues solamente bajo un esquema de corresponsabilidad, se podrá avanzar rumbo a la plena igualdad. Lo anterior sin soslayar la inclusión de la transparencia en el quehacer cotidiano de las instituciones, como elemento de empoderamiento de la ciudadanía, que favorece su participación en la fiscalización sobre la actuación pública y propicia una mejor gestión de recursos.

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