Combate a la corrupción
El pasado primero de julio, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló en su primer discurso que “erradicar la corrupción será la misión principal del nuevo gobierno”. Para lograrlo, vale la pena saber si el nuevo gobierno tomará en cuenta el diseño institucional y normativo que el Estado mexicano se dio para contener este pernicioso fenómeno. Surge la duda si la nueva administración utilizará el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con sus homólogos locales, y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) para lograr su misión o si buscara edificar un nuevo diseño institucional y normativo.
El SNA y algunos Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) no operan plenamente porque están pendientes nombramientos o la aprobación y entrada en vigor de marcos legales en la materia. Sin embargo, en 14 entidades federativas ya funcionan y pueden demostrar que el control de la corrupción puede generar buenas prácticas desde los estados. Hoy diversos Sistemas Locales Anticorrupción tienen la oportunidad de cumplir sus labores y obligaciones y con ello permitir que identifiquemos los elementos que favorecen su adecuado y efectivo desempeño.
Quiero destacar el papel de la transparencia en el combate a la corrupción. La información pública es el insumo que permite a la población y a las autoridades identificar, denunciar, investigar y, en su caso, sancionar posibles actos de corrupción. Es por eso que los organismos garantes de transparencia forman parte del SNA y de los SLA. ¿Cumplen a cabalidad las atribuciones que les permiten abonar al control de la corrupción en sus entidades federativas? El 4 de julio pasado, el INAI resolvió un recurso de inconformidad promovido por un ciudadano y, con su resolución, su objetivo es abonar al mejor desempeño de los órganos garantes para controlar la corrupción utilizando a cabalidad sus nuevas atribuciones legales.
Transparencia
Una persona solicitó información sobre una carpeta de investigación a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. Ésta reservó lo solicitado porque su contenido podría comprometer las funciones del Ministerio Público. Esta persona recurrió la respuesta ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (CTAINL) por considerar que la información debería ser pública en tanto se relaciona con el caso “Cobijagate”, como le llamó la prensa local, en el que servidores públicos estatales fueron acusados de adquirir cobijas mediante una compra irregular. Sin embargo, la CTAINL confirmó la respuesta de la procuraduría estatal porque se determinó no ejercicio de la acción penal. El caso llegó hasta el INAI mediante un recurso de inconformidad. El INAI identificó que el organismo garante estatal (OGE) no tiene razón porque no se allegó de los detalles necesarios para emitir una resolución debidamente fundada y motivada, ni tomó en cuenta el funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Es por eso que el INAI revocó su resolución.
INAI
La resolución votada por el pleno del INAI fue guiada por la convicción de que controlar la corrupción es una prioridad en todo momento y por tres argumentos más: 1) una autoridad fiscalizadora especializada en materia anticorrupción existía al momento que ocurrió el caso, 2) el Ministerio Público determinó la relación de los delitos investigados con actos de corrupción, y 3) el Nuevo Sistema de Justicia Penal ya es una realidad en Nuevo León, por lo que la CTAINL no tiene que esperar la sentencia de un juez para determinar la posible relación de la información con corrupción. Hoy la CTAINL tiene la oportunidad de ser el primer organismo garante estatal en el país que determine si se actualiza o no la excepción a la reserva de información relacionada con actos de corrupción contribuyendo a fortalecer el marco institucional anticorrupción local. ¿Tomará la CTAINL esta oportunidad?
Las instituciones públicas que integramos el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, o los homólogos locales, tenemos la oportunidad de hacer evidente al gobierno federal que iniciará funciones el primero de diciembre las prácticas que están dando resultados gracias a este nuevo diseño institucional y normativo que pueden sumar a la “misión principal del nuevo gobierno”. Sin duda, cada entidad federativa debe trabajar a la par que el nivel federal para evitar que casos como el “Cobijagate” se repitan en otros rincones de nuestro país.