Hoy existe un acuerdo nacional: es prioritario erradicar la corrupción y la impunidad en nuestro país. Por esta razón, desde hace más de cuatro años se elaboraron las leyes y comenzamos a construir las instituciones que tendrían como objetivo que la población en cualquier rincón de nuestro país tenga acceso a la información pública y mecanismos para controlar la corrupción. Desafortunadamente, la percepción de millones de mexicanos es que hasta el momento ningún esfuerzo institucional ha dado resultados concretos a la población. Ante esta realidad, es fundamental entender que los Sistemas Nacionales de Transparencia (SNT) y Nacional Anticorrupción (SNA) están diseñados para atender los problemas nacionales, pero que estos resultan de la suma de problemas locales, por lo que también deben hacerse cargo de ellos. Este propósito significa un gran reto para las instituciones responsables de velar por la transparencia, el acceso a información pública y el control de la corrupción en las entidades federativas.
Los OGE
El SNT opera desde 2015, su experiencia permite mostrar los retos que podrían enfrentar los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) en los siguientes años, por lo que vale la pena documentarlos a fin de mitigar riesgos futuros a la hora de su implementación. Las leyes de transparencia prevén organismos garantes estatales (OGE) en igualdad de condiciones, pero la realidad es que hay asimetrías en recursos, capacidades institucionales y condiciones políticas que limitan la efectividad de esfuerzos nacionales. Algunos OGE tienen pocas unidades administrativas, por tanto, poco personal y capacidad de especialización. Otros tienen presupuesto insuficiente para cumplir con las atribuciones que les han sido conferidas y estos recursos se dirigen principalmente al pago de personal. Por último, hay casos donde el contexto político afecta a los OGE al grado de dejarlos acéfalos, como es el caso de la Ciudad de México donde la Asamblea Legislativa no ha nombrado a los comisionados de esta entidad federativa desde hace más de dos meses.
Lo anterior deriva en una variación significativa en el desempeño de los OGE. En 2017, algunos OGE resolvieron más de 2,000 recursos de revisión y otros solo 50 (un recurso de revisión en promedio a la semana). Esta situación no depende exclusivamente de los OGE pues sin duda es el resultado de diversas causas, entre las que puede estar la falta o ausencia de promoción y capacitación sobre el derecho de acceso a la información y, como consecuencia, la población no conoce su derecho o aún encuentra complejo ejercerlo; una causa más puede ser una mala experiencia con algún sujeto obligado al solicitar información previamente. Otro ejemplo, durante la construcción del Programa Nacional de Transparencia, instrumento rector de las políticas de transparencia y acceso a la información a nivel nacional, los comisionados locales pudieron ofrecer comentarios al borrador, pero solo 9 de los 107 que dirigen los OGE participaron en el ejercicio, es decir, menos del 10% del total de colegas opinaron formalmente sobre este programa. Estos datos dan cuenta que las diferencias entre las instituciones estatales pueden dificultar el funcionamiento efectivo del marco federalista bajo el que se constituye el país.
Los SLA
Por su parte, los SLA aún no entran de lleno en funciones, pero desde su diseño y construcción presentan diferencias. Primero, no se conservó el esquema homologado que se pretendió replicar de la estructura del SNA. En las entidades federativas existe una amplia diversidad de modalidades para incluir a los municipios, organizar la participación ciudadana y definir el alcance de atribuciones de las instituciones rectoras (Comités Coordinadores, los Comités de Participación Ciudadana y las Secretarías Ejecutivas). Segundo, algunos SLA ya cuentan con los nombramientos de quienes dirigirán las instituciones que los conforman gracias al impulso político que han recibido, pero en otros aún hay pendientes a este respecto, lo cual impide su puesta en marcha. A junio de 2018, solo se ha nombrado el 50% de los secretarios técnicos y el 69% de los Comités de participación estatales.
La PNA
Las diferencias entre sus integrantes dificultan la operación del SNT y los SLA. No olvidemos que, además, deberán coordinarse entre sí, por tanto, las diferencias también comprometen dicha coordinación. Cada miembro debe contribuir a hacer realidad que la información pública sirva para controlar el ejercicio del poder y facilitar la participación ciudadana en el control de la corrupción. Ya se desarrolla la política nacional anticorrupción (PNA) con este objetivo. La PNA debe ser acordada en el marco del federalismo y ser flexible para ajustarse a los contextos y particularidades locales, pero su efectividad podría estar en riesgo con base en el escenario descrito anteriormente y si falta: (1) cerrar las brechas de capacidades y recursos para potenciar la respuesta institucional en todo el país; (2) diseñar estrategias adecuadas para articular compromiso político de alto nivel que asegure la sustentabilidad del SNA, los SLA y el SNT; (3) involucrar activamente a la sociedad civil local en los esfuerzos; (4) estar preparados para adaptar las diferencias que pudiesen existir en la implementación a nivel municipal; y (5) desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación dado que estamos ante procesos inéditos que impactarán en los niveles de corrupción.
Las leyes, instituciones y política públicas que garanticen a toda la población en cualquier rincón de México el acceso a la información pública y los mecanismos para controlar la corrupción debe construirse de abajo hacia arriba, es decir, de los municipios a los estados a la federación. En este contexto, debemos asegurarnos que los OGE y los SLA tengan los recursos humanos, financieros y las capacidades para asumir que la colaboración es parte de su misión y no una carga, para evitar las simulaciones y políticas sin resultados concretos, en pocas palabras, hacer conciencia de la situación de emergencia social que vive el Estado mexicano y lo que podemos aportar cada uno para enfrentarla. Los OGE deberán asumir un papel más activo en las decisiones que se tomen en el seno del SNT respecto a la vinculación con el SNA. El desempeño de todas las instituciones que integran ambos Sistemas es clave para recuperar la confianza de la población en las autoridades, sin duda, el primer paso hacia otras acciones necesarias para cambiar el rumbo del país.
Post scriptum: De este y otros temas relacionados hablaremos Mariclare Acosta (Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA), Lourdes Morales (Director de la Red por la Rendición de Cuentas), Francisco Javier Acuña Llamas (Comisionado Presidente del INAI) y su servidor durante la presentación del Manual El Sistema Nacional Anticorrupción y sus vínculos con el Sistema Nacional de Transparencia el próximo jueves 28 de junio a las 9 hora en la sede del INAI. ¡Están todos invitados!