En enero de 2016, más de un año después de que Arely Gómez González fuera ratificada por el Senado como Procuradora General de la República, daba a conocer que a su ingreso a esa institución se encontró con 6 mil 471 averiguaciones previas abiertas, algunas con más de diez años de antigüedad.
Por eso no resultan sorprendentes las declaraciones del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre la existencia de 300 mil averiguaciones previas y/o carpetas de investigación sin concluir, de 21 mil órdenes de aprehensión sin cumplimentar y de más de 3 mil dictámenes periciales rezagados.
Entre los principales problemas que enfrenta nuestro país en lo relativo a la procuración de justicia destacan la limitada cantidad de agentes del Ministerio Público y de policías de investigación. Además de la carencia de protocolos para la investigación de los delitos y de programas de capacitación constante, particularmente en las procuradurías o fiscalías estatales.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en 2017 el promedio de agentes del Ministerio Público en el ámbito nacional era de 7 por cada cien mil personas. Mientras estados como Chihuahua presentaban una tasa de 26, Puebla sólo contaba con 3 agentes por cada cien mil habitantes.
El sistema penal acusatorio
El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que cambiaría el sistema inquisitorio, por uno nuevo de corte acusatorio y adversarial.
Esa reforma contemplaba una vacatio legis de ocho años para el surgimiento de su legislación secundaria, la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la capacitación de magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados.
A partir del ejercicio fiscal de 2009, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempló recursos del ramo 04 Gobernación, considerados como “subsidios” para la implementación de la reforma del sistema penal en el ámbito nacional.
Más adelante, se ha venido produciendo la desaparición de las procuradurías de justicia, que dependen de los poderes ejecutivos locales o federal, para convertirse en fiscalías autónomas.
Sin embargo, todas estas modificaciones jurídicas y estructurales no se han traducido en el cambio que se esperaba en lo relativo a la procuración de justicia, como lo ha dejado ver el fiscal Gertz Manero.
Las agencias del Ministerio Público continúan investigando la comisión de delitos con tecnologías de los años 70. En el caso concreto de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que encabeza Ernestina Godoy Ramos, aún no se cuenta con protocolos de investigación con procedimientos que involucren a todos los intervinientes y que eviten la revictimización de las personas que llegan a denunciar.
Prevalece la idea de disuadir a las y los denunciantes, a efecto de presentar estadísticas delictivas inferiores a las reales. Los servidores públicos responsables de los Módulos de Atención Oportuna (MAO) carecen de la preparación adecuada para asesorar a los denunciantes.
Levantar una denuncia implica entrevistarse con el agente del Ministerio Público, luego con el oficial secretario, con el policía de investigación, peritos y médico psicólogo, en su caso. Es decir, se trata de contar la misma historia al menos cinco ocasiones, con el sufrimiento que ello puede implicar, particularmente si se trata de delitos como violación o acoso sexual.
Asimismo, persisten las amenazas contra los agentes del Ministerio Público, para que estos no se tarden más de diez minutos en elaborar una carpeta de investigación, sin tomar en cuenta que el denunciante se enfrenta a esta maraña burocrática que lejos de abonar a la investigación de los delitos, los entorpece.
El informe del fiscal General de la República suma al argumento de contar con más y mejores agentes del Ministerio Público y policías de investigación. El contexto de violencia e inseguridad que vive el país reclama que se destinen, a la brevedad, recursos públicos dirigidos a atender estas limitantes, así como las derivadas del uso de tecnologías obsoletas. La Estafa Maestra como “delito de Estado”
Otro de los temas abordados por el fiscal Gertz Manero es que investigará como “delito de Estado” los hallazgos del reportaje realizado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que demostró la realización de contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, en las que el gobierno federal intervino a través de 11 dependencias, durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Si bien sus señalamientos vuelven a poner el foco de atención en uno de los casos que tuvo gran impacto en la opinión pública, lo dicho por el fiscal, respecto de que se investigará a la Estafa Maestra como delincuencia organizada genera dudas en cuanto a sus intenciones reales, toda vez que ninguno de los delitos presuntamente cometidos por los servidores públicos que intervinieron en estos fraudes, se encuentran contemplados en el artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En el caso concreto de la supuesta realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el delito no se tipifica, pues los recursos desviados en las operaciones descritas en la investigación periodística son lícitos, ya que se trata de recursos fiscales, debidamente identificados en los presupuestos de egresos y, por tanto, observados por la Auditoría Superior de la Federación.
Un error en la clasificación de estos delitos daría lugar a la prisión preventiva oficiosa de los imputados, como lo contempla el artículo 19 constitucional, pero derivaría en sentencias absolutorias si la Fiscalía General de la República no logra demostrar el origen ilícito de los recursos comprometidos.
Su equivocación sólo abonaría a la lógica de la existencia de un pacto de impunidad entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador quien, en septiembre de 2018, dijo que la principal señalada por los desvíos en la Estafa Maestra, Rosario Robles Berlanga “es un chivo expiatorio” y que las acusaciones en su contra “son un circo”.
Si al fiscal Gertz Manero le interesa demostrar su independencia respecto del jefe del Ejecutivo, también debe investigar a la brevedad el destino de los 16.7 millones de pesos de los cinco contratos firmados en lo que va de la administración de López Obrador con “empresas fantasma”, que recientemente exhibió otra investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.