Opinión

AMLO y el derecho de réplica

El presidente supone que ejerce su derecho de réplica, cuando en realidad usa su investidura para sobreexponer sus temas. | Adolfo Gómez Vives

  • 06/05/2019
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El derecho de réplica es una prerrogativa que apareció por primera vez en nuestra legislación, en la Ley Sobre Delitos de Imprenta, publicada en abril de 1917.

En el ámbito de los tratados internacionales, este derecho está descrito en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que resulta obligatoria para México desde su adopción, el 24 de marzo de 1981.

Como derecho constitucional, fue incluido en el artículo 6o, en la reforma del 13 de noviembre de 2007, aunque la publicación de su ley reglamentaria se produjo hasta el 4 de noviembre de 2015.

En el ejercicio del derecho de réplica intervienen, en principio, dos entes: los medios de difusión y las personas físicas o morales que resultaren afectadas por la divulgación de informaciones inexactas o falsas, que por lo mismo les causen agravio político o económico, o bien que lesionen sus derechos de la personalidad: vida privada, honor y/o propia imagen.

Ante la negativa de los medios de difusión por conceder dicho derecho, los agraviados deben recurrir a las autoridades jurisdiccionales, a efecto de demandarlo. Desde luego que todas las personas, incluyendo los gobernantes, son sujetos protegidos por este derecho constitucional.

A lo largo de su carrera política, Andrés Manuel López Obrador se ha referido muchas veces a esta prerrogativa, aun cuando no se tenga conocimiento de que lo haya solicitado formalmente, es decir, que hubiera seguido el procedimiento descrito en el capítulo II de la ley reglamentaria o, en su momento, en el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.

Al presidente López Obrador no le gusta la crítica, ni la exhibición de sus yerros. Cuando afirma que ejerce su derecho de réplica en realidad lo que hace es utilizar el protagonismo que le da su investidura para sobreexponer sus temas o para agredir a periodistas y medios, bajo la lógica perversa de que éstos representan un poder que compite con el suyo.

Olvida el presidente que él es el jefe del Estado mexicano, que lo representa; que gobierna para todos; que es el comandante supremo de las fuerzas armadas y que en razón de ello tiene atribuciones para hacer uso legítimo de la fuerza cuando se requiera, siempre con las limitaciones que la propia ley le impone.

Ningún poder empresarial o mediático se encuentra a ese nivel. Desde luego que existen grupos de poder económico o político con intereses legítimos o ilegítimos, incluso delincuenciales, que presionan en torno de sus temas, pero eso no es razón suficiente para descalificarlos a ultranza. En el caso de estos últimos, el presidente está obligado a respetar el principio de presunción de inocencia y a denunciar, si fuera el caso, la comisión de los delitos de los que tuviera conocimiento, ante el Ministerio Público Federal.

Y así como eligió a los empresarios que forman parte de su consejo asesor, aunque antes fueran representantes de la “mafia del poder”, así también ha elegido a quienes denomina sus “adversarios”. Sin embargo, salvo raras excepciones como el periódico Reforma, no se atreve a llamarlos por su nombre, pues en todo caso se podría ver obligado a concederles el derecho de réplica correspondiente, en el contexto de las mañaneras, a quienes se sientan agraviados.

Los medios no son adversarios

Los medios de difusión no son adversarios, por más que su línea editorial no concuerde con la ideología que el presidente pretende imponer. Si la información que difunden es falsa, él puede acallarlos mediante la exhibición de datos duros, comprobables. Si los géneros de opinión le son adversos, pues contra ello nada se puede hacer, más que presentar argumentos sólidos, fundados en documentos que prueben sus dichos, pero nunca atentar contra la libertad de expresión por medio de descalificaciones.

Los medios de difusión cumplen con un papel fundamental en la vida democrática. El periodismo nunca está exento de desencuentros; es su naturaleza. “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques”, dijo George Orwell. Por ello, el presidente debe contar siempre con información verificada que soporte sus afirmaciones, por más que le beneficien o exhiban las limitaciones de su gobierno.

Parte de los desencuentros que tiene con la prensa crítica se debe al poco respeto que le tiene a las normas jurídicas cuando éstas le resultan incómodas. Allí están sus consultas sin apego a lo que mandata el artículo 35 constitucional.

Allí está la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que exhibe que de 28 mil 458 contratos subidos a la plataforma Compranet, el 74 por ciento han sido adjudicaciones directas y sólo el 18.3 por ciento fueron licitaciones públicas, aun cuando como candidato se quejaba de esta práctica tan común en la administración de Enrique Peña Nieto.

El poder político es el poder de la persuasión, dijo con palabras similares Eisenhower. Como gobernante que es, López Obrador debería tomar conciencia de que su desempeño siempre estará sujeto a la observancia y a la crítica de los medios y los gobernados. Ello es parte de las reglas de la democracia.

El derecho de réplica es la última medida a la que debería recurrir, cuando efectivamente, con recursos dolosos, los medios de difusión llegaren a atentar contra su vida privada, su honor o su propia imagen. Su exposición mediática lo obliga a tener la piel más resistente a la crítica; no se trata de un particular, sino del jefe del Estado mexicano.

La crítica periodística es un recordatorio puntual de que en sus actos siempre debe mirar “por el bien y prosperidad de la Unión”, pues si no fuere así, como establece el 87 constitucional, la Nación se lo demandará en algún momento.

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