Les comentaba en mi última colaboración (La secrecía en México sobre el TLCAN), de los riesgos para el futuro digital para México con el acuerdo preliminar alcanzado con Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el cual se mantuvo en completa secrecía por parte del gobierno mexicano. Una vez que Canadá se integró ya al Acuerdo ahora denominado USMCA, por sus siglas en inglés, se ha dado a conocer la versión final para que los respectivos congresos o parlamentos de cada uno de los países lo ratifiquen.

A las preocupaciones que ya había planteado en dicha colaboración se han unido otras voces como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha manifestado que resultan particularmente preocupantes las condiciones que el gobierno mexicano aceptó en los capítulos 19 sobre Comercio Digital y 20 sobre Propiedad Intelectual.

La organización, en un comunicado público también expresó su preocupación por la prohibición para requerir el acceso al código fuente o a algoritmos de las plataformas tecnológicas, la mayor parte de ellas de Estados Unidos, ya que podría obstaculizar iniciativas de ahorro y adopción de software libre por parte de entes gubernamentales. Aunque existe una excepción general de interés público, la vaguedad con que está redactada podría limitar la capacidad del Estado Mexicano para salvaguardar el interés público frente al creciente impacto en la sociedad de tecnologías como la inteligencia artificial, que es y será el gran tema del desarrollo digital a nivel global.

Soberanía en la red

Aunque más cauto, Julio César Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet, quién asegura que hay ventajas, no deja de remarcar que hay dudas a resolver, como por ejemplo hasta qué punto se van a seguir regulaciones como las de Estados Unidos en temas como aranceles a la compraventa digital, neutralidad de la red, a la libertad de internet, y afirma, que el país debe mantener su soberanía en la red y no copiar temas que minen su libertad, según consigna el periódico Excélsior en la nota publicada por Paul Lara el 4 de septiembre pasado.

En todo caso parece que hay urgencia del actual gobierno para que el Senado de la República ratifique este Acuerdo, pero dadas las posibles consecuencias en materia de desarrollo digital (que implica todas las actividades económicas y de derechos humanos), el congreso deberá de revisar con sumo cuidado las condiciones en la materia y en caso de ser necesario rechazar las condiciones que sean desfavorables para México. Si bien algunos analistas insisten en que nuestro país ya tiene ciertas regulaciones que impedirían disposiciones no favorables a México, valdría la pena recordar que cuando de este tipo de acuerdos se trata, sus disposiciones se convierten en ocasiones en normas supranacionales por el tipo de multas o consecuencias que acarrea su incumplimiento, por lo que no en pocas ocasiones se ha preferido evadir la ley nacional para evitar problemas mayores.

En otros temas

Sólo en el ocaso del sexenio de Enrique Peña Nieto fue posible la apertura para el regreso de Carmen Aristégui a la radio abierta comercial, el Grupo Radio Centro abrirá sus puertas a la periodista que por la vía de los hechos fue censurada al no tener cabida en los medios después de dar a conocer el reportaje sobre la Casa Blanca. A partir del 17 de octubre se le podrá escuchar a través de la frecuencia del 97.7 de FM de 7 a 10 de la mañana, es posible que incluso pueda llegar a la televisión, pues hay que recordar que el dueño del grupo radial, Francisco Aguirre, se adjudicó uno de los canales de televisión para la ciudad de México en la última licitación realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La relación del poder político con los medios en nuestro país sigue dando mucho que desear, su independencia necesaria se ve seriamente comprometida cuando ponen o quitan periodistas de acuerdo al gobierno en turno para obtener su simpatía o favores. En este caso sin duda que es una buena noticia el regreso de una periodista crítica y altamente profesional, lo que es inaceptable es la sumisión simbiótica entre el poder político y el poder mediático, como hasta ahora ha sucedido.

La emisora comunitaria Cholollan, ubicada en Cholula en las faldas del Volcán Popocateplétl en Puebla, que transmite por el 107.1 de FM y que atiende a población campesina e indígena está en una campaña de recaudación de fondos para poder cumplir con la obligación que le impuso el IFT para que transmita en un tiempo específico con los mil watts de potencia que le fueron autorizados. En tanto a este tipo de emisoras no se les permite comercializar parte de su tiempo aire y sólo pueden acceder como principal fuente de financiamiento con el 1 por ciento de la publicidad oficial de dependencias federales, que en la práctica muy pocas de ellas cumplen con esta obligación, las radios comunitarias tienen que acudir a sus audiencias para poder desarrollar su trabajo, si usted quiere apoyar aquí los datos para donar: Cholollan, radio comunitaria

La secrecía en México sobre el TLCAN

@callejag  | @OpinionLSR | @lasillarota



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