No cabe duda de que Donald Trump ha puesto a prueba las relaciones entre México y Estados. Sus políticas de inmigración y comercio han puesto en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto y ha provocado la indignación de todos los mexicanos. No obstante, pese a que Trump insiste en la construcción del muro y ha enviado a la Guardia Nacional a la frontera con México, la cooperación en materia de seguridad entre ambos países ha continuado.
Sin embargo, la incertidumbre ronda el futuro de la cooperación para la seguridad entre México y Estados Unidos, pero ahora desde el lado mexicano. Es cierto que hay un reconocimiento generalizado en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para gobernar con un enfoque de desarrollo, pero la falta de definición de una estrategia de seguridad, cuya retórica pasa por legalización de drogas, amnistías, comisiones de la verdad hasta la creación de un nuevo andamiaje jurídico e institucional, ha provocado dudas sobre la dinámica de la colaboración en seguridad con los estadounidenses.
La victoria de AMLO en las elecciones presidenciales de México ha traído un sin fin de expectativas que van desde las más optimistas hasta las más fatalistas. El consenso unánime, sin embargo, es que el 1º de diciembre, López Obrador heredara´ una multitud de problemas que aquejan a México; entre ellos, los focos de atención, en rojo y con mayúsculas, son los relacionados con la seguridad. Como son los casos de entidades como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas que desde hace años están enfrascados en una lucha frontal entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad, u otros como Jalisco, Colima y Guanajuato en donde los brotes de violencia extrema son más recientes. Todos, sin embargo, deben ser atajados a través de una estrategia integral sin perder de vista que cada uno tiene características propias y que, por lo tanto, deben abordarse de forma particularizada.
Una de las grandes expectativas que ha perfilado la administración de AMLO es la renovación de los vínculos con la administración de Donald Trump, cuya primera señal positiva se materializó con el hasta ahora acuerdo comercial “sin nombre” de América del Norte. Sin embargo, la seguridad es otro asunto, pues pese a la lastimosa relación que López Obrador recibirá de su predecesor, la cooperación en seguridad ha continuado con Trump, especialmente la militar y de inteligencia. Ahora, el inseparable binomio seguridad/migración que promueven los estadounidenses ya toca a la puerta del gobierno de AMLO y aunque el presidente electo y el empresario neoyorkino han intercambiado cartas para cooperar en el desarrollo de México y Centroamérica, y así contener la migración hacia Estados Unidos, éstas no dejan de ser, hasta el momento, ofrecimientos de “buena fe”, carentes de definiciones y compromisos reales.
La confianza en torno al futuro presidente mexicano y a su capacidad de persuasión, parece pasar por alto que poco puede fiarse del vecino del norte. No hay que olvidar que tras la gran algarabía por llegar a un acuerdo comercial, al día siguiente Trump arremetió nuevamente con la cantaleta de que el “muro… finalmente será pagado por México”.
Si bien Donald Trump asegura que el muro protegerá a su país de amenazas extranjeras, omite la exportación a gran escala de violencia, mediante el flujo ilegal de aproximadamente 213 mil armas de fuego al año procedentes de Estados Unidos y que terminan en manos de grupos delictivos y del crimen organizado en México. Sólo como dato, de acuerdo con las cifras de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, el 70% de 106 mil armas ilegales recuperadas en operativos de seguridad en México entre 2011 y 2016 fueron compradas legalmente en territorio estadounidense, particularmente en los estados fronterizos de Texas, California y Arizona.
El acceso ilegal en México a grandes arsenales de armas de fuego mantiene una fuerte relación con el alto nivel de homicidios en nuestro país, que en 2017 alcanzó una tasa de 20.5 homicidios por cada 100 mil personas, el nivel más alto en los últimos 20 años. Esta situación entre otras ha evidenciado la dificultad en el equipo de AMLO de separar a la seguridad nacional de la seguridad pública, de los delitos del fuero federal de los del fuero común, de las instituciones de seguridad nacional de las de protección civil, confusión que no se escapa a la atención en Washington y que está generando incertidumbre.
Legalizar drogas como la mariguana o la amapola para usos recreativo y farmacéutico de manera aislada y como un plan central para terminar con la violencia en México es insuficiente, ya que el actual modus operandi del crimen organizado tiene como característica el traslape de los negocios ilícitos. Si se les quitara el negocio de las drogas, les quedan la trata de personas, el lavado de dinero, los secuestros y las extorsiones, entre otros delitos. La propuesta de la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de legalizar la mariguana y la amapola en México ya recibió de manera anticipada la postura de la administración Trump. En julio pasado la vocera de la Casa Blanca advirtió “…no apoyaríamos la legalización de todas las drogas en cualquier lugar, y ciertamente no querríamos hacer nada que permita que entren más drogas a este país”.
La cooperación con EU
La disminución de la violencia depende del éxito del gobierno de AMLO para romper el poder de los grupos delictivos y del crimen organizado, lo cual no se logra a través de un decreto, sino con un trabajo intenso que requiere de una colaboración dentro y fuera del territorio mexicano, lo que sugiere que el traspaso del CISEN a la nueva Secretaría de Seguridad podría mermar la calidad del trabajo mexicano y la colaboración con Estados Unidos en materia de inteligencia, ya que, como se ve hasta este momento, el Centro dejaría de hacer labores de inteligencia y empezaría a realizar actividades relacionadas con la investigación para la procuración de justicia.
Recientemente, Alfonso Durazo, próximo titular de Seguridad Pública, afirmó que la cooperación en seguridad con Estados Unidos, incluida la Iniciativa Mérida, será objeto de evaluación, pero cabe decir que para el año fiscal 2019, Donald Trump solicitó un presupuesto de 76.3 millones de dólares sólo para la Iniciativa Mérida, de los cuales 56 millones son para combatir a grupos delictivos, mejorar la interdicción de drogas y capacitar a personal policial y judicial mexicano. El resto, 20.3 millones están destinados para fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción, reforzar los derechos humanos y prevenir el crimen, que en parte coincide con algunas de las prioridades manifiestas del gobierno de López Obrador.
No es fácil responder a la complejidad de los problemas de seguridad de México, pero no reconocer que la cooperación con Estados Unidos es útil puede ser costoso. Si AMLO decide no seguir los pasos de Calderón y Peña Nieto en este terreno sus motivos tendrá, pero se esperaría que a cambio brinde una propuesta que cubra, como mínimo, las áreas que abarca la Iniciativa Mérida.
Ahora que la relación México-Estados Unidos se encuentra en una fase de reorganización, puede incluir un acuerdo de seguridad con la administración de Donald Trump, renovado o bajo el mismo esquema, que permita la continuidad del flujo de recursos a México para realizar acciones puntuales que incluyan aquellas que han probado ser positivas, como la interdicción de drogas en alta mar y que el propio Trump ha subrayado como uno de los pilares de la cooperación bilateral, y que decir de los helicópteros, aviones, equipo y entrenamiento especializado en operaciones antinarcóticos. La erradicación de opioides y otras drogas que busca Trump podría reenfocarse para enmarcarla en el esquema de legalización que el gobierno de AMLO ha anunciado.
México es un país soberano que debe adoptar las políticas que considere apropiadas para su seguridad, lo mismo aplica para Estados Unidos. Pero en el panorama que se vislumbra es poco probable que la relación entre México y Estados Unidos mejore sustancialmente con López Obrador al mando del gobierno, y no porque asuma posturas antagónicas con los vecinos del norte en materia de seguridad. El riesgo, en todo caso, podría ser caer en un impasse mientras México desarrolla una estrategia de seguridad nacional detallada, distinta a la de seguridad pública.
Actualmente la posición del “buen” vecino Trump en materia de seguridad ya es por todos conocida. AMLO deberá definir de ya la suya, pero antes que nada podría reconocer que la violencia extrema en México tiene diversas causas y, consecuentemente, evitar imponer soluciones espontáneas que sólo generan incertidumbre tanto en México como en Estados Unidos. Es un hecho que México es un vecino de Estados Unidos en situación crítica; lo cual podría aprovechar López Obrador para no descartar anticipadamente el apoyo estadounidense en seguridad. En su Estrategia de Defensa Nacional, Trump ve un hemisferio estable y pacífico como un inmenso beneficio para Estados Unidos. Si López Obrador logra capitalizar esta noción de seguridad de Donald Trump ambos países podrían sentar las bases de un nuevo acuerdo de cooperación más acorde a las prioridades del futuro gobierno mexicano.