¿Diálogo o uso de la fuerza pública?

La tolerancia gubernamental parece no tener límite. A 17 días de los bloqueos de la #CNTE a vías férreas en #Michoacán, es evidente que el uso de la fuerza pública será el último recurso para dar solución al conflicto.

El diálogo y la negociación se han privilegiado, pero con costos muy elevados. Los datos duros son preocupantes. Por un lado, porque más de dos millones de toneladas de mercancía se encuentran detenidas en miles de contenedores. Por el otro, porque se cuentan por cientos las empresas afectadas y en miles los empleos que están en riesgo.

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Los empresarios son uno de los grupos más afectados

La #Concamin aseguró que las demoras están causando pérdidas “que ascienden a 1,000 millones de pesos diarios, sin contar los daños colaterales”. El Consejo Coordinador Empresarial (#CCE), por su parte, afirmó que “no podemos permitir que medios estratégicos, como las vías de comunicación ferroviarias, sean sujetas a extorsiones políticas por parte de grupos minoritarios”.

Unos y otros piden que se restablezca el Estado de Derecho. Sin embargo, son muchos los que piden o exigen al gobierno que recurra al uso legal y legítimo de la fuerza pública que le otorgan las leyes. La razón principal es que los maestros están atropellando los derechos de los demás y que conductas como éstas “no tienen cabida en una nación donde se cumple y respeta la ley”.

El dilema que tienen los gobiernos federal y estatal es complicado. El argumento principal del presidente Andrés Manuel López Obrador transfiere la responsabilidad del problema al gobierno de Silvano Aureoles. Y éste, a su vez, corresponsabilidad al Poder Ejecutivo ya que el bloqueo es a las vías federales de comunicación. Mientras tanto, se mantiene una gran expectativa sobre el desenlace que tendrá la situación, ya que se ha colocado como uno de los principales problemas que ha debido enfrentar el nuevo gobierno.

Independientemente de cuál sea la solución, ambos gobiernos tendrán que pagar costos políticos y de imagen.

La razón principal por la que no se ha recurrido al uso de la fuerza pública, ha dicho el presidente, es porque en el gobierno de México “no somos represores”. Y aunque reconoció también que “actuar de forma provocadora no ayuda a una organización democrática”, ha dejado abierta la posibilidad de que detrás del bloqueo “exista otro asunto” y que éste “va a quedar al descubierto”.

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Según lo declarado por el presidente, algunos podríamos interpretar que los maestros “no se están portando bien”. Y si no están actuando como una organización democrática, que tiene derecho a la manifestación y libertad de expresión dentro del marco jurídico, ¿a qué obedece la espera para recurrir a las medidas de fuerza?

El uso de la fuerza pública no tiene por qué ser autoritario o represivo

El Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas (publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional en el Diario Oficial de la Federación el 30 mayo de 2014), define los alcances y límites que tiene el concepto.

La expresión uso de la fuerza se entiende como “la utilizacio´n de te´cnicas, ta´cticas, me´todos y armamento, que realiza el personal de las fuerzas armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”.

El objetivo principal del uso de la fuerza es mantener la gobernabilidad y el orden público. En el mismo sentido, agrega que “el uso de la fuerza por parte de quien la ejerce o la ordena, es una decisio´n que debe tomarse de manera razonada” […] desarrollando operaciones que estén sometidas, “en todo tiempo, lugar y circunstancia al imperio de la ley, debiendo promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

Asimismo señala que en todo momento debe haber una conducta de respeto en su interacción con la población en general y con los demás servidores públicos que estén participando. También instruye a que “el uso de la fuerza se realizara´ con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresio´n, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad”.

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Desde esta perspectiva, la decisión lógica en el bloqueo de la CNTE —por su contundencia y respeto a los derechos de los miles de afectados por las pérdidas millonarias que está generando— apunta en sentido contrario a las consideraciones del presidente López Obrador.

Por lo tanto, sería importante que se establecieran algunos criterios. ¿Frente a qué conductas o acciones recurrirá el gobierno al uso legítimo y legal de la fuerza pública? ¿Cuál habría sido la reacción y el grado de tolerancia, por ejemplo, si el bloqueo hubiese sido al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o a las casetas de cobro de las carreteras que conectan a la capital del país? ¿Se estaría reaccionado igual si el bloqueo fuese a algunas de las instalaciones estratégicas y de defensa del gobierno federal?

En la ruta de una #4T, se deben tomar decisiones claras y contundentes. Cuando el apego al Estado de Derecho se impone, las decisiones de la autoridad se fortalecen, legitiman y aumenta la confianza de la ciudadanía. En caso contrario, es mucho lo que se puede perder y más lo que se ponen en riesgo, sobre todo cuando apenas se han cumplido dos meses de la administración.

Tarde o temprano no quedará duda de que la #ComunicaciónPolítica es importante, pero no suficiente, para mantener la buena imagen.

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¿A portarnos bien?

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