El pasado fin de semana se llevó a cabo en el Vaticano una cumbre mundial convocada por el papa Francisco para abordar un delicado asunto que ha causado gran daño a la iglesia católica tanto por su recurrencia, pero sobre todo por la tolerancia e incluso la complicidad de la jerarquía eclesiástica ante los miles de casos de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes, muchos de los cuales seguramente todavía permanecen ocultos o no han sido denunciados dados los antecedentes de encubrimiento a los perpetradores y hostigamiento a las víctimas.
En un principio esta cumbre, en la que participaron 114 presidentes de las conferencias episcopales del mundo y se escucharon testimonios de sobrevivientes a lo largo de tres días, había despertado algunas expectativas entre las organizaciones de víctimas. Sin embargo, aún y cuando no se debe desestimar el reconocimiento explícito que hizo el papa Francisco sobre la responsabilidad de la institución eclesiástica -que trató de atemperar al afirmar que la mayoría de los casos de abuso se da al interior de las familias- , al final se impuso la insatisfacción y desencanto ante la falta de resultados concretos, pues consideraron que muy poco se avanzó para generar condiciones efectivas que garanticen el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación así como a la no repetición.
Aunque en el acto inaugural de la cumbre, el líder de la iglesia católica fue enfático al afirmar que no basta con condenar el problema sino que hay que pasar a la acción, lo cierto es que el discurso final no fue muy diferente a lo que en su momento prometieron sus antecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, por lo que ha prevalecido la crítica y en el mejor de los casos el escepticismo de las víctimas que se puede resumir en una frase muy fuerte: “la campaña de tolerancia cero del Vaticano, se ha convertido en credibilidad cero”.
¿Tolerancia cero?
Por su parte, y previo a la cumbre, la organización global de víctimas de abuso (ECA) presentó ante el comité organizador una serie de medidas contenidas en su plan de acción de 21 puntos contra curas pederastas y obispos encubridores. Entre estas medidas, exigen que el cura que sea encontrado culpable de cualquier tipo de abuso contra menores de edad sea expulsado inmediatamente del cargo y del sacerdocio, eliminar la inmunidad diplomática para que puedan ser juzgados en los lugares donde se cometen los delitos, y que se transparenten todos los archivos y registros de religiosos que han cometido abusos incluyendo a los ya fallecidos, pero lamentaron que no fueron tomadas en cuenta. También la representante de la organización “Bishop accountability” manifestó su decepción, ya que no se abordó la indignación y el dolor de los fieles.
Pero quizá el mayor cuestionamiento a las acciones del Vaticano y a su política de tolerancia cero, lo ha generado la sentencia condenatoria al Cardenal George Pell, quien fue declarado culpable de abuso sexual contra dos niños de 13 años por un jurado en Australia, cuando fungía como Arzobispo de la Catedral de San Patricio en Melbourne en 1996. A pesar de las acusaciones que pesaban sobre Pell, el papa Francisco lo mantuvo durante año y medio como Ministro de Finanzas y consejero personal -era considerado el número 3 del Vaticano- hasta el pasado domingo que se separó del cargo y se le prohibió oficiar misa y tener contacto con menores como medida preventiva en tanto se resuelve el recurso de apelación que presentó. En tanto no manden señales contundentes que trasciendan el mero discurso para enfrentar de una vez por todas este flagelo, y en cambio siga privando la resistencia y adoptando medidas timoratas, difícilmente la iglesia podrá superar la grave crisis en que se encuentra de mucho tiempo atrás y recuperar la confianza de la feligresía y de la sociedad.
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