En la actualidad para el desarrollo de las sociedades, el derecho de acceso a la información es primordial y sin duda, se ha convertido en un tema de importancia e interés global. Diversas instancias nacionales e internacionales, han emprendido acciones conjuntas para garantizar el ejercicio de este derecho.
En años recientes, este concepto ha permeado en las agendas políticas y en los debates públicos de manera tal, que fue reconocido como un derecho humano fundamental por diversos ordenamientos internacionales, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los que, se determina como la libertad que tiene todo individuo de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
En este sentido, destaca la Declaración de Lyon sobre el acceso a la información y desarrollo, firmada en agosto de 2014, por un total de 604 organizaciones internacionales con el objetivo común de “lograr un compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas en asegurar que todos tengan acceso, y sean capaces de comprender, usar y compartir, la información necesaria para promover el desarrollo sostenible y las sociedades democráticas”.
Según Toby Mendel, en 1990 apenas 13 países habían adoptado leyes nacionales sobre el derecho a la información y solo uno de ellos, estaba en Latinoamérica. Actualmente más de 90 leyes en esta materia han sido adoptadas a nivel mundial, 11 en América Latina entre las que se encuentra, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que regula este derecho en México y cuyo fin es, establecer obligaciones de transparencia para la administración pública y regular el derecho de acceso a la información.
Todos los países requieren de controles y contrapesos en el ejercicio del poder público, ya que, democratizar el acceso a la información en manos de las entidades públicas, propicia un ambiente de apertura, participación y transparencia que son, aspectos básicos para la promoción del desarrollo sostenible y mejora de la vida de las personas.
Sin importar las particularidades de las regiones, el derecho de acceso a la información tiene un gran potencial para fortalecer la transparencia de las instituciones gubernamentales, lo que permite a las y los ciudadanos tener una participación activa en la toma de decisiones.
No obstante, una buena ley no es suficiente para el ejercicio de este derecho, también es necesaria la implementación de una plataforma sobre la cual, éste se pueda construir.
De modo que, es destacable la participación de México en diversas estrategias internacionales como la Alianza para el Gobierno Abierto. Ésta se integra por 79 países y 20 gobiernos subnacionales; su objetivo es impulsar los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, a través de la adopción de compromisos construidos en conjunto entre los gobiernos y la sociedad.
Sin duda alguna, estos avances que han posicionado el derecho de acceso a la información, se ciñen dentro de una estrategia de alto impacto: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, cuyo eje principal es, promover un crecimiento económico duradero, inclusivo y sostenible en el mundo.
A través de este esfuerzo común, México ha asumido el compromiso de incluir el Objetivo 16 de la Agenda en sus planes de acción nacional. Con esto, se busca fortalecer el Estado de derecho mediante la promoción de sociedades inclusivas, justicia para todos y la eficacia de las instituciones.
Asimismo, dentro del objetivo antes señalado, se encuentra la meta 16.10 que alude “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”. Su cumplimiento es de suma importancia en el contexto global, de conformidad con los postulados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo donde se sostiene que, un mayor acceso a la información, es un pilar esencial del desarrollo sostenible y éste a su vez, asegura la prosperidad y el bienestar de las personas en todas partes.
La capacidad institucional y la coordinación de los gobiernos en sus tres niveles, es indispensable para la generación de herramientas que coadyuven a la apropiación del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía mexicana.
Para garantizar un mundo informado, es indispensable que todos y todas participemos activamente en los procesos que se han implementado en defensa del derecho de acceso a la información y fortalezcamos estrategias locales que cumplan con los más altos estándares globales.
En el INFO concebimos el derecho a la información como transformacional y estamos convencidos de que, el acceso público a la información, permite generar un impacto positivo en la vida de las personas.
Por tanto, el reconocimiento de nuestras acciones y sus responsabilidades implícitas, ameritan una mirada que trascienda el enfoque local y que, de manera integral guíe a la sociedad hacia un futuro más sostenible.
Es cierto que el derecho de acceso a la información ha hecho una aportación fecunda y eso es digno de ser señalado. En consecuencia, cabe resaltar que en nuestro país, no sólo se actúa mediante la aplicación de leyes sino que, en el ejercicio de este derecho hay un quehacer de carácter empírico que, de la mano con la sociedad, va perfeccionando nuestro modelo democrático.
En el INFO contemplamos con convicción el camino a recorrer y reafirmamos nuestro compromiso de liderar en la capital del país, el proceso hacia una mayor transparencia y accesibilidad de la información.